El Tribunal de Cuentas ha ordenado el embargo de la residencia habitual de Artur Mas, en la calle Tuset de Barcelona. La decisión se produce después de que el expresidente de la Generalidad, la exvicepresidenta Joana Ortega, el exportavoz Francesc Homs y la exconsejera de Educación Irene Rigau no hayan logrado reunir la fianza de casi de seis millones de euros impuesta por el citado tribunal como responsabilidad civil por el presunto uso de fondos públicos para costear la consulta ilegal del 9-N celebrada en 2014.
A pesar de los esfuerzos de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural para recaudar fondos para fianzas, los inhabilitados por aquella causa no han podido aportar más que unos 2,9 millones de euros, todos ellos procedentes de las colectas populares, por lo que varias propiedades quedan embargadas hasta cumplimentar los casi seis millones de fianza.
A Mas se le embarga el domicilio familiar, la mitad de un inmueble en la población barcelonesa de Taradell a Francesc Homs, así como diversas propiedades y fincas de Ortega y Rigau hasta completar los 2,3 millones restantes de la fianza.
Las organizaciones separatistas han cubierto las fianzas de Carme Forcadell, los miembros de la mesa del Parlament y la de los exconsejeros excarcelados, pero sus recursos no han sido suficientes como para aligerar a los pioneros de los referendos ilegales del pago exigido preventivamente por el Tribunal de Cuentas.
"Nos quieren echar de casa si pueden"
El expresidente de la Generalidad Artur Mas ha criticado que el Tribunal de Cuentas haya ordenado el embargo cautelar de su domicilio en la calle Tuset de Barcelona: "Nos quieren echar de casa si pueden".
Lo ha dicho en un acto electoral en Olot (Girona) este martes después de que concluyera el plazo para hacer frente a una fianza de 5,25 millones de euros por la presunta responsabilidad contable de Mas y de las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau por los gastos generados en la consulta popular del 9 de noviembre de 2014.
"A todos los del 9N ya se nos juzgó por la vía penal, se nos ha inhabilitado y nos han multado. Y ahora hacen salir otros organismos que nos quieren echar de casa si pueden", y ha dicho que se quiere poner a los que no están en primera línea política dentro del proceso penal del 1-O.