La Fundación Andaluza para el Fondo de la Formación y el Empleo –FAFFE–, ya extinta, fue el centro neuronal desde el que el PSOE andaluz intervino en la formación profesional andaluza de manera directa. Conocido como el "fondo", sus ayudas se distribuían con un marcado carácter partidista y su estructura se convirtió en un lugar de acomodo para socialistas sin destino.
Hay que tener en cuenta que, hasta El País, hace años, lo explicó así: "Todo el mundo tiene al lado un concejal o la mujer de un concejal. El porcentaje de enchufados es alto. Es cierto que también hay gente por necesidades de organización en las que se contrataba sin selección con celeridad".
Este jueves, la juez María Núñez Bolaños citó a declarar como investigadas a 23 personas dentro de esta pieza separada de la causa donde se indagan las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta. La Fiscalía Anticorrupción ha concluido que la FAFFE realizó contratos "indiciariamente irregulares" por importe de 9.465.332 euros.
En una providencia de 27 de noviembre, cita a declarar a las 23 personas investigadas los días 16, 22 y 23 de febrero del próximo año 2018. Además, llama a declarar a diez testigos los días 1 y 2 de febrero.
Entre los investigados, destacan dos. Uno de ellos, fue el máximo responsable de la Fundación, Fernando José Villén Rueda, que fue secretario de Empleo de la ejecutiva del PSOE andaluz. El otro, Antonio Torres, que fue alcalde de Lebrija durante 23 años, decía trabajar en la FAFFE, aunque no tenía ni despacho y ni lugar de trabajo. Pese a todo, la Fundación le dio más de 500.000 euros.
Además, la juez pide documentación a una Junta de Andalucía que, como es sabido, no colabora adecuadamente con la instrucción. A veces, tarda más de dos años en dar la documentación requerida. De hecho, la exige a la Dirección General de Formación para el Empleo de la Junta a que envíe al juzgado un informe sobre los expedientes de reintegro abiertos a la FAFFE "solicitado el 21 de septiembre de 2015 por la UCO del que no consta su incorporación al procedimiento", además de las auditorías de Deloitte y ATD.
Contratos "indiciariamente irregulares"
La Fiscalía, detalla Europa Press, considera que la extinta FAFFE realizó contratos "indiciariamente irregulares" por importe de 9.465.332 euros, según se desprende de un nuevo atestado remitido al Juzgado por la UCO el pasado mes de junio.
A juicio de Anticorrupción, del informe elaborado por la Guardia Civil se desprende "con carácter de probabilidad o verosimilitud que la fundación habría adjudicado la mayoría de los contratos tramitados entre los años 2008, 2009 y 2010 mediante procedimientos de adjudicación simplificados, adjudicación directa, general y simplificados con y sin publicidad, que según la normativa tendría carácter excepcional".
Según expone el Ministerio Público, estos contratos "supondrían una quiebra a los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad, obstaculizando de este modo la competencia y convirtiéndolos en procedimientos con un determinado grado de opacidad y, por tanto, con mayor índice de riesgo y conductas irregulares".
La Fiscalía considera que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y el importe total de los contratos presuntamente irregulares superaría esos nueve millones de euros, repartidos entre diversas empresas.
La FAFFE, un nido de enchufados del PSOE
La auditoría de la FAFFE desveló a principios de este año que se contrató de manera irregular a 8.844 personas en dos años y medio, entre altas y nuevos reingresos concretamente entre los años 2009 y 2011.
La FAFFE se extinguió y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) supuso la readmisión de 1.200 de sus 2.000 trabajadores como subrogados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que ahora rebosa de personal sin asignación de funciones.
La dirección de la FAFFE ha rechazado durante años las cíclicas acusaciones de enchufismo de personas próximas al PSOE. "También teníamos personas del PP, aunque en menor proporción. No costábamos dinero porque nos nutríamos de subvenciones de la Unión Europea y teníamos un ritmo de trabajo muy rápido", es el argumento de la dirección de la empresa pública para justificar las contrataciones a dedo.