Son los investigados por el golpe al Estado cuya reiteración en los delitos supondría una mayor amenaza para España, más allá de Carles Puigdemont y los exconsejeros fugados: el exvicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras –también presidente de Esquerra–; el antiguo responsable de Interior –de la seguridad, es decir, los Mossos– Joaquim Forn; y los líderes de las entidades separatistas Ómnium y la ANC Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, respectivamente –considerados los referentes del movimiento en las calles– permanecerán hasta nueva orden en prisión incondicional. Los también exconsejeros Raúl Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borrás, Dolors Bassa, y Carles Mundó vivirán la campaña y las elecciones del 21 de diciembre en libertad salvo que reincidan próximamente en el pulso al marco constitucional.
Pablo Llarena, el magistrado que ha acumulado en el Tribunal Supremo el grueso de la causa por rebelión, sedición, malversación y otros delitos conexos, ha decretado prisión eludible con el pago de fianzas para estos seis últimos exconsejeros. Saldrán de la cárcel cuando el juez valide de forma individual la consigna de cauciones de 100.000 euros en cada caso. Habrán de someterse a partir de ahora a comparecencias semanales en el Superior de Justicia de Cataluña o, en su defecto, el más próximo a su domicilio, con prohibición de abandonar territorio español y retirada del pasaporte.
En un auto de 25 páginas, Llarena considera que existe riesgo de fuga, pero sí de reiteración delictiva. Explica la diferencia entre Junqueras, Forn y los Jordis con el resto de los querellados en la "lesividad" que puede acompañar a la reiteración de sus aportaciones. Contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma y/o apelación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
No existe riesgo de fuga
Los diez querellados habían solicitado voluntariamente la repetición de sus comparecencias; ahora ante Llarena en vez de la primera instructora de la causa Carmen Lamela, en busca de la libertad provisional. En sus alegatos, sostuvieron que, con independencia del comportamiento de cada uno, la restricción de su derecho a la libertad no estaba respaldada por los fines que constitucionalmente legitimen la prisión incondicional. Consideraban que existe una absoluta semejanza entre sus circunstancias y las apreciadas en los integrantes de la Mesa del Parlamento autonómico, entre ellos Carme Forcadell, que eludió la cárcel con una fianza de 150.000 euros.
El magistrado comparte con los diez investigados el planteamiento de que no existe riesgo de fuga. Respalda esta afirmación remitiéndose al auto en el que resolvió la situación de los miembros de la Mesa. En definitiva, aunque ese riesgo exista se difumina por haberse presentado los encausados cuantas veces han sido citados por los tribunales y ser manifiesto el contraste con otros encausados en este proceso que se encuentran actualmente fugados".
En este caso concreto, su aportación al delito se situaría en principio en un plano de principalidad –principales responsables– equivalente al que ofrecía el comportamiento de Forcadell –y a diferencia del resto de los miembros de la Mesa, cuya fianza descendió hasta 25.000 euros–. Pero disminuye el riesgo de fuga "porque todos ellos cuentan con un profundo arraigo personal, laboral y social en la Comunidad Autónoma de Cataluña, y visto además que su disposición por atender los llamamientos judiciales que se les han cursado hasta ahora, si bien no aporta ninguna certeza para el futuro, sí es el empírico reflejo de que libremente rechazaron la huida que emprendieron otros".
"Una opción de presencia que refleja también su incorporación a diferentes candidaturas políticas –salvoen los casos de Meritxell Borrás y Jordi Cuixart–, a fin de participar en las elecciones autonómicas que tendrán lugar el 21 de diciembre y poder desarrollar la actividad parlamentaria que de esas elecciones puede derivarse", establece el auto de Pablo Llarena.
Sobre el riesgo de reiteración delictiva
Los investigados fundamentan en su alegato que han acatado la aplicación del artículo 155 de la Constitución en la extensión aprobada el 21 de octubre por el Consejo de Ministros. Añaden que, "aunque sean fieles a su aspiración de que la Comunidad Autónoma de Cataluña se constituya en una República independiente, reinterpretándose o modificándose para ello el actual texto constitucional, también han expresado que su empeño político solo puede alcanzarse a través de una negociación con el Estado y les resulta obligado modificar anteriores estrategias expresando que sus futuros instrumentos quedarán limitados a mecanismos pacíficos y respetuosos con el orden legal".Entienden que se encuentran en la misma línea que Carme Forcadell.
Llarena valora que "el devenir político más próximo y cercano pudiera propiciar la persistencia en la actuación fuera del marco constitucional y transformar la próxima legislatura en un ilegal proceso constituyente. En todo caso, los querellados no es que hayan asumido la intervención derivada de la aplicación del artículo 155, sino que han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional".
El auto ahonda en la naturaleza del riesgo de reiteración delictiva: "Cuanto más relevante sea el bien jurídico que protege el tipo penal que amenaza reiterarse y más irreparable sea el resultado de la acción que se presagia", más razonable resulta la restricción del derecho a la libertad.
En el caso analizado, concurren los elementos que permiten establecer este riesgo respecto de todos los investigados. "De un lado, los diez comparten –y reconocen que todavía mantiene–, la misma aspiración que impulsó el comportamiento que se investiga, esto es, la voluntad de que el territorio de la Comunidad Autónoma en la que residen constituya la base territorial de una nueva República. De otro lado, la posibilidad de que su comportamiento desembocara en la intervención de la Comunidad Autónoma por parte del Estado, es una eventualidad que ya habían contemplado los investigados, habiendo concluido que en tal coyuntura perseverarían en su determinación".
En este punto, el magistrado se remite al documento ‘Enfocats’ hallado en registros que recoge una definición estratégica del procedimiento a seguir para lograr la independencia de Cataluña. Llarena explica el contenido: diseñan para ello una estrategia de manipulación social que facilite conducir de manera efectiva a los diferentes individuos en función de su pensamiento, categorizando a los catalanes según su posicionamiento ideológico según se ubiquen en una escala de graduación que discurre entre los "convencidos del no", hasta los que denominan "Convenguts hiperventilats" (convencidos hiperventilados), pasando por otros grupos de ciudadanos graduados como "convencidos históricos", "convencidos recientes pero débiles", "indecisos" o los "actualmente impermeables".
"Las bases para lograr la desconexión forzosa se complementan previendo la necesidad de trabajar una credibilidad internacional", que el proceso se perciba como escrupulosamente democrático. El documento refleja así la importancia "de escuchar a los Estados que tengan un mayor potencial de reconocimiento y ofrecerles un argumentario beneficioso para ellos". También se refiere a la creación de "estructuras que garanticen el funcionamiento del nuevo Estado", cita a los Mossos y al Centro de Telecomunicaciones y la necesidad de constituir una Hacienda propia, la Agencia de Protección Social y las recientemente impulsadas relativas al Poder Judicial.
En todos los supuestos tras el referéndum y la declaración se contemplaba persistir en el conflicto hasta que al Estado no le quedara más alternativa que la autorización de la independencia. "Los propios planes independentistas reflejan que el riesgo de permanencia en el delito existe y que es apreciable en todos los investigados", aunque "no puede decirse lo mismo respecto a la lesividad que puede acompañar a la reiteración de sus aportaciones".
Llarena cuestiona el acatamiento del 155 y la estrategia de repliegue que los exconsejeros desplegaron el viernes. En cuanto a los que quedan en libertad, "dar credibilidad a quienes afirman que no volverán actuar ilegalmente supone asumir un confiado pronóstico que sólo se justifica por la importancia del derecho a la libertad de cualquier ciudadano, puesto en contraste con la certeza de que, si volvieran al delito, el comportamiento podría corregirse completa e inmediatamente con solo adoptar la decisión de modificar las medidas cautelares que apostaron por su libertad".
No ocurre lo mismo respecto a Junqueras, Forn y los ‘Jordis’, "cuyas aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella". El riesgo de reiteración de sus conductas impone al juez "un mayor grado de rigor y cautela" previendo que sus comportamientos lesiones "no solo el libre desarrollo económico y laboral, sino la propia integridad física". Comienza aquí la exposición de argumentos.
De un lado, según Enfocats, "Junqueras y los Jordis forman parte del llamado Comité Estratégico que ha desempeñado una función definitoria de cómo y cuándo llevar a término cada una de las actuaciones del proceso". De otro, esa capacidad supone dirigir las movilizaciones que pusieron en riesgo –o materializaron incluso– la violenta explosión social que contemplamos, habiendo llegado estos encausados incluso a intervenir en su ejecución material". En el caso de los Jordis por la movilización pública impulsada por la ANC y Omnium. "Aunque la mayor parte de los ciudadanos reunidos en las últimas congregaciones actuarían impulsados solo por su convencimiento ideológico y estarían firmemente comprometidos con evitar cualquier tipo de violencia, se iban a infiltrar numerosos comportamientos agresivos".
Cita las movilizaciones de los días 20 y 21 de diciembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona, unos hechos violentos a los que acudió el propio Junqueras y que se vieron "propiciados porque las fuerzas encargadas del orden público –que estaban bajo la responsabilidad de Forn– favorecieran o no desplegaran ninguna actuación que pudiera ponerles término".
"Esta posición de dominio se constata en otras muchas de las movilizaciones sociales sufridas, como la que impidió el registro en la entidad Unipost, o las que cortaron carreteras o constituyeron murallas humanas que defendían de manera activa los centros de votación, haciendo en ocasiones recular a los cuerpos policiales, apedreando sus vehículos o forzando a los agentes a emplear una fuerza que hubiera resultado innecesario de otro modo. Así como aquellas que cortaron vías de comunicación ferroviaria o asediaron los hoteles donde se alojaban los integrantes de las fuerzas del orden o amenazaron a empresarios que prestaban soporte a los servicios del Estado", explica el juez.
Por ello, "en estos investigados el riesgo de reiteración delictiva refleja la probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad. El peligro no desaparece con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de actuación y con la determinación judicial de reevaluar su situación personal si sus afirmaciones resultan mendaces, sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real".
Sólo entonces, concluye el magistrado, se justificará rebajar la intensidad de la cautelar adoptada contra estos inculpados por Carmen Lamela, que "no puede precipitarse bajo el argumento de que los investigados, con posterioridad a la adopción de la cautelar, hayan asumido su participación como candidatos en unos comicios democráticos. El riesgo de reiteración va expresamente unido a las responsabilidades públicas a las que aspiran".
Destrucción de pruebas
Según Llarena, "no se configura de manera específica que los investigados hayan podido adoptar actuaciones o decisiones orientadas a la hipotética destrucción de los vestigios derivados de su participación", dado que la Fiscalía solo hace referencia a la incautación de determinada documentación "que iba a ser incinerada, sin que se aporte ningún sustento indiciario" de que pueda tener relación con los hechos investigados o "que la destrucción fuera ordenada por quienes ya habían cesado en sus funciones".
Fianzas pagadas que VOX recurriá
La ANC y Ómnium han hecho efectivo alrededor del mediodía el pago de 600.000 euros de las fianzas impuestas a Romeva, Turull, Rull, Borràs, Bassa y Mundó para salir de prisión. En declaraciones a los medios, el tesorero de la Asamblea Nacional Catalana Marcel Padrós ha explicado que el dinero procede de la Caja de Solidaridad que pusieron en marcha ambas entidades en verano y que ha recaudado desde entonces 4,7 millones de euros. Según la plataforma, los fondos proceden de aportaciones de los ciudadanos, aunque la Guardia Civil investiga los vínculos con subvenciones públicas de la Generalidad.
El Supremo ha notificado a los juzgados de guardia de las poblaciones donde están las prisiones de Estremera y Alcalá-Meco la puesta en libertad prevista en las próximas horas.
El partido VOX, que conduce la acusación popular en el procedimiento, recurrirá la medida de cárcel eludible con el pago de fianzas. Apreciando riesgos de fuga y reiteración delictiva y ante hechos tan graves, el abogado Javier Ortega ha anunciado este movimiento. En todo caso, expresa su "satisfacción por el mantenimiento en prisión de parte de los golpistas".