El Tribunal de Cuentas se ha negado a dar su conformidad a la contabilidad de 2015 de nueve partidos, entre ellos Ciudadanos, Izquierda Unida (IU), Compromís, Convergencia (CDC, socio de la nueva Junts per Catalunya) y EH Bildu, al detectar demasiadas incidencias, deficiencias y discrepancias que limitan de examen.
Así consta en el "Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos, ejercicios 2014 y 2015", que el Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó la pasada semana y que acaba de remitirse al Congreso.
El informe, recogido por Europa Press, examina las cuentas anuales de 30 formaciones políticas que percibieron, directa o indirectamente, algún tipo de subvención pública para atender sus gastos de funcionamiento otorgada por el Estado o las comunidades autónomas o como consecuencia de haber obtenido representación parlamentaria en los procesos electorales de 2015.
20 pasan el examen, aun con salvedades
Aunque con salvedades, el Tribunal de Cuentas ha emitido una opinión favorable de 20 formaciones políticas respecto del ejercicio 2014, y de 19 en cuanto al ejercicio 2015, incluyendo al PP, al PSOE y Podemos. Por contra, emite opinión desfavorable sobre siete formaciones en 2014 -Izquierda Unida (IU), Coalición Compromís, Aralar, Coalición EH Bildu, Convergència (CDC), Eusko Alkartasuna (EA), y Partido Aragonés-, y hasta nueve en 2015 (las mismas más Ciudadanos y la federación EH Bildu), debido a las limitaciones al alcance y/o a la importancia cualitativa de las salvedades puestas de manifiesto.
Por diversas razones, no ha sido posible emitir opinión sobre los estados contables de dos formaciones: Unió Democrática (UDC), el socio democristiano de CiU que acabó en concurso de acreedores, y Unión Progreso y Democracia (UPyD), ya abandonado por Rosa Díez y que no entregó gran parte de la documentación que se le pedía.
Deuda con los bancos: 233 millones
La deuda con entidades de crédito del conjunto de formaciones políticas ascendía, a finales de 2015, a 233,3 millones (193,9 millones un año antes). Al cierre de los ejercicios fiscalizados, seis formaciones presentaban patrimonio neto negativo, incluyendo a Iniciativa per Catalunya (hoy en En Comú), Unió Democràtica (UDC) y la federación de CiU. En el caso de estas dos últimas organizaciones, que ya no concurren a elecciones aunque sí buena parte de sus antiguos dirigentes, su situación de desequilibrio patrimonial ya se había puesto de manifiesto en informes de fiscalización anteriores.
En sus recomendaciones, el Tribunal de Cuentas propone que las formaciones políticas que presenten durante dos o más ejercicios económicos una situación patrimonial negativa ajusten sus actividades económicas con objeto de alcanzar el necesario reequilibrio patrimonial y elaboren un plan de saneamiento para evitar caer en situaciones de insolvencia, habida cuenta de que los ingresos públicos representan la mayor parte de los ingresos registrados.
Irregularidad sancionable en PNV, IU Y NC
La institución que preside Ramón Álvarez de Miranda denuncia también que una docena de formaciones no presentaron en 2014 y 2015 el preceptivo informe relativo a la revisión del sistema de control interno prescrito en la Ley de Financiación de Partidos Políticos, entre ellas PNV, Geroa Bai, Izquierda Unida (IU), Nueva Canarias, Bildu (junto a la marca Sortu y la antecesora Amaiur), BNG, Convergència (CDC), Unió (UDC) y la federación CiU.
El Tribunal de Cuentas avisa de que "la falta de un sistema de auditoría o control interno a que hace referencia dicho precepto podría constituir una irregularidad sancionable tipificada en el artículo 17 de la mencionada Ley Orgánica".
Se han detectado además otros incumplimientos que también podrían constituir infracciones sancionables como la no identificación de los cargos públicos o de los donantes que realizaron aportaciones a las formaciones políticas, la no determinación de las personas físicas que efectuaron donaciones, las donaciones aceptadas de personas jurídicas pese a la prohibición de 2015, la participación indirecta, a través de sociedades mercantiles, en los rendimientos procedentes de la actividad mercantil, o el incumplimiento del deber de colaboración por las formaciones políticas con el Tribunal de Cuentas.