El director del Museo de Lérida, Josep Giralt, se ha mostrado hoy "espantado, preocupado e indignado" por la autorización judicial para devolver 44 piezas robadas al Monasterio de Sijena (Huesca), que permite incluso a la Guardia Civil el uso de la fuerza si fuera necesario.
En declaraciones a Rac1, Giralt ha asegurado que si no pueden evitar por la vía judicial el traslado de las obras, "el lunes por la mañana estaremos preparados e intentaremos mover las piezas, embalarlas, documentarlas y trasladarlas en las mejores condiciones".
Sin embargo, ha avisado de que el riesgo de dañar 12 de las 44 piezas en ese traslado es "muy elevado", por lo que ha remarcado: "Haremos firmar una autorización y será competencia de los técnicos aragoneses".
En un auto dictado ayer, el magistrado suplente del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca autoriza a la Guardia Civil a entrar a partir de la medianoche del próximo día 11 en el museo.
En esta línea, el director del Museo de Lérida ha comentado que esperan a los técnicos aragoneses que se ocuparán del traslado "el lunes a las ocho de la mañana, y no el domingo a medianoche".
Con todo, el director del Museo de Lérida asegura que todavía no da las obras de Sijena "por perdidas", y confía en las acciones judiciales que pueda adoptar el departamento de Cultura de la Generalidad, intervenido por el Gobierno en virtud del artículo 155 de la Constitución, para tratar de frenar el traslado.
La nueva providencia del juez de Huesca coincide en el tiempo con la presentación por parte de la Generalidad de un recurso ante este mismo órgano judicial contra la providencia que pone como plazo máximo para el reintegro de las piezas el próximo lunes, 11 de diciembre.
Un recurso del que el Gobierno aragonés responsabiliza al ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, como titular de la consejería del ramo de la Generalidad tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Según la consejera de Cultura del Gobierno aragonés, Mayte Pérez, la autorización del ministro a la presentación del recurso constituye una "insoportable falta de respeto" hacia Aragón, además de un sometimiento a "los intereses de Cataluña por encima de las decisiones judiciales".