La Fiscalía de Bélgica solicitó información el pasado jueves al Gobierno español sobre la situación de las cárceles en nuestro país. Lo hizo ante la comparecencia ante un juez de Bruselas del expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y de los otros cuatro exconsejeros huidos, sobre los que pesa una orden de detención internacional por no haber comparecido en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de rebelión, sedición o malversación de caudales públicos.
Le interesaba conocer si España cumplía la Convención Europea de los Derechos Humanos, cuáles eran las dimensiones de las celdas y el número de personas que había en ellas, si hay acceso regular y suficiente a equipamientos de higiene o duchas, si se da comida suficiente a los presos, qué tal es el acceso a la asistencia médica o si existen en las cárceles españolas suficiente tiempo para la recreación u otras actividades similares.
El Ministerio Público belga podía haber resuelto sus dudas sin consultar a las autoridades españolas, ya que el mismo jueves se publicó un informe del Comité para la Prevención de la Tortura y el Tratamiento o Castigo Inhumano o Degradante (CPT) del Consejo de Europa en la que afirmaba que las cárceles de nuestro país cumplen con los estándares de calidad que exige este comité del Consejo de Europa.
Tras realizar varias visitas a centros penitenciarios españoles en 2016, el informe indica, por ejemplo, que los servicios sanitarios están perfectamente dotados tanto en medios humanos como materiales, que los presos disfrutan del espacio vital necesario o que se ofrece a los internos en módulos de régimen ordinario una gran variedad de actividades ocupacionales que incluyen el trabajo remunerado.
El informe del CPT también se centra en las dependencias de las fuerzas del orden, de las que resalta que las salvaguardias son respetadas, especialmente las garantías de la comunicación entre las personas privadas de libertad con su familia, médicos y abogado, así como la posibilidad de mantener reuniones privadas con el letrado para preparar la defensa.
En esta línea, reconoce las modificaciones legislativas aprobadas en España sobre el régimen de detención incomunicada y destaca que no se ha aplicado en ningún caso en los dos últimos años. También aplaude el trabajo desempeñado en los centros de detención de menores, basándose en los comentarios positivos de los internos sobre la calidad humana del personal, las actividades ocupacionales a los que tienen acceso y sus posibilidades de estar en contacto con sus familias.
Alerta por la situación belga
Sin embargo, aunque parezca raro, la solicitud de información de la Fiscalía de Bélgica tiene mucho sentido, más si cabe teniendo en cuenta que conocen a la perfección cuál es la situación de los centros penitenciarios en su propios país, que son calificadas como "intolerables" por los informes que ha realizado el propio Comité para la Prevención de la Tortura y el Tratamiento o Castigo Inhumano o Degradante (CPT) del Consejo de Europa.
Este organismo dice en su último informe sobre Bélgica, publicado en julio de 2017, que lleva doce años haciendo indicaciones al Ejecutivo de Bruselas para tratar de enderezar un sistema carcelario sobre el que tiene una "profunda preocupación" y en el que existe una importante conflictividad, mitad por las continuas huelgas de los funcionarios de prisiones, mitad por la protestas violentas de los presos. La causa de ambas es el estado de las cárceles y las condiciones que hay en el interior.
"Esta situación tiene un impacto directo (por periodos prolongados) en las condiciones de detención, salud y seguridad de las personas internadas. Implican, en particular, el confinamiento continuado de los reclusos en celdas en condiciones que ya se consideran intolerables, con graves interrupciones en la distribución de comidas, un deterioro dramáticas en las condiciones higiénicas de los presos y sus celdas, la cancelación frecuente de las salidas al patio para hacer ejercicio, graves restricciones en el acceso a la atención médica y problemas para los contactos con el mundo exterior (incluso con los abogados)", detalla el informe.
Continúa señalando asimismo que las condiciones de seguridad en el interior de las mismas no es ni mucho menos el deseable: "El suceso, durante las huelgas en prisión, con varios incidente graves, que en algunos casos han acabado con muertos, aumenta la preocupación sobre la capacidad de las autoridades y los responsables de los centros para abordar apropiadamente la situación".
Más lapidario aún es este párrafo extraído del citado informe en el que se pone en duda la capacidad belga para gestionar su sistema de prisiones: "Durante las visitas a los 47 estados miembros del Consejo de Europa en los últimos 27 años, el Comité nunca ha observado un fenómeno similar, en cuestión tanto de la extensión del fenómeno en cuestión como de los riesgos involucrados".
Ratas, moho y lavandería anual
Mas específica y detallada es la explicación sobre la situación de las prisiones en Bélgica que hizo el último informe de la sección belga del Observatorio Internacional de Prisiones, que fue publicado en enero de este año, y que fue recogido por La Libre Belgique, el principal periódico que se edita en francés en la capital belga y uno de los más antiguos (su primer número se imprimió en 1884, hace 133 años).
Describe cómo las cárceles belgas tienen serios problemas de sobrepoblación en las celdas tanto de reclusos como de ratas, pulgas y cucarachas, que a la vez suelen tener grietas en las paredes, la pintura descascarillada, falta de ventilación, humedades y moho. Para colmo, los colchones, almohadas y mantas de las celdas se lavan tan sólo una vez al año, aunque cambie el inquilino o inquilinos que las hayan utilizado.
Denuncia la falta de mantenimiento de las instalaciones, lo que hace que en muchas prisiones haya restricciones en el acceso a las duchas -incluso en verano con las olas de calor-, en ocasiones porque el sistema se atasca por la cantidad de ratas que hay en el interior de las tuberías. También detalla atascos en los fregaderos e inodoros de los centros penitenciarios, que provocan olores difícilmente respirables.
Los menús carcelarios se describen como poco variados y especialmente grasientos, con raciones escasas y servidas habitualmente frías. Las comunicaciones son difíciles y sólo se pueden utilizar unas cabinas que instaló Belgacom en el año 2002, con un tarifa que se sitúa en 46 euros por hora de teléfono consumida, lo que ha hecho aflorar el mercado negro de teléfonos móviles recargables de prepago.
Por último, explica que los centros penitenciarios no tienen capacidad para suministrar productos higiénicos (jabón, pasta de dientes, champú, gel de afeitar, papel higiénico…) a los presos una vez se les ha acabado el contenido del kit que se les entrega cuando ingresan en prisión, por lo que o intentan adquirirlo con dinero propio en el economato o tienen que improvisar soluciones.