Si Francisco Correa "quería cobrar" por los actos de campaña que organizó para el Partido Popular valenciano, entonces tenía que emitir facturas falsas a los empresarios beneficiaros de contratos de obras públicas. Si los empresarios querían contratos públicos, tenían que pagar a la firma de Gürtel que se encargaba los actos de campaña. El cabecilla de la trama ha certificado ante el Tribunal que juzga esta pieza separada en la Audiencia Nacional la financiación ilegal de la formación a nivel autonómico. Nueve empresarios han avalado antes que él la tesis de la Fiscalía, en todos los casos para obtener rebajas en la condena final.
Correa "sabía que para cobrar teníamos que facturar a los empresarios que se han sentado aquí", ha explicado a preguntas del Ministerio Público. Emitía las facturas mediante la empresa Orange Market, que organizó las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008 con Francisco Camps como figura de cartel. La fiscal Myriam Segura ha preguntado que de quién era la iniciativa: "Del Partido Popular", ha contestado, en concretofue el exsecretario general del PP en Valencia "Ricardo Costa (quien) le dijo a Pablo (Crespo) que teníamos que facturar con empresarios".
Ha profundizado en ese momento: "No sé imagina el enfado con el que Pablo vino a Madrid, porque en actividad anterior era político y sabía el problema". Correa "imagina" que a los empresarios también les "obligaron" a pagar a Orange Market si después se querían ver beneficiados. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el Partido Popular pagó a la propia Orange Market 3,4 millones de euros por actos electorales y otros eventos entre 2007 y 2008. Precisa que la formación política abonó 2,03 millones de euros, de los cuáles 1,2 millones fueron sufragados por los empresarios.
El líder de la Gürtel ha asegurado que no conoce "absolutamente a nadie del PP de Valencia" y que eran los acusados Pablo Crespo –ex secretario general del PP gallego y su entonces número dos– y Álvaro Pérez el Bigotes –su hombre enlace en Valencia– los que llevaban el "día a día". No obstante, con un tono un poco elevado, ha añadido que todos sus trabajadores y sus empresas "han hecho un trabajo honrado" y si emitieron facturas falsas "para poder cobrar por trabajos realizados" era porque el PP "no les pagaba".
En relación con las cuentas del llamado Grupo Correa, la "caja B pequeñita" ha confirmado que "quien daba instrucciones era yo". Francisco Correa ha enumerado y desgranando las empresas que formaron su grupo empresarial: "Yo no era la persona que creaba las sociedades fuera de España. Inicialmente creamos unas y hubo varios cambios de los que Pablo Crespo podría dar más información". El empresario Ramón Blanco Balín creó algunas, labor que desarrollaba Luis de Miguel hasta su llegada: "Nunca me ocupé de temas societarios", ha sostenido el cabecilla confeso, "normalmente yo hablaba con Pablo Crespo y él preguntaba por las cuestiones fiscales".
Esta confesión por parte de Correa se enmarca en su actitud de colaboración con la Justicia que anunció ya en el anterior juicio de la trama Gürtel, relativo a sus primeros años de actividad (1999-2005). El creador de la red envió hace unos días un escrito al juez José María Vázquez Honrubia donde reconoció que los empresarios –por orden del Partido Popular– pagaron a Orange Market en negro y con facturas falsas.
Funcionamiento de la Gürtel
En cuanto a Camps, ha relatado que lo conoció en la boda de la hija del expresidente del Gobierno José María Aznar y que el que tenía relación con él era Álvaro Pérez: "Cuando dejamos de trabajar para Madrid –en alusión al PP nacional– Camps conoció a Álvaro a través de Alejandro Agag y le dijo que le gustaba mucho su trabajo y empezó a hacer cosas allí", ha explicado. Correa ha reiterado que el Bigotes es "muy buen creativo" y que fue quien dirigió Orange Market. "Tuvimos muy poquito trabajo para la Generalitat".
En este sentido, ha asegurado que "nadie le ha pagado nada" y que no sabía quien hacía las facturas en Orange Market: "Ninguno de los empleados de Orange Market me conocía, no iba yo por Valencia, en contra de lo que mucha gente cree". El líder de la Gürtel ha precisado que él creó a finales de los años 80 varias empresas "diferentes" e "independientes" entre ellas, con "directores diferentes" y sin una "contabilidad unificada". Sí tenían era una "importante sinergia": ofrecer a un mismo cliente distintos servicios y "fuimos pioneros".
Entre las anécdotas de la jornada, Correa, una vez más, se ha mostrado enfadado porque esta causa se haya bautizado con la traducción de su apellido en alemán: "Me pone muy nervioso que se llame Gürtel en alemán". La sesión se reanuda mañana a las 10.30 horas con la declaración del ex secretario de Organización de PP en Galicia y nº2 de la trama Pablo Crespo.
Confesión de los empresarios
Un Tribunal ha visto cómo por primera vez empresarios beneficiados por adjudicaciones de contratos reconocen que financiaron ilegalmente al Partido Popular. Sin textuales potentes –se han limitado a ratificar con monosílabos las posiciones del Ministerio Público–, los nueve constructores que han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción han admitido el escrito de acusación: que ingresaron más de dos millones de euros a la empresa Orange Market, cuyo responsable era Álvaro Pérez con la supervisión de Correa.
Eludirán la cárcel con esta confesión y habiendo devuelto el dinero. Este testimonio arrincona a los cinco ex altos cargos del PP de Valencia acusados: Ricardo Costa (se enfrenta a 7 años y 9 meses), exsecretario general del PP de Valencia y exportavoz en la Cortes Valencianas; Vicente Rambla (7 años y 9 meses), exvicepresidente del Gobierno valenciano; David Serra (7 años y 9 meses), exvicesecretario del PP valenciano, Cristina Ibáñez (7 años y 9 meses), exgerente del PP de Valencia y Yolanda García (6 meses), exdiputada en las Cortes valencianas.
La Fiscalía pide para Correa y Crespo –exsecretario de organización del PP gallego– 24 años y medio de prisión; mientras que para el Bigotes solicita 27 años de prisión. Estos tres se encuentran ya en prisión cumpliendo la condena de hasta 13 años impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por amañar los contratos del expositor institucional de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).