Francisco de la Torre (Madrid, 1972) es el máximo responsable de Ciudadanos en materia fiscal y preside la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados. En ella recibió el miércoles a Cristóbal Montoro para una comparecencia ordinaria, justo veinticuatro horas antes de que el ministro de Hacienda se midiese en el pleno de la cámara baja a Albert Rivera por la enmienda a la totalidad del cálculo del cupo. De la Torre recibe a Libertad Digital el viernes, al día siguiente del debate, escandalizado por la ausencia de argumentos técnicos de los grupos políticos, que a su juicio se limitaron a descalificar al líder de Ciudadanos: "Los únicos que dábamos datos éramos nosotros".
¿Han roto ustedes un tabú?
El que se tome conciencia de que el cupo está pésimamente calculado, que sale negativo y que, por tanto, la segunda comunidad autónoma de España en renta per cápita, que es el País Vasco, tiene financiación por parte del resto de España y que, en definitiva, los números están mal calculados, es algo que tiene recorrido político. Porque esto afecta a la financiación de las demás CCAA. El informe de los expertos decía que para corregir la infrafinanciación de determinadas comunidades, las comunidades forales tenían que incrementar su aportación. Cuando es de dominio público que esto no es así, sino que lo que se hace es aumentar la sobrefinanciación de la que está mejor financiada, este tema va a estar encima de la mesa a lo largo de toda al negociación de la financiación autonómica, que en algún momento se tendrá que iniciar. Estamos hablando de algo muy importante: cómo se pagan los servicios públicos y quién tiene más oportunidades de acceder a ellos.
El Gobierno vasco y el PNV dicen que la autonomía fiscal plena es "un modelo de riesgo".
Nuestro sistema de financiación autonómica es un sistema de riesgo. Si las CCAA tienen un 50% del IRPF, un 50% del IVA y un 58% de los impuestos especiales, todas ellas asumen un riesgo. De hecho las entregas a cuenta cayeron en los peores años de la crisis porque cayó la recaudación. El riesgo lo asumen todas las regiones y el Estado. El País Vasco asume menos riesgo, porque de acuerdo con los datos oficiales de las cuentas públicas de 2014, está recibiendo más de tres mil millones de euros de los demás, y por tanto, evidentemente tiene menos riesgo porque está recibiendo una financiación adicional del resto de España. Eso es un hecho, si tienes más dinero tienes menos riesgo. Por lo demás, el riesgo de la recaudación lo asumimos todos y, de hecho, ha habido recortes en todas partes.
Pero es que, además, no olvidemos que tanto el País Vasco como Navarra pueden acceder al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) si tienen problemas. Lo que ocurre es que como tienen mucha menos deuda que los demás, y un sistema en el que una parte de los impuestos de los demás se les acaba cediendo, al final las diputaciones forales vascas tenían mejor calificación que el propio Reino de España. No fueron al FLA porque se financiaban en el mercado mejor que el propio Reino de España. Esto porque recaudaban más no solamente de los impuestos de los vascos sino de los demás españoles por sistemas como el ajuste del IVA. La realidad es que tienen menos riesgo y mucha sobrefinanciación.
¿Qué ocurre con el ajuste del IVA?
Montoro dijo en la tribuna del Congreso que ese ajuste puede ir en las dos direcciones. Eso no es verdad. El ajuste siempre va a favor de las diputaciones vascas.
¿Por qué?
Porque lo establece la Ley de cupo y es uno de los puntos claramente erróneos. Esto lo está denunciando gente como Alain Cuenca, que fue director general de financiación de haciendas territoriales con Zapatero, y que es un experto nombrado por el Gobierno de Aragón. Lo dice también Ángel de la Fuente, el director ejecutivo de FEDEA, que fue nombrado por Montoro para la financiación autonómica.
El IVA se financia por las ventas de las empresas y se debería repartir en función de donde tiene lugar el consumo. Le pongo un ejemplo: una empresa vasca vende un coche en Andalucía. Si tuviésemos que repartir el IVA en función del consumo debería ser el Estado y la comunidad andaluza las que se quedase con este IVA y no el Gobierno de Vitoria. Y viceversa, si una empresa andaluza vende en el País Vasco. Lo que ocurre es que las diputaciones forales se quedan con todo el IVA que recaudan por las ventas de las empresas vascas. A esto dice la Ley de cupo vigente y el proyecto que "se añadirá un porcentaje de la recaudación del IVA estatal". Siempre en el mismo sentido. Eso significaría que hay mas ventas de las empresas del resto de España en el País Vasco que ventas de las empresas vascas en el resto de España. La realidad, obviamente, es al contrario, dado que hablamos del territorio más industrializado de España y con la segunda mayor renta per cápita.
En síntesis, este importe es superior al importe que paga el País Vasco por los servicios no transferidos. Eso significa que el cupo, en términos netos, sale negativo, y esto quiere decir, sencillamente, que el resto de los españoles pagan una parte de los servicios públicos en el País Vasco.
Las cifras del cupo
Me interesa que concrete más. Montoro dice que los 1.300 millones de euros que se incluyen en el nuevo cálculo del cupo es una cifra que "está en el rango".
Eso es unos trescientos millones menos de lo que venían pagando. Esto lleva décadas calculando mal, desde el principio de la democracia, lo que pasa es que cada vez se calcula más a favor del País Vasco.
Pero es que, además, esos 1.300 millones no se pagan íntegros, se van descontando cosas. Por ejemplo, la Y vasca de alta velocidad, una infraestructura que licita el Gobierno vasco y luego el importe de estas obras se descuenta del cupo. Eso indica que los vascos resulta que construyen el AVE a cuenta del dinero del resto de los españoles. Usted me dirá que también en Zaragoza, pongo por caso, ocurre lo mismo cuando hace unas obras el Ministerio de Fomento. Lo que ocurre es que en Aragón el Estado cobra los impuestos, en el País Vasco no, por lo que deberían tener una contribución a las obras que allí mismo hacen.
Pero vamos al importe. Según los datos de Hacienda. Madrid aportó a la solidaridad interterritorial, es la comunidad más rica, cerca de 20.000 millones de euros, Cataluña, la cuarta comunidad en renta per cápita, aportó cerca de 10.000, o Valencia, estando por debajo en renta per cápita, aportó 1.500 millones. En estas condiciones, el País Vasco recibió más de tres mil millones. Esto es una sobrefinanciación espectacular, hasta el punto de que, en 2014, el presupuesto vasco era de 10.000 millones. El 30% proviene de impuestos del resto de los españoles, son unas cifras que hablan por sí mismas.
Es difícil calcular exactamente el coste de los servicios prestados por la Administración del Estado en el País Vasco y además la contribución a las cargas comunes, pero le puedo asegurar que no es negativa.
¿Cuanto más debería pagar? ¿El doble?
Esto no se puede cambiar de la noche a la mañana, pero todos los expertos han dicho que las comunidades forales deben aumentar su contribución.
Ustedes citan, como hizo el propio Rivera en el debate, a Cataluña entre las comunidades agraviadas. Al margen de que eso tiene una implicación política clara a un mes de unas elecciones en esa comunidad, alguien podría pensar que es, al menos en parte, darle la razón a Artur Mas cuando solicitaba un pacto fiscal a Mariano Rajoy.
Artur Mas quería un pacto fiscal, y cito textualmente sus palabras: "Con resultados equivalentes a los del concierto económico". El mismo resultado es literalmente imposible. La economía catalana es entre tres y cuatro veces más grande que la vasca y por tanto, si en lugar de aportar, recibiese al mismo nivel que el País Vasco, directamente las cuentas de todo el Estado no salen. No sé si Mas lo sabía o no, pero estaba pidiendo algo imposible.
A nosotros nos ha sorprendido mucho que esta Ley del cupo la hayan votado favorablemente los separatistas, que hicieron de la denuncia del agravio fiscal de Cataluña el eje de toda su política. ERC votó a favor pero renunció a intervenir, y también lo respaldó el PDeCAT.
Si en España mejoramos el sistema de financiación y vamos convergiendo en igualdad de oportunidades, por ejemplo, igualando el gasto educativo, tendremos un argumento esencial para disminuir tensiones territoriales y para fortalecer la unidad de España.
Montoro aludió en su discurso a las "raíces" históricas del cupo ¿Qué le contesta?
La Historia es una cosa y otra que los números se calculen correctamente. Nosotros respetamos que el concierto es la norma vigente aunque si tuviéramos los escaños suficientes trataríamos de cambiarlo, porque nos parece que un planteamiento moderno es coordinar las haciendas existentes e ir hacia una Hacienda única, de hecho deberíamos ir hacia una europea. En un territorio tan pequeño como el de País Vasco y Navarra tenemos cinco haciendas. Pensar que se puede controlar a una multinacional desde una institución de ámbito provincial me parece muy complicado.
Pero volviendo a las palabras de Montoro, es el propio Gobierno el que debería aplicárselas. El concierto económico viene del siglo XIX, y lo reconoce la Constitución de 1978. Pero entonces no estaba concertado el IVA porque no existía, pero se concertó en los ochenta. Anteriormente la Ley del concierto prohibía expresamente concertar los impuestos especiales, pero cuando los señores Rato y Aznar necesitaron en los noventa el apoyo del PNV cedieron los impuestos especiales ¿Solamente se puede modificar la norma que regula el concierto en beneficio de las instituciones forales y del PNV?
Dice que el cupo se ha calculado mal desde hace cuarenta años.
Mire, le voy a poner un ejemplo que está de actualidad. Ciudadanos ha exigido al Gobierno la equiparación salarial de los cuerpos policiales. Las cuantías que establece la comisión mixta del concierto económico para descontar como carga asumida por el País Vasco la Ertzainza, es un importe en unos módulos un 50% superiores a los de la Policía Nacional. Esa es una de las razones por las que un ertzaina cobra más que un policía. Es uno de los aspectos oscuros del cupo, que la administración vasca debe gastarse un 50% que lo que le supondría al Estado no haber transferido esa competencia de seguridad.