El considerado "juicio más complejo de la historia de Andalucía" dará comienzo el próximo miércoles, día 13, pero antes han tenido que ocurrir algunas cosas bien curiosas. Además de la recusación del primer presidente del Tribunal electo por sorteo, el ex alto cargo de la Junta Pedro Izquierdo, la falta de medios ha condicionado su celebración hasta el punto de que ayer mismo se barruntaba un retraso porque el Consejo General del Poder Judicial no "liberaba" de sus tareas habituales a dos de las magistradas que componen el Tribunal.
Este martes se supo que el Ministerio de Justicia había habilitado económicamente las comisiones de servicio necesarias para que las tareas habituales que desempeñan los tres miembros del Tribunal puedan ser realizadas por otros y de ese modo conseguir la dedicación exclusiva a las tareas del juicio más destacado de la historia de Andalucía y uno de los más importantes de la historia de la España democrática.
Las comisiones de servicio aprobadas tendrán que ser finalmente aceptadas y ejecutadas por el Consejo General del Poder Judicial que lo hará el día antes del comienzo de la vista oral. Han sido tres las comisiones de servicio solicitadas teniendo en cuenta que son tres los miembros del Tribunal y lo fueron hace muchos meses obteniendo la dedicación exclusiva sólo uno de ellos, el ponente Juan Antonio Calle Peña.
Los magistrados que decidirán el futuro de los encausados, tras la recusación de Pedro Izquierdo, son el ya mencionado Juan Antonio Calle Peña, que será el ponente. Estará acompañado por las juezas Pilar Llorente y Encarnación Gómez. Todos ellos pertenecen a la sección primera de lo Penal de la Audiencia de Sevilla.
Los encausados
Los encausados principales son los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán a los que hay que sumar seis exconsejeros de la Junta de Andalucía: José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Magdalena Álvarez. Hasta 22 acusados la lista está repleta de viceconsejeros y directores generales de diferentes áreas.
La causa afecta a la historia política de Andalucía y esencialmente al único partido que ha gobernado desde 1982. Chaves llegó a la presidencia de la Junta en 1990 y Griñán dejó la presidencia en 2013. Veintitrés años continuados.
Europa Press recuerda que la pieza política de los ERE consta de alrededor de 16.000 folios, 38 tomos y 6 anexos, mientras que la causa matriz del caso está formada por 200.000 folios, 341 tomos y 31 anexos.
Recuérdese que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, mientras que a Manuel Chaves le reclama meramente una condena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Como era de esperar, la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía ha solicitado el archivo de esta pieza separada al entender que ni hay "trama criminal" ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.
Por su parte, el PP-A ha pedido dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Manuel Chaves y ocho de prisión y 42 de inhabilitación para José Antonio Griñán.
El caso de la cocaína
Así se ha conocido la pieza que la misma Sala de Chaves y Griñán juzgará también contra Francisco Javier Guerrero y su chófer, Juan Francisco Trujillo, por gastar ayudas en cocaína y otros asuntos. La ponencia del tribunal había recaído en el recusado Pedro Izquierda que ha decidido abstenerse.
Por tanto, será la misma sala la que deberá enjuiciar la pieza separada en relación con las ayudas por importe de 1.475.028,01 euros que concedió el primero, Guerrero, y parte de las cuales habrían ido destinadas a la compra de cocaína y copas.
Esta pieza ha sido enviada a la Audiencia, una vez instruida, por la juez Núñez Bolaños, que decidió trocear el sumario contra el criterio de su predecesora en el juzgado, Mercedes Alaya.
Es la cuarta pieza de los ERE que la juez eleva a la Audiencia para su enjuiciamiento tras las relativas a las ayudas a Acyco y Surcolor y Surcolor Óptica –que enjuiciará la Sección Tercera– y la pieza relativa al procedimiento específico de los ERE.