La forma en que ayer Susana Díaz despachó la pregunta de Antonio Rodríguez Vega (ABC) sobre Jesús Candel, Spiriman, en rueda de prensa, fue sorprendente. Cuando se le preguntó por el médico que ha congregado en las calles andaluzas a decenas de miles de ciudadanos por la situación de la sanidad, la presidenta de la Junta dijo que sobre un "sanitario ella no tenía información y que, si alguien sabía más que ella, que lo dijera.
Es el ejemplo de cómo la lideresa andaluza se enfrenta a los asuntos incómodos que ponen en entredicho su imagen de estadista con aspiraciones a dirigir, algún día, el PSOE y mientras tanto, perpetuarse en el poder andaluz con ayuda del silente Ciudadanos, que, dócilmente, asiente y calla ante los diferentes casos de contradicciones éticas y políticas en que incurre la trianera.
En los últimos años, han destacado tres disidentes notables hacia las políticas socialistas que han denunciado diferentes casos: la situación de la sanidad (Spiriman, el médico Jesús Candel); el funcionario denunciante del fraude de la formación y testigo protegido de la juez Alaya, Teodoro Montes y Jaime González, denunciante del caso del cártel del fuego y las irregularidades en los contratos de algunas empresas vinculadas a los medios de combate de los incendios. Los tres están siendo víctimas de diferentes modalidades de acoso.
En el primer caso, Spiriman, médico joven y apasionado, se le ataca desde los burladeros próximos a la Junta de Andalucía y el PSOE, tanto en las redes sociales como en los medios tradicionales de comunicación, por razón de sus formas, sin mencionar para nada los contenidos de sus denuncias. En las redes sociales se le llama populista y/o nazi e incluso el Colegio de Periodistas de Andalucía afea sus maneras de criticar a la Junta y sus métodos.
Pero, entre las bambalinas, Spiriman está siendo trasladado de puesto de trabajo. Según la Junta, porque lo ha solicitado el propio médico y que no hay persecución alguna contra el facultativo granadino. Pero Jesús Candel anuncia que se movilizará contra su traslado forzoso.
El segundo caso, el de Teodoro Montes, es otro caso de acoso denunciado pero negado por la Junta de Andalucía. Ayer mismo, Montes, volvió a declarar en la investigación judicial sobre el fraude de la formación y narró ante el juez cómo está siendo acosado y hostigado por la Junta de Andalucía, algo que niega la Administración andaluza.
Pero relata El Mundo hoy cómo dos testigos, funcionarios de la Junta que comparecieron en la vista oral corroboraron ayer la situación de "hostilidad" y "aislamiento social" a la que se enfrenta a diario este trabajador. Además, señalaron que "el acoso se multiplicó por mil" y "empeoró" tras sus denuncias judiciales sobre las irregularidades que había con las ayudas para los cursos.
Recuérdese que Montes, jefe del departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional (FPO) denunció ante la juez Alaya el "negocio del siglo" en que se convirtió la formación profesional en la que sindicatos y la patronal gozaban de un estatus especial y de beneficios del "cien por cien".
El tercero, Jaime Díaz, funcionario de la Junta, denunció irregularidades en los contratos a algunas empresas del llamado cártel del fuego. El denunciante ha sido denunciado recientemente ante la Fiscalía por la propia Junta de Andalucía.
La "ética" política socialista, a la papelera
Mientras continúa el perpetuo pasillo de imputados y acusados del PSOE en diferentes casos de corrupción –hoy mismo el exconsejero de Educación, Cultura y Deportes, Luciano Alonso, se sienta en el banquillo de los acusados, en el nuevo juicio por un presunto delito de falsedad continuada en documento público para colocar a dos afines–, se subraya en Confidencial Andaluz cómo Susana Díaz ignora el código ético aprobado por el PSOE andaluz.
En él se dice que "cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido".
El último incumplimiento de esta norma ha sido la condena del número 3 del PSOE de Cádiz, Joaquín Macías Reyes, que, cuando era concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Arcos, maltrató durante seis años al arquitecto municipal con la consecuencia de lesiones psíquicas graves. Sólo tras la sentencia, ha dimitido de sus cargos, pero, eso sí, ha sido colocado como asesor del grupo socialista en la Diputación de Cádiz.
Por cierto, que el trato de este afín al susanismo ha sido bien diferente al sufrido por Manuel Chaves y José Antonio Griñán, conminados a dimitir por Susana Díaz sin estar siquiera formalmente imputados.
En otro caso, Susana Díaz consintió quebrantar el código ético. Fue el caso de su amigo y cercano colaborador Rogelio Mena, exalcalde de Albox (Almería) –ahora alto dirigente de UGT–. Lo contó Libertad Digital en 2015. A pesar de que el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería condenó a dos años y medio de inhabilitación para cargo o empleo público a Mena, se presentó a las elecciones en nombre del PSOE.
Otra investigación judicial relacionada con el caso del "Dioni de Almensilla", afectó a Ismael Perea, director general del Consorcio Fernando de los Ríos, adscrito a la Consejería de Empleo, y que dirigía Guadalinfo, una red digital de 800 centros que asiste a 692 municipios andaluces. Fue imputado, pero sigue en su cargo.
Susana Díaz tendrá ahora que decidir si aplica o no el código ético en el caso del senador socialista Antonio Gutiérrez Limones, al que el Tribunal Supremo ha abierto procedimiento judicial como imputado de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en relación con las cuentas de la empresa pública ACM S.A., vinculada al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, donde fue alcalde. Habrá que ver si Limones sigue las normas del Código Ético del PSOE dejando el Senado. sevillano. En pura teoría Gutiérrez Limones deberá dejar el acta y su militancia en el partido.