En materia penal, los magistrados de la Audiencia Nacional están divididos por dos cometidos. Por un lado, seis jueces de instrucción, titulares de los seis Juzgados Centrales que se encargan de la investigación de los casos. Por otro, los que resuelven los recursos contra los pronunciamientos de los jueces de instrucción y, en último término, enjuician y redactan las sentencias de los procedimientos. Estos últimos componen la Sala de lo Penal, fraccionada a su vez en cuatro secciones, de la primera a la cuarta, e integradas cada una por una media de cuatro magistrados. Funciona así por criterios de organización, para que el trabajo esté lo más y mejor repartido posible entre los juristas.
Dentro de este esquema, los siete magistrados que componen la denominada Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional –que vela por una organización idónea– han acordado por unanimidad el nuevo reparto para el Tribunal de la Sección Segunda, competente, por ejemplo, sobre el caso Gürtel. Recusados Concepción Espejel y Enrique López por su afinidad con el Partido Popular en una decisión interna que quebró las relaciones, María José Rodríguez Duplá ha alcanzado la presidencia e impulsado una nueva mecánica de trabajo.
Como hacía su predecesora Espejel, la magistrada Rodríguez Duplá presidirá todos los juicios que correspondan a esta Sección Segunda. En función del número de referencia judicial en el que termine el asunto enjuiciado estará acompañada por unos magistrados u otros. Como consecuencia, de los tres magistrados que redactarán la sentencia contra los Luis Bárcenas, Francisco Correa y demás imputados por la Época Primera de Gürtel –los hechos entre 1999 y 2005– solo uno integrará el Tribunal encargado de juzgar el resto de las piezas separadas de la trama, entre ellas la caja B del Partido Popular.
La propuesta de Rodríguez Duplá avalada por la Sala de Gobierno aparta del Tribunal a Ángel Hurtado y Julio de Diego. Hurtado, hasta ahora presidente, ha hecho gala siempre de un perfil marcadamente conservador. Curiosamente, fue el único que se opuso siempre a la comparecencia de Mariano Rajoy como testigo de Gürtel, tanto que firmó un duro voto particular contra la decisión de sus compañeros. De Diego también compartió el criterio en la previa de la vista oral y su ‘cambio de bando’ propició la declaración del presidente. Se alineó con el progresista José Ricardo de Prada, el único que seguirá en el Tribunal.
Quejas de Julio de Diego y José Ricardo de Prada
Según el Portal de Transparencia de la Audiencia Nacional, esta propuesta contó con el rechazo de los propios Julio de Diego y José Ricardo de Prada. Ambos presentaron un escrito donde solicitaban la fijación de otros criterios que garantizasen "la permanencia del mismo Tribunal en los procedimientos especialmente sensibles" como el de la presunta Caja B del Partido Popular.
La Sala de Gobierno considera que esta queja no es "admisible" porque en la composición de los tribunales no caben las distinciones entre "causas de especial sensibilidad y las que no sean, porque la ley no contempla dicha distinción". Argumentan que la distribución de las secciones "varía en el tiempo", necesariamente, puesto que se producen ceses e incorporaciones". Los magistrados justifican esta recomposición porque "si no se hiciera así, se petrificarían los tribunales y se haría imposible un reparto equilibrado".
El nuevo Tribunal, con Juan Pablo González
El caso de la presunta financiación ilegal del Partido Popular tendrá como ponente a Juan Pablo González, promocionado hace una década al Consejo General del Poder Judicial por el propio Partido Popular. Este magistrado está en comisión de servicio en la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Fue titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 y antes juez de enlace en Francia. En el Tribunal de la Gürtel, estará acompañado por De Prada y Rodríguez Duplá.
El juicio sobre los llamados papeles de Bárcenas está también pendiente de fecha. De acuerdo con lo establecido en mayo de 2015 por el juez Pablo Ruz, deberían sentarse en el banquillo los extesoreros populares Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, el exgerente Cristóbal Páez y los arquitectos que reformaron la sede de la formación. La Fiscalía solicita penas de prisión de hasta cinco años. El juez archivó el procedimiento contra el resto de empresarios que aparecían en la contabilidad B y no citó como imputado a ningún dirigente del partido. Ruz, que consideró acreditada la caja B desde 1990 y "al menos" hasta 2008, declaró prescritos los posibles delitos electorales y de falsedad contable.
La portavoz del PSOE Margarita Robles ha cuestionado estas modificaciones que a su juicio dañan la apariencia de imparcialidad de los tribunales.