El jerezano Antonio Fernández siempre ha estado considerado como uno de los chivos expiatorios perfectos del caso ERE. De nivel medio en el partido y con influencia, ya casi nula, sólo en la provincia de Cádiz, fue con José Antonio Viera los que iniciaron el esquema de las ayudas a empresas y trabajadores que se generalizaron a partir del año 2000. Pero ni él ni su compañero de expiación, Francisco Javier Guerrero, han querido asumir el papel sacrificial para librar a los santones del PSOE andaluz. Hoy da un paso más en esa dirección.
Hay que recordar un detalle que los vincula y que a menudo pasa desapercibido. Aunque tienen diferente abogado defensor, Fernández y Guerrero se relacionan a través del despacho del abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, con el que comenzó a colaborar en 2013 precisamente para defender a despedidos por la Junta de Andalucía en el Servicio Andaluz de Empleo.
Ahora, el exconsejero Fernández, que ha estado en prisión preventiva a diferencia de los demás ex altos cargos con excepción de Francisco Javier Guerrero, reconoce en un escrito presentado al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla hace dos días que, en el caso de las ayudas que dieron origen al caso ERE, no se tuvo en cuenta la orden de 1995, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que no fue considerada ni mencionada en Andalucía.
El exconsejero se refiere concretamente al caso de la empresa conocida como Cárnicas Molina, empresa a la que se ayudó con 151 millones de pesetas para prejubilaciones en el año 200º, cuando comienza el caso ERE. Aporta Eldiario.es que tanto el entonces viceconsejero Fernández como el exinterventor Manuel Gómez, cuando se tramitaban aquellas ayudas, coincidieron en que "no existiendo regulación específica en la comunidad autónoma, a tenor del artículo 107 de la Ley General de la Hacienda Pública, el planteamiento de la subvención como excepcional está plenamente justificado al haberse acreditado su interés social y económico".
Si bien la orden ministerial de 1995 permitía que las Comunidades Autónomas establecieran tales ayudas, lo cierto es que la Junta de Andalucía "con cargo a sus propios Presupuestos decidió implantar una línea propia de ayudas de este tipo ("análogas"), las cuales por tanto y por definición no eran las estatales reguladas por la Orden Ministerial del 95 y así se defendió desde la Consejería de Empleo y la Intervención General lo ratificó.
O sea, que las ayudas se interpretaron como subvenciones de carácter extraordinario o excepcional pero ni se consideraron oficialmente así ni se controlaron adecuadamente. Es más, "la Junta no estableció procedimiento alguno de concesión sino que legalizaba de alguna manera las ayudas ya existentes, apuntando que los ERE fueron ayudas asistenciales y no laborales."
Destaca en la información el hecho de que el escrito de Fernández apoya la tesis de la Fiscalía y el PP al asegurar que las ayudas se dieron "sin amparo de ninguna norma", y contradice lo que manifestó Soledad Córdova, ex directora general del Ministerio de Trabajo entre 1991 y 2004 durante su declaración en octubre como investigada en esta misma pieza. En ella, Córdova dijo que la Junta no había incurrido en ilegalidad porque aplicaba la orden de 1995 que, precisamente, emitieron ella misma y el entonces ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Antonio Griñán.
La defensa de Fernández dice que "si se hubiera entendido que la Orden Ministerial del 95 era aplicable o constituía el fundamento de las ayudas andaluzas es obvio que jamás, al mismo tiempo, se hubiera podido sostener, ni por el órgano gestor ni por la Intervención, la tramitación de la ayuda a Hijos de Andrés Molina como 'excepcional… al haberse acreditado su interés social y económico', que es lo que se hizo".
Ahora, la alarma ha saltado entre los investigados y procesados del caso porque si se asume la tesis que defiende ahora la representación legal de Antonio Fernández, sería cierto, como dice la Fiscalía y las acusaciones, que las ayudas de los ERE se dieron al margen de toda legalidad durante más de diez años. Por ello, otras defensas afirmen que la Junta aplicó la ya famosa orden de 1995 amparada en la cláusula general de supletoriedad del Derecho estatal.