El paso que le queda es que el Parlamento andaluz valide el Decreto por el que se regula el procedimiento de designación, pago y reintegro de los gastos correspondientes a pruebas periciales, traducciones e interpretaciones en procedimientos judiciales con cargo a la Administración de la Junta de Andalucía. Ya lo ha aprobado con un solo voto particular (2017/721) en contra la Comisión Permanente del Consejo Consultivo, ya que el Pleno no interviene cuando el objeto de la consulta son los decretos.
Es de relieve conocer que la Junta lleva cuatro años intentando lograr este objetivo, intento que fue puesto en marcha por el anterior consejero de Justicia e Interior de la Junta, el ex fiscal Emilio de Llera. El intento fue firmado por Pedro Izquierdo, que fue alto cargo de Justicia en la Junta y que, cuando volvió a la carrera judicial, fue agraciado en el sorteo celebrado con la presidencia del tribunal del juicio de los ERE, a lo que tuvo que renunciar tras un sonoro escándalo político derivado de su recusación.
El objetivo del Decreto es que sea la Junta la que decida sobre quiénes deben ser los peritos judiciales. En su artículo 4 se dice textualmente:
Artículo 4. La asistencia pericial y lingüística.
La Administración de la Junta de Andalucía prestará, en los términos establecidos en el presente capítulo, el servicio de asistencia pericial y lingüística a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal:
a) Por medio de los recursos propios de la Administración de la Junta de Andalucía que, a los efectos de este Decreto, están integrados por:
1.º El personal técnico adscrito a los servicios de apoyo a la Administración de Justicia.
2.º Otros empleados públicos, entidades instrumentales y organismos de la Junta de Andalucía.
3.º Las entidades adjudicatarias de los contratos administrativos suscritos al amparo de la normativa vigente en materia de contratación del sector público, cuyo objeto sea la prestación del servicio de peritaciones judiciales y de traducción e interpretación.
b) Mediante la intervención de profesional privado de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo.
Aunque parece que al final se admite la intervención de profesionales privados como peritos judiciales, dos artículos más adelante se especifica que ello sólo ocurrirá si la Administración no puede proveer de peritos de su ámbito.
Artículo 6. Intervención de peritos, traductores e intérpretes privados.
Excepcionalmente, cuando la Administración de la Junta de Andalucía se viera en la imposibilidad de realizar la asistencia solicitada a través de sus recursos propios, los órganos administrativos periféricos de la Consejería competente en materia de justicia comunicarán esa circunstancia al órgano judicial o al Ministerio Fiscal solicitante, indicándole que proceda a la designación de profesional privado conforme al procedimiento regulado en el artículo 341 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, y las previsiones del artículo 9 del presente Decreto.
Por tanto, el Decreto que se presentará para su aprobación al Consejo de Gobierno y luego al Pleno del Parlamento andaluz cuando corresponda, posibilita que la Junta de Andalucía pueda decidir qué peritos actuarán en calidad de servicio profesional a los Tribunales con el objetivo de ahorrar dinero, puesto que si pertenecen a la órbita administrativa los honorarios pueden ser regulados de otra manera.
Hasta ahora, y así está previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los procedimientos judiciales se introducían los dictámenes de peritos designados libremente por las partes y se reservaba la designación por el tribunal de perito para los casos en que así le sea solicitado por las partes o resultase estrictamente necesario.
Hasta ahora en Andalucía, ser perito judicial en un procedimiento exigía estar inscrito en una relación de "peritos judiciales" vigentes en las delegaciones del gobierno de la Junta en cada provincia de donde se elegían los adecuados para cada proceso. Pero según la Junta de Andalucía, los juzgados no respetan siempre esas relaciones y luego es la Junta la que debe agar los honorarios de los peritos. Por ello, su designación para auxilio judicial incluye aquellos procedimientos en los que la Administración andaluz sea parte o tenga algún interés.
De haberse aprobado este decreto en los años anteriores, muchos de los peritos que han prestado auxilio judicial en las macrocausas pendientes de juicio, desde los ERE al caso de la formación pasando por el caso avales, el de Invercaria y otros, podrían haber sido designados por la Junta de Andalucía.
El voto particular discrepante de Francisco Gutiérrez, consejero a propuesta del PP andaluz en el Consejo Consultivo de Andalucía, ha sido destacado por El Independiente. Su argumento principal es mantener la independencia de las pruebas periciales que sustentan la imparcialidad de los órganos judiciales. Pero si es la Junta la que nombra a personas "convenientes" a sus intereses, esa independencia e imparcialidad pueden quedar en entredicho.
En el dictamen de su voto particular se dice que "será la Administración de la Junta de Andalucía la que realice, por ejemplo, con propio personal o mediante contratación externa, no sólo los informes periciales que quiera aportar motu proprio y en defensa de sus intereses como parte en el procedimiento, sino también aquellos otros con los que quiera contar el órgano judicial para fundamentar su sentencia".
Ni siquiera, aduce el discrepante, se ofrece a los jueces una terna con varios nombres para poder elegir ni tampoco se garantiza que la prestación de la asistencial pericial la lleve a cabo "necesariamente" un funcionario público, sino que los peritos pueden ser seleccionados por la propia Administración entre el personal técnico adscrito a los servicios de apoyo a la Administración de Justicia, otros empleados públicos (en concepto que engloba, según el Estatuto Básico de los Empleados Públicos, a funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral indefinido o temporal y personal eventual) y por las entidades instrumentales (de cualquier tipo) u organismos de la Junta de Andalucía".
Para Gutiérrez, el peritaje judicial tras este Decreto queda en manos de la Junta que decidirá en cada caso lo que más le convenga, especialmente en aquellos en que la Junta sea la acusada o acusadora en el procedimiento.
La fiscalía no quiere que Susana Díaz declare
Nuevo revés para el PP andaluz, que ejerce la acusación particular en el caso de la pieza política de los ERE. Era la única parte que, en las cuestiones previas que se dirimen en el proceso contra Manuel Chaves, José Antonio Griñán y 20 ex altos cargos más de la Junta de Andalucía, había solicitado la declaración como testigo de la presidenta de la Junta.
En el momento procesa de las cuestiones previas, defensas y acusaciones manifiestan unas divisiones llamativas, lo que hace aún más complejo el panorama del juicio que se celebra. Aunque lo que se juzga es si la Junta ideó y ejecutó un procedimiento delictivo de ayudas a empresas en crisis, el PP se ha quedado solo en dos cuestiones bien complicadas. No ha conseguido que las demás acusaciones acepten un presunto delito de asociación ilícita de los acusados ni ha conseguido que apoyen la declaración de la presidenta de la Junta en calidad de testigo en el juicio por tener "amplio conocimiento" de lo ocurrido.
Explica ABC que ni la Fiscalía Anticorrupción ni Manos Limpias, la otra acusación popular en la causa, respaldan al PP en esta batalla jurídica. Incluso el fiscal Manuel Fernández Guerra se puso de parte de las defensas que solicitaron al tribunal que se excluya la asociación ilícita del proceso.
Tampoco ve justificada la comparecencia de Susana Díaz en el juicio a pesar de que durante su etapa como consejera de la Presidencia se dictó el decreto que convalidó las ayudas, toda vez que éste fue impulsado por la Consejería de Empleo siguiendo recomendaciones aprobadas en el Parlamento.
Pero la Fiscalía apoyó al PP para que declaren como testigos la senadora socialista y exconsejera de Presidencia Mar Moreno y el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, por las ayudas concedida al Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz) cuando era alcalde.