Arranca este viernes la tercera sesión del juicio más importante de la historia de Andalucía y uno de los más trascedentes de la historia de la España democrática. Tras las dos primeras sesiones ya se ha dibujado el perfil de cuatro posibles chivos expiatorios y aparece en el horizonte una "incertidumbre fea", percibida por la juez Alaya, la primera instructora del caso.
El primer chivo expiatorio fue señalado expresamente este mismo jueves por las defensas de los expresidentes de la Junta y del PSOE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en lectura de sus escritos. Según ambos, de acuerdo en eso, fue el ex interventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Martínez, el responsable de que el fraude de los ERE haya tenido continuidad durante once años, desde 2000 a 2011.
Su tesis es que, si el procedimiento utilizado en el pago de las ayudas y la financiación de los ERE era irregular –recuerden que se trata de las transferencias de financiación, instrumento para cuadrar la contabilidad administrativa pero que no puede usarse como mecanismo para pagar subvenciones–, el interventor debía haber emitido un informe de actuación.
Este informe es de obligado cumplimiento y señala el procedimiento adecuado para realizar las tareas. Pero el interventor, según los expresidentes, se limitó a hacer consideraciones y advertencias sobre el mecanismo que se estaba utilizando. Chaves precisa incluso que a él no fue dirigido informe alguno. Griñán recibió varios, pero ninguno, argumenta, de la entidad necesaria para cambiar de procedimiento.
Recuerden que ya en 2013 el exinterventor Gómez Martínez ratificó ante la juez Alaya los términos de la carta remitida en noviembre de 2012 al presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, en la que señalaba que el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "cebó sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE". Gómez Martínez no creyó nunca, como la juez Alaya, que los dos ex presidentes no se enteraron de nada.
En aquella carta, Manuel Gómez recordó que la Intervención "advirtió hasta 15 veces de las irregularidades que se estaban produciendo en la gestión de las subvenciones del programa 31.L", más conocido como "fondo de reptiles", "y ninguno de los destinatarios de las auditorías hizo absolutamente nada durante casi diez años para corregirlas, cuando podían haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas, si hubieran tenido voluntad de hacerlo".
Viera, Fernández y Francisco Javier Guerrero
Los otros tres chivos expiatorios que se perfilan en el juicio son los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández y el ex director general Francisco Javier Guerrero, todos ellos relacionados con la ejecución directa del plan de la Junta para ayudar arbitrariamente y sin controles a empresas y trabajadores afines o recomendadas por los PSOE provinciales y por sus aliados sindicales y empresariales.
Los dos primeros fueron los artífices del convenio marco en el que estas ayudas fueron reguladas desde la cúpula de la Junta de Andalucía. Ya en 2012, en una comparecencia judicial, Viera, exconsejero de Empleo, entonces diputado y alto cargo del PSOE andaluz, no pudo justificar por qué la decisión de constituir el fondo de las ayudas mediante el convenio marco de 2001 no cuenta con expediente administrativo alguno según la propia Junta de Andalucía. Antonio Fernández, por su parte, en aquella comparecencia tampoco pudo justificar la legalidad del "fondo de reptiles" ni su uso, sino que se remitió a considerar que la existencia del fondo en el Presupuesto andaluz ya legalizaba su existencia y su uso.
En este último caso, es la propia Junta la que ha pedido años de cárcel para Fernández, aunque ahora se haya retirado del caso. En el sumario consta cómo la Junta pidió, desde su posición de acusación particular, seis años y medio de cárcel para Fernández en el caso de las ayudas a la empresa Acyco.
Francisco Javier Guerrero está considerado el chivo expiatorio "perfecto y campeón de los sospechosos habituales", que es como el grupo de comunicación Joly caracterizó a este trío. Que fuese Guerrero quien decidía en la práctica, con excepciones sobrevenidas desde la superioridad, el nivel de las ayudas y los destinatarios le hacer merecedor de tal papel. Unido a sus andanzas, regalos percibidos, viajes con su chófer, copas y demás derroches, era el preferido de los dirigentes socialistas para representar tal papel y así lo han señalado numerosas veces.
El problema fue que Francisco Javier Guerrero, casi desde el principio, tuvo constancia de que tal era la intención y se negó a asumir el sacrificio, dejando claro ante la juez Alaya que lo ocurrido era consecuencia de la existencia de un "fondo de reptiles" y de una trama política organizada desde la cúspide de la Junta de Andalucía.
La "incertidumbre fea"
Por si fuera poco, este mismo jueves apareció en la lejanía valenciana una "incertidumbre fea", subrayada por la jueza Alaya. Cuenta la agencia EFE que Alaya dijo este jueves que, aunque tiene "la mejor" de las sensaciones ante el juicio actual por esta causa, le genera "una incertidumbre fea" la sentencia que pueda dictar la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia andaluz.
Y lo ha precisado de este modo: ""Como instructora del caso, mis sensaciones son buenas, lógicamente. Luego, la sentencia que se dicte pasará a la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, teniendo en cuenta que un tercio de sus miembros ha sido elegido por el Parlamento autonómico y el presidente del tribunal, al que tengo todos mis respetos, también es un cargo discrecional".
En una conferencia ofrecida en València sobre independencia judicial, Alaya ha defendido la "exhaustiva" instrucción llevada a cabo desde 2011 contra la supuesta corrupción en el Gobierno andaluz y el hecho de que haya "muchísima prueba documental" con elementos "irrefutables" que la avalan, pero ha advertido sobre la politización de la justicia en general y en este caso en particular.
Desveló asimismo que fue el Consejo General del Poder Judicial, a cuyo presidente remitió una carta advirtiendo de las amistades de su sucesora en el juzgado de instrucción de Sevilla, María Núñez Bolaños, que causó un revuelo descomunal, el que filtró la carta a los medios.
El juicio continúa este viernes con la lectura de la mayoría de los escritos de las defensas –de las 22 sólo 9 se consiguieron leer ayer y parcialmente–, y si es posible se abordarán las cuestiones previas. Lo más probable es que el tratamiento y decisión sobre tales cuestiones preliminares se traslade al día 9 de enero, con lo que se sufriría el primer retraso en el juicio.