El Parlamento catalán ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, según fuentes parlamentarias. La presentación de alegaciones fue aprobada el 27 de diciembre por la Diputación Permanente de la Cámara autonómica con los votos a favor de Juntos por el Sí y Cataluña Sí Se Puede –la filial de Podemos–, la abstención de la CUP y el voto en contra de Ciudadanos, el PSC y el Partido Popular.
Juntos por el Sí reclamó en noviembre un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias sobre el 155 y el órgano consultivo de la Generalidad concluyó que el precepto era susceptible de recurso porque, entre otras razones, el cese del Gobierno regional no era una "medida necesaria o indispensable".
El recurso del Parlamento catalán lleva la firma del letrado de la Cámara Joan Ridao. Sostienen en uno de sus enunciados que cesar al Gobierno de Carles Puigdemont "supone una quiebra no solo del principio de autonomía sino también del modelo parlamentario de gobierno que asegura la Constitución y el Estatuto". De acuerdo con las alegaciones, "aparte de constituir una grave invectiva contra el estado de derecho, vulnera el principio de legalidad y de jerarquía normativa". El letrado añade que la disolución del Ejecutivo no es adecuada ni necesaria para impedir una declaración de independencia.
Considera que el cese es una mera "sanción" al antiguo Gobierno de Cataluña y también rechaza que se haya disuelto el Parlamento y que lo haya hecho el presidente del Gobierno Mariano Rajoy en virtud del 155: "No hay que descartar que el presidente de la Generalidad, pese al carácter coercitivo de la medida, hubiera podido disolver el Parlamento por iniciativa propia, evitando la injerencia de una autoridad ajena al sistema institucional catalán".
¿Suspensión de la autonomía?
El recurso sostiene que las medidas del 155 aprobadas por el Consejo de Ministros "culminan la suspensión en toda regla de la autonomía de Cataluña, puesto que no solo se cesa al gobierno, sino que sitúa a la Administración bajo su dependencia y al Parlamento en una posición de subordinación jerárquica con relación al Gobierno del Estado". Además, "para hacerlo se atribuye funciones que la Constitución reserva exclusivamente a los tribunales ordinarios y también al Tribunal Constitucional", concluye el recurso.
La aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía catalana sigue vigente hasta que se nombre un nuevo Gobierno autonómico tras las elecciones del 21 de diciembre. La legislatura quedará constituida el 17 de enero con el nombramiento de los miembros de la Mesa, a la espera de que antes del 31 de enero se convoque la sesión de investidura.
El Tribunal Constitucional aborda a partir de este miércoles otro recurso de Podemos contra la aplicación del 155. Los magistrados decidirán si admiten o no a trámite las alegaciones del partido de Pablo Iglesias. No supondría la suspensión inmediata de las medidas articuladas por el Gobierno central, sino que habrá que esperar hasta que el órgano protector de la Carta Magna se pronuncie sobre e fondo de la cuestión en un auto argumentado.