Los partidos separatistas aceptan la convocatoria electoral del próximo 21 de diciembre, pero lanzan toda clase de acusaciones sobre el carácter de los comicios. De entrada, los califican de "ilegítimos"por haber sido convocados por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Lo siguiente es la denuncia sobre la "inferioridad de condiciones" en las que concurren el de momento preso Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, que pedirá a la Junta Electoral poder hacer campaña en Cataluña al margen de su situación judicial. El tercer factor es extender una sombra de duda sobre la limpieza del proceso electoral.
Con este discurso, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha presentado la campaña del partido y anunciado la captación de 14.000 apoderados para controlar las ocho mil mesas electorales que habrá repartidas por toda Cataluña. Al calificativo de "ilegítimas", Sabrià ha sumado el de "ilegales" para definir unas elecciones en las que su partido estará especialmente atento para"evitar cualquier tipo de pucherazo". La función de los apoderados será hacer un "recuento paralelo", añadió Sabrià.
El PDeCAT también busca interventores para la lista de Junts per Catalunya, a pesar de las tensas relaciones entre la dirección del partido y Puigdemont. La estrategia de las candidaturas separatistas es reproducir el ambiente del 27 de septiembre de 2015, cuando en muchos colegios había que atravesar una verdadera nube de apoderados de Junts per Sí para poder acceder a las mesas.
A pesar del dato de los 14.000 interventores ofrecido por Sabrià, en una página de internet denominada apoderats.cat abierta por su partido constan 6.591 inscritos para el control de las elecciones.