La última providencia de Pablo Llarena agiganta el horizonte de la instrucción. El magistrado que acumuló el grueso de la causa por rebelión, sedición, malversación y otros delitos conexos en el Tribunal Supremo ha ordenado un carrusel de diligencias en colaboración varias instancias y la policía judicial. Persigue como objetivo la identificación de cuantas personas han participado en los últimos años del golpe al Estado de Derecho en Cataluña.
La resolución se traducirá en nuevas imputaciones. Aunque el instructor no ha determinado fecha, según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital citará como investigados a los integrantes del denominado Comité Estratégico del ‘procés’. Además de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, habrían actuado como ideólogos de las distintas fases hacia la ruptura con España personas como la número 2 de Esquerra Marta Rovira y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel. También más allá de los ‘Jordis’ de la ANC y Ómnium, la presidenta de la Asociación de Municipios Para la Independencia AMI Neus Lloveras.
Este comité figura en los documentos hallados en diferentes registros de instituciones regidas por la Generalidad, principalmente en el archivo titulado ‘Enfocats’. Por otro lado, aparecen en el llamado Comité Ejecutivo aquellos que se desarrollarían el plan establecido. Las mismas fuentes apuntan que será la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional quien impute a estos últimos. Al antiguo Mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana –ya investigados–, se sumarán los secretarios generales de Presidencia y Vicepresidencia, Joaquim Nin y Josep María Jové (ERC) y otros subordinados dependientes del Gobierno catalán cesado por el artículo 155.
La investigación avanza con el análisis del material incautado por la Policía Judicial. Libertad Digital ha accedido al contenido de una agenda donde Jové apuntó desde febrero de 2015 resultados de las reuniones del Comité Estratégico. Como conclusión, una estrategia de presión al Gobierno central terminaría con dos escenarios: la negociación pactada de una consulta para la independencia de Cataluña o la bautizada como "declaración unilateral".
Otra vertiente se refiere al informe sobre los fondos públicos empleados en este proceso separatista. La documentación cerca al exconsejero Jordi Turull en el delito de malversación de fondos públicos por el gasto de medio millón de euros en publicidad para el referéndum ilegal del 1 de octubre. TV3 y Catalunya Radio se habrían lucrado con 278.000 euros por anuncios.
Portazo a la libertad de Junqueras
El Supremo no se plantea de momento la libertad de Junqueras. El líder de Esquerra se perfila como una de las opciones más claras de victoria en las elecciones de 21 de diciembre, pero permanecerá en prisión como uno de los máximos responsables de la causa abierta. Llarena apreció un riesgo de reiteración delictiva que se traduciría en la "explosión violenta" sin margen de corrección. Ni siquiera fue suficiente el repliegue ante el Tribunal, donde renunció a la unilateralidad y acató el artículo 155 de la Constitución.
La providencia de Llarena ahonda en la responsabilidad de Junqueras como uno de los ideólogos del proceso rupturistas e incluye referencias a su número 2 Mata Rovira. El líder de ERC está pendiente de la resolución en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo del resurso que ha presentado contra el auto que ratificó su encarcelamiento ordenado originalmente por la juez Lamela. Alega que "ya está teniendo efectos muy relevantes en el ámbito de la campaña" e insistiendo en su apuesta por "escenarios de diálogo".