La Fiscalía Anticorrupción, en connivencia con la Fiscalía General del Estado, sigue posponiendo la imputación de Francisco Camps. El Ministerio Público ha anunciado que decidirá si investiga o no al expresidente de la Generalidad valenciana cuando termine el juicio por la vertiente de la trama Gürtel en dicha Comunidad Autónoma. Tanto Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez; como ex altos cargos de la formación han señalado al exdirigente popular como responsable de la financiación ilegal sometida a práctica de prueba.
El escueto comunicado informa de que "la Fiscalía procederá a valorar la implicación del expresident de la Generalitat valenciana Francisco Camps por las declaraciones vertidas en las sesiones del juicio del caso Gürtel, cuando concluya la totalidad de la práctica de la prueba propuesta por las partes".
La confesión de Ricardo Costa marcó el miércoles un punto de inflexión en este sentido. El exsecretario general del PP valenciano certificó el juez que su partido financió las campañas electorales de 2007 y 2008 "con dinero negro de empresarios contratistas de la Generalitat" por indicación de Camps. Esta revelación se suma a las firmadas antes por Francisco Correa; su número dos Pablo Crespo y el hombre enlace en Valencia Álvaro Pérez el Bigotes. Los tres señalaron al expresidente regional como la persona que estableció el sistema corrupto: si su sociedad Orange Market quería cobrar por los actos electorales organizados, tenía que emitir facturas falsas con cargos a empresarios que se beneficiaban de adjudicaciones amañadas de contratos públicos.
Correa reconoció que Orange Market cobró en esos dos años 3,4 millones de euros en negro del PP valenciano. De esa cantidad, alrededor de 1,2 millones fueron sufragados por nueve empresarios que también han confesado.
Postura de Camps
Francisco Camps ha reaccionado a la avalancha de acusaciones. Ejerce ahora como miembro del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, cargo por el que cobra 58.000 euros anuales. El exdirigente del PP se resiste a abandonar sus responsabilidades públicas. Niega la financiación ilegal de la formación reconocida por el grueso de los acusados en el juicio de la Gürtel.
"Es triste que el derecho a la defensa incluya la obligación a la ofensa. Es imposible que nadie pueda decir en concreto nunca nada de mí, jamás, porque nunca di ni una orden para una actitud irregular o ilegal" ha manifestado. Ha subrayado el hecho de que el juez instructor no le citara ni como testigo en la causa: "Es evidente, entonces, que no tengo ninguna responsabilidad, me tienen especial inquina".