Se avecinan cambios significativos en la causa contra los responsables del desafío separatista. La juez Carmen Lamela, que investiga a no aforados, ha remitido un informe al Tribunal Supremo donde perfila la conducta delictiva de los Mossos, los Jordis y los integrantes del Gobierno de Carles Puigdemont cesados en virtud del artículo 155 de la Constitución. Describe el engranaje de una compleja organización para lograr la independencia de Cataluña, con papeles perfectamente delimitados. Lo importante: la instructora concluye que la investigación por separado dificultaría el esclarecimiento de los hechos y, por lo tanto, en contra del criterio de la Fiscalía, debe acumularse en una sola causa en el Alto Tribunal bajo el paraguas del magistrado Pablo Llarena que dejó en libertad con fianza a Carme Forcadell y los miembros de la Mesa –que aún disfrutan de fuero en la Diputación Permanente del Parlamento–.
Analizadas las actividades ilegales desarrolladas, Carmen Lamela las aprecia constitutivas de varios delitos: desobediencia, prevaricación, malversación de caudales públicos, y sedición –no cita el de rebelión, el más grave, que lleva aparejadas condenas a 25 años de prisión– cometidos por los distintos miembros y colaboradores de la organización bajo la autoría intelectual y superior de sus líderes. "La actuación de los investigados no se puede examinar de forma aislada y desvinculada de la organización de la que ellos y posiblemente otros han formado parte para culminar un propósito común".
"Cualquier escisión de la causa inevitablemente conduciría al examen parcial y sesgado de los hechos, lo que dificultaría enormemente la investigación y la determinación clara de responsabilidades de los investigados". Por ello, la investigación conjunta de los hechos y de sus partícipes "es la única manera de comprender en su integridad toda la trama y dilucidar responsabilidades individuales susceptibles de reproche penal que confluyeron en el resultado coordinado que condujo a la declaración final de independencia". La titular del Juzgado Central de Instrucción nº3 incluye los antecedentes procesales, fácticos e investigativos, tal y como le solicitó el magistrado del Supremo.
La organización delictiva
La magistrada considera que todas las personas querelladas, así como otras investigadas, forman parte de una compleja y heterogénea organización donde cada uno cumple una función para lograr la proclamación de Cataluña como república independiente, contraviniendo el orden constitucional. Sus integrantes han llevado a cabo desde 2015 una premeditada estrategia "perfectamente coordinada con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles", por lo que considera que la investigación no debe ser escindida, "sino que debe realizarse de forma conjunta y en un único procedimiento a fin de poder determinar y valorar con conveniente coherencia la participación concreta de cada una de las personas investigadas y los delitos en que cada uno puede haber incurrido".
Lamela describe el organigrama de la organización integrada desde el ámbito legislativo por autoridades parlamentarias, el Ejecutivo con los miembros del Gobierno autonómico, la sociedad civil con los presidentes de la ANC y Omnium, asesores e ideólogos cuyo grado de participación debe ser objeto de investigación, así como los Mossos y la actuación de determinadas personas desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya y de las personas vinculadas al llamado Diplocat.
El plan se ejecuta a través de un marco legislativo inconstitucional, con la convocatoria ilegal de un referéndum ignorando los pronunciamientos del TC, la reiterada desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional, así como diversas actuaciones sobre la estructura del Estado.
- El Gobierno de Puigdemont impulsaba el proceso hacia la celebración del referéndum ilegal y la declaración de independencia y los trabajos parlamentarios se orientaban a aprobar normativa que diera apariencia de legalidad a las distintas etapas del "proceso de desconexión".
- La misión de los líderes de asociaciones independentistas era movilizar a las masas, a fin de crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado para propiciar y justificar la desobediencia de la sociedad hacia las órdenes emanadas de ellos. También para propiciar, cuando fuera necesario, la movilización social hacia la consecución de los fines rupturistas. Como ejemplo, la juez detalla las congregaciones tumultuosas para impedir la ejecución de resoluciones judiciales. ANC y Omnium, según Lamela, "actuaron como brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades del Gobierno catalán, favoreciendo movilizaciones como las que tuvieron lugar los días 20 y 21 de septiembre y 1 de octubre".
Papel esencial de los Mossos
Para la juez Lamela cobra especial relevancia el papel desempeñado por los Mossos, que trabajaron para asegurar el éxito del proceso hacia la declaración de independencia impulsada por los investigados. "Resultaba esencial contar con la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mossos, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto coercitivo que los mismos representaban". Concluye que se ha producido una utilización ilegal de la policía autonómica al servicio de los intereses, tanto en los actos sediciosos como en la celebración del referéndum ilegal. Igualmente, "en la realización de actuaciones de espionaje a los miembros de la Policía y Guardia Civil y de vigilancia y contravigilancia a miembros de la organización que eran seguidos y vigilados en el curso de las investigaciones judiciales".
Desvío de fondos públicos
Todas las actividades llevadas a cabo por los investigados, la planificación, organización y convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre fueron, según la juez, al menos parcialmente, financiadas con fondos públicos. Pese al veto del Constitucional, el Gobierno catalán hizo posible la realización de pagos para llevar a cabo un acto contrario a Derecho, al haber empleado fondos públicos para la consumación de un acto delictivo. El hecho de que la Intervención General de la Generalidad haya certificado que solo una pequeña cantidad de tal partida presupuestaria ha sido oficialmente utilizada, "no excluye que se haya sufragado el referéndum con dinero público no destinado a estos fines, como lo atestigua la actuación de la consejera de Gobernación y Administraciones Públicas Meritxell Borrás quien adoptó las medidas encaminadas a obtener los medios con que poder celebrar el referéndum."
La juez detalla la articulación de planes de comunicación y propaganda de apoyo al movimiento separatista dentro y fuera de Cataluña, así como la asignación de recursos tecnológicos de la Generalidad en apoyo del 1 de octubre y para desarrollar proyectos de cara a la República independiente.
Valoración positiva del ministro de Justicia
En los pasillos del Congreso, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha valorado positivamente la unificación de la causa por el 1-O, que ha recordado que está tanto en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional. "Que haya distintas personas con distintos aforamientos no debería impedir que se gestione de manera integrada todas estas causas. Por lo tanto, yo creo que es una decisión procesal razonable, habitual por otra parte. Y que sea el Tribunal Supremo, el órgano superior de nuestro sistema judicial, el que haga esa labor de integración y de coordinación, yo creo que es un elemento más de garantías y de seguridad jurídica" ha concluido el titular de Justicia.