El equipo de abogados de Carme Forcadell trabajó desde el instante en que el juez decretó la prisión eludible en recaudar la fianza de 150.000 euros. Una labor sencilla, puesto que la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ofreció pronto su "caja de solidaridad" –según ellos, con fondos de transferencias altruistas de afines al separatismo– para cubrir íntegramente la caución –ligera en comparación, por ejemplo, con los 400.000 euros impuestos a Santi Vila.
El Tribunal Supremo ha acreditado la validez de la transferencia. El juez que instruye la causa por delitos de rebelión, sedición y malversación contra los miembros de la Mesa que permitieron que el Parlamento catalán tramitara la declaración de independencia ha notificado el auto de libertad de Forcadell, de forma que los seis querellados se someterán a la investigación estando en la calle. Un funcionario del Alto Tribunal se había trasladado a la prisión de Alcalá Meco para materializar la salida de la cárcel, que se ha producido pasadas las 14:00 horas en su vehículo oficial, un Audi plateado, acompañada de su escolta y sin atender a los medios de comunicación que se agolpaban a las puertas. Han comunicado ya a la presidenta de la Cámara autonómica las medidas cautelares que pesan ahora sobre ella.
Como Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet –en libertad con cautelares si pagan en un plazo de siete días 25.000 euros cada uno– Forcadell deberá comparecer semanalmente en el Juzgado más próximo a su domicilio con prohibición de abandonar el territorio nacional y obligación de entregar el pasaporte –ya lo ha hecho su abogado en el Tribunal Supremo–. El auto advierte a la presidenta del Parlamento que el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones determinará su inmediato ingreso en prisión.
El magistrado optó por la prisión eludible con fianza después de que Forcadell reconociera que acatará el artículo 155 y, como última palabra antes de que se retirase a deliberar, que reniega del procés, de la unilateralidad y del 1-O. Todos los querellados otorgan un carácter meramente "simbólico" y "político", sin efectos jurídicos reales, a la declaración de independencia.