Pagada la fianza de 100.000 euros y autorizada por el instructor la salida de Edmundo Rodríguez Sobrino, no queda ningún investigado por la Operación Lezo en prisión provisional. El juez Manuel García-Castellón, que sustituyó a Eloy Velasco al frente de la investigación, considera que, a estas alturas, las conductas supuestamente delictivas en la trama del Canal de Isabel II están suficientemente perfiladas, también la del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González que se enfrentará a condenas cercanas a los 20 años. Su hombre fuerte en Latinoamérica, exconsejero de La Razón, deberá comparecer quincenalmente ante el Juzgado y no podrá abandonar España.
Rodríguez Sobrino –al que se le imputan delitos de malversación, fraude, organización criminal, falsificación, prevaricación, cohecho y blanqueo– ha depositado la caución mediante una transferencia. El juez le impuso una cifra sensiblemente inferior a la que fijó la semana pasada para González, quien salió de prisión el 8 de noviembre tras pagar 400.000 euros con la ayuda de once fiadores. Los investigadores le sitúan en la dirección de una operativa defraudadora mientras presidía Inassa, la filial colombiana del Canal.
El exdirectivo de La Razón habría colaborado en 2013 en la compra de la sociedad brasileña Emissao sobrevalorando millonariamente su precio para cobrar la correspondiente comisión, depositada en cuentas en el extranjero.