El Tribunal Supremo investigará a los protagonistas del desafío separatista y la Audiencia Nacional solo a los personajes secundarios. El magistrado Pablo Llarena –que dirigía el procedimiento contra la presidenta del Parlamento de Cataluña Carme Forcadell y los miembros de la Mesa que permitieron la declaración de independencia– ha asumido la competencia para reagrupar la instrucción por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación, rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Actúa en contra del criterio de la Fiscalía y en línea con la juez Carmen Lamela, que marcará el sino procesal únicamente del antiguo Mayor José Luis Trapero, la intendente de los Mossos Teresa Laplana y eventuales responsables del golpe al Estado de Derecho.
Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los miembros del Gobierno autonómico cesado lo interpretan como una victoria parcial. Despojados de sus cargos y fueros, la juez Lamela instruía las causas en su contra y decretó el 2 de noviembre la medida de prisión incondicional para los ocho exconsejeros que comparecieron. Lectura compartida por los líderes del movimiento en la calle, los presidentes de las entidades rupturistas ANC y Ómnium Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. El resto, con el expresidente catalán a la cabeza, permanecen huidos en Bélgica con una orden de busca y captura firmada por la instructora.
De acuerdo con los argumentos que empleó Llarena para sus querellados primarios, es decir, Forcadell y la Mesa, el corto/medio plazo procesal de los exconsejeros encarcelados podría variar de forma sensible. Si, adoptando la misma estrategia del repliegue, acatan expresamente el artículo 155 de la CE y reniegan de la unilateralidad en el proceso, es previsible que el magistrado valorase la posibilidad de sustituir la prisión incondicional por la cárcel eludible con el pago de fianzas. El escenario es más incierto para Puigdemont, Lluís Puig, Antoni Comín, Meritxell Serret y Clara Ponsatí, porque el hecho de que hayan escapado en el extranjero dispara la previsión del riesgo de fuga.
Argumentos de Pablo Llarena
El magistrado del Tribunal Supremo dirigirá el procedimiento contra un total de 22 personas. Llarena declara su competencia por la "conexión material inescindible de la naturaleza de los hechos que se están investigando en el Supremo en la causa relacionada con el proceso" separatista. Acuerda en el mismo auto que Lamela continúe investigando a Trapero, Laplana, "así como cualesquiera otros eventuales responsables sobre los que proyecten indicios de responsabilidad". Argumenta esta acumulación de hechos cometidos por personas no aforadas en el Alto Tribunal por finalidad funcional, concretada en la facilitación de la tramitación y en resolver los problemas derivados.
Llarena destaca que uno de los delitos investigados es el de rebelión –que la juez Lamela no incluyó en su relato– y posee un carácter plurisubjetivo, con una pluralidad de partícipes, lo que marca la necesidad del enjuiciamiento conjunto. El magistrado distingue entre "la actuación de los miembros del Gobierno autonómico y la de los presidentes de ANC y Ómnium, hasta el punto de que sólo la intervención coordinada de todos ellos es la que puede llenar de contenido el injusto contemplado en el delito de rebelión". Un escalón por debajo emergería la figura del Mayor y la intendente de los Mossos, cuyas causas seguirá instruyendo Lamela en la Audiencia Nacional.
"Son así participaciones añadidas, que con independencia de cuál sea su relevancia en el desarrollo natural de los hechos, no justifican modificar las normas de competencia ordinaria para los que resulten afectados", explica.
Las 22 personas que quedan bajo el paraguas de Llarena son: el expresidente Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros cuya entrega España ha reclamado a Bélgica (Antonio Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret), los 8 exconsejeros que se encuentran en prisión preventiva en España (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Meritxell Borras, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Carles Mundó), el exconsejero en libertad bajo fianza Santi Vila, y los expresidentes de ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, además de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco exmiembros de la Mesa del Parlamento a los que ya investigaba.
Contra esta resolución no cabe ningún tipo de recurso.