La defensa de Jordi Pujol Ferrusola presentó este mes de septiembre un escrito solicitando una nueva evaluación de la situación de prisión provisional. Según el juez José de la Mata, "en el tiempo transcurrido desde que se adoptó la medida cautelar, se ha podido recabar nueva documentación sobre las operaciones realizadas en otras jurisdicciones, ampliar la información disponible sobre las mismas y profundizar el conocimiento y naturaleza de algunas de estas operaciones mediante la emisión de nuevos informes".
Personas que actuaron en operaciones con el primogénito en México, Andorra, Estados Unidos y Panamá, también vinculadas con el presunto blanqueo de capitales, han declarado en la Audiencia Nacional. Aunque "continúan siendo aplicables los argumentos expuestos en las anteriores resoluciones judiciales, resultan compatibles de acuerdo con los principios de excepcionalidad y proporcionalidad, con la rebaja de la fianza –que estaba en tres millones de euros– a la de 500.000 euros" atendiendo la solicitud del abogado.
En caso de depositarse la fianza, añade José de la Mata, se acordará la libertad provisional con medidas cautelares menos gravosas: comparecencias semanales en el Juzgado más próximo a su domicilio, prohibición de salida del territorio nacional y retirada del pasaporte.
En un segundo auto, el magistrado que instruye el caso Pujol acuerda el bloqueo de una transferencia por valor de 2,6 millones de dólares a una cuenta de Caixa Bank de una mercantil vinculada a Jordi Pujol Ferrusola. El hijo del expresidente catalán pretendía afianzar su libertad provisional con dichos fondos, pero el juez rechaza esta pretensión.
Estado de la investigación
La Audiencia Nacional acordó en junio para Jordi Pujol Ferrusola la prisión eludible con el pago de tres millones de euros en metálico. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal estimó parcialmente el recurso del primogénito contra el auto de prisión del juez José de la Mata y acordó modificar esa medida "que garantiza la prohibición que se le impone de gestionar por sí o por personas físicas o jurídicas su patrimonio, desde la presente resolución". Los magistrados ordenaron que, una vez depositara la fianza, siguieran vigentes la obligación de comparecencias periódicas en el juzgado con retirada de pasaporte y prohibición de salir de España que el instructor impuso como primeras cautelares al investigado en un auto anterior de febrero de 2016.
José de la Mata había ordenado el pasado 25 de abril el ingreso en prisión comunicada sin fianza de Jordi Pujol Ferrusola, que fue trasladado a Soto del Real. Después de una deliberación algo más larga de lo habitual –la redacción del auto se extendió durante casi de cinco horas–, el juez estimó la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado. Ya había avisado al mayor de los hermanos de que estaría "especialmente atento" a nuevos indicios que pudieran alertar de más conductas de ocultación, alteración o destrucción de pruebas. De esta forma, cumple su promesa y endurece la medida cautelar después cuatro horas de interrogatorio.
Según recogió en un auto de 14 páginas, la prisión provisional "tiene como primera finalidad evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de pruebas". El magistrado consideró "materializado el peligro fundado y concreto de ocultación" de pruebas que ya apreció en la última citación. De esta forma, "resulta estrictamente necesaria, sin que tenga, desde luego, finalidad punitiva o se imponga para causar perjuicio personal o profesional al investigado", sólo para "conjurar el riesgo de reiteración delictiva".
Evasión de 30 millones de euros
Según detalla un informe de la UDEF de la Policía Nacional, habría evadido 30 millones de euros con la investigación en curso desde el año 2012. Jordi Pujol Ferrusola estaría utilizando una estrategia "insistente y continuada" de despatrimonialización para sustraer capitales de la acción de la Justicia. La principal hipótesis se refiere a la posibilidad de que la familia quiera esconder los fondos para que un eventual embargo judicial –en caso de que se determine su responsabilidad penal– no los comprometiera.
Ya ha llovido desde que el juez José de la Mata unificara en diciembre todas las piezas de esta investigación. Armó el denominado caso Pujol exponiendo un boceto de presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad documental relacionados con el origen de la fortuna familiar. Según el magistrado, "la familia Pujol Ferrusola ha orquestado durante años una estrategia compartida y coordinada para desarrollar negocios, generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios para conseguir el lavado de los activos conseguidos".
Jordi se ofreció entonces a comparecer ante José de la Mata que le recibió en febrero de 2016 y, a instancias de la Fiscalía, le retiró el pasaporte con prohibición de abandonar España y obligación de comparecer semanalmente en el Juzgado más próximo a su domicilio. El juez sostuvo que viene "faltando claramente a la verdad en sus declaraciones en sede judicial", donde de nuevo "negó tener cuentas en varios lugares que la documentación ha demostrado que sí la tenía".
Se refiere a la documentación remitida por Andorra en comisión rogatoria, que acreditó que los siete hermanos Pujol Ferrusola y la madre, Marta Ferrusola Llados, poseían cuentas en el Principado. Demostró también que el hijo mayor se encargaba de repartir dinero de forma equitativa entre ellas. Con esta y otras pruebas, el juez de la Mata acusa a Pujol júnior de dirigir un entramado de sociedades que no producen valor real y sirven solo para "canalizar capitales de presunto origen criminal".
A vueltas con "el legado de Florenci"
José de la Mata intenta esclarecer el origen de la fortuna que los Pujol conservan en el extranjero –1.800 millones de euros según el ministerio del Interior, hasta 3.000 según los últimos datos–. Todos los miembros de la familia han sostenido que procede del legado del abuelo Florenci, padre del expresidente catalán, multiplicada por la excelente gestión de Jordi Pujol Ferrusola. Sin embargo, el magistrado habla de comisiones ilícitas cobradas a cambio de conceder contratos públicos desde el Gobierno de Cataluña a empresarios de la construcción. Se dirige en concreto contra operaciones realizadas por el gestor fiduciario Rainford Towning, propietario de varias compañías a las que hicieron transferencias sociedades como FCC y EMTE "con destino final Pujol Ferrusola" y que luego se taparon con facturas falsas.
Jordi Pujol Ferrusola defiende que llevó a cabo tareas de asesoramiento a empresas por las que cobró varios millones. Tampoco le da credibilidad de la Mata, que indica en su auto que Pujol no ha aportado "el más leve indicio que justifique la preparación, realización o seguimiento" de estos trabajos. Según la Audiencia Nacional, existen indicios de que intervino en "operaciones comerciales ilógicas" y ha utilizado entramados societarios internacionales diseñados para el blanqueo de capitales en el extranjero, que ha podido repatriar con ayuda de testaferros.
Los indicios apuntan a que el primogénito mantiene contactos con amigos y personas de su familia para "orquestar versiones, armar cortadas y conseguir evitar la aportación de pruebas", según el magistrado. También donó a su hija 558.000 euros para la compra de un inmueble a nombre de una sociedad instrumental. En este sentido, la Justicia considera necesarias las medidas cautelares en el marco de la investigación por delitos de delitos de blanqueo, fraude fiscal y falsedad documental.
Corrupción en Cataluña
Marta, Mireia y Oriol Pujol Ferrusola se desmarcaron también de cualquier maniobra ilícita. Fueron los últimos en acudir a la Audiencia Nacional por el presunto blanqueo de capitales. Los tres alimentaron la versión del legado de Florenci sin aportar un solo documento acreditativo. Oriol, que continuó con la saga política llegando a la portavocía de Convergencia y al Parlamento catalán como diputado por CiU, añadió que, dada su condición de representante político, la naturaleza y la cantidad de sus cuentas en Andorra le "incomodaba". Por eso, se puso en contacto con su hermano Jordi. "Dóna-m'ho", dónamelo o dámelo, equivalentes en catalán, fue la respuesta. Según Oriol, le regaló su parte de medio millón de euros al primogénito. ¿Por qué, si procedían de la herencia, no los repartió entre toda la familia? Una duda sin despejar.
De la Mata aún desconoce el origen de los fondos. Sin embargo, el informe de la UDEF derivado de la llamada Operación Corcho –el reparto de fondos por Jordi Pujol Ferrusola mediante transferencias millonarias por idéntica cantidad a sus hermanos y a su madre– apunta a posibles comisiones cuyos pagadores "siempre son sociedades adjudicatarias de contratos públicos en Cataluña". Para reforzar esta posición, alude a sumarios como los casos Palau o Pretoria –donde quien fuera secretario de Presidencia de Jordi Pujol reconoció que el reparto de comisiones de entre un 3% y un 4% "era lo habitual en el mercado"– que exponen amaños de contratos a favor de empresarios que pagaban a Convergencia.
Según José de la Mata, no hay razón que justifique que todos hayan negado que tuvieran cuentas bancarias fuera de España. A renglón seguido, el juez detalla las operaciones y señala que la mayoría de los fondos ingresados mediante transferencia en las cuentas de los hermanos y la madre provienen de las diferentes posiciones que titularizó Jordi en la Andbank. Existe un patrón similar de comportamiento en la actuación del grupo familiar: mantuvieron los fondos en Andbank hasta 2010, fecha en que los pasaron a BPA. En esta entidad los mantuvieron hasta 2012, cuando los ocultaron tras fundaciones panameñas hasta 2014, con la excepción de Oriol Pujol Ferrusola, "que lo reintegró en efectivo metálico desconociéndose su destino final".