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Carmena y todos sus ediles se niegan a rechazar que existan presos políticos en España

La alcaldesa, exjuez, decidió abstenerse ante una proposición del PP. 

La alcaldesa, exjuez, decidió abstenerse ante una proposición del PP. 
Manuela Carmena en una imagen de archivo | LD

Los concejales de Manuela Carmena y la propia alcaldesa de Madrid se abstuvieron en el pelno de este miércoles de negar la existencia de presos políticos en España, como pidió el PP, haciendo referencia a los exconsejeros y los líderes golpistas de Cataluña.

En una votación a mano alzada y por puntos, los ediles quisieron mostrar así su intención de no entrar "al fondo" de la propuesta de los 'populares', apoyada tanto por el PSOE como por Ciudadanos y que también pedía que el Ayuntamiento mostrase su adhesión al Estado de derecho.

"Los madrileños deben saber si sus gobernantes municipales se creen o no por encima de la ley. Si respetan el Estado de derecho o han visto en la insumisión catalana un ejemplo a seguir", dijo el concejal popular que llevó esta proposición a la sesión plenaria, Percival Manglano. Podemos y Ahora Madrid "se han posicionado del lado de los sediciosos en Cataluña", dijo Manglano, por lo que considera que "la derrota del Gobierno de Cataluña" es la derrota de los ediles de Carmena.

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, avanzó que "en esta ocasión y en las próximas" Ahora Madrid se abstendrá y "no entrará en el fondo" de proposiciones cuyo único objetivo es "señalizar, criminalizar y echar leña al fuego a conflictos que creemos que tienen que resolverse de formas democráticas". Sí lo hizo Ciudadanos. Su edil Sergio Brabezo señaló que tanto los líderes de la Asamblea Nacional Catalana Ómnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente como los consejeros cesados en prisión han cometido "delitos tipificados". "Han sido avisados y reavisados", ha añadido Brabezo, que completó el resto de su intervención en catalán para decir que Cataluña es su tierra y España su país.

Para el concejal del PSOE es una "ofensa" para quienes en España "padecieron cárcel y persecución" que se considere presos políticos a los líderes independentistas, quienes están en prisión por haber "incumplido la ley".

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