Las empresas del grupo Prescal, pertenecientes al exconsejero de la Junta Ángel Ojeda Avilés, investigado en el caso del fraude de la formación, recibieron 33 millones de euros para cursos de formación a los empleados de Delphi. En un nuevo atestado que la UDEF ha entregado a la juez Núñez Bolaños se reflejan diversas irregularidades para justificar la financiación de los cursos.
Contrasta el interés investigador de la unidad policial que investigó el caso EDU, detonante del caso del fraude de la formación, con las decisiones de la jueza. Mientras la Policía hace hincapié en las irregularidades, la jueza, contradiciendo su propia decisión, permite pruebas solicitadas por el investigado Ojeda que negó anteriormente –siendo las mismas–, a la acusación del PP andaluz.
En su informe los agentes de UDEF dicen que "queda demostrada la existencia de facturación circulante entre las diversas entidades afines al Grupo Prescal, facturación que pudiera haber sido utilizada para llevar a cabo la justificación económica de los cursos de manera ficticia o inflando los costes reales ".
Europa Press da cuenta de que la Policía deduce tal circunstancia del volcado de los efectos informáticos intervenidos en la sede social de las mercantiles Prevención de Riesgos y Calidad SL (Prescal), Fundación de la Formación Profesional para el Empleo (Forme) y otras.
Confirma el informe que "nuevamente, queda reflejado que Serpro era un ente más de Prescal, así como el volumen de fondos por hora facturada por cada docente que retornaba a Prescal (aproximadamente el 50% de media)", algo que se había puesto en duda.
Por si fuera poco, el atestado policial afirma la existencia de una "la facturación excesiva, aunque no la pagaban a los docentes, en detrimento, entre otros, de los propios alumnos". "El docente sería obligado a facturar por unas horas por las que no iba a cobrar ni tan siquiera el precio de la adenda, lo que supone beneficio neto para Prescal", añade.
Se constata además la existencia de una "caja única" en el grupo de Ángel Ojeda "como queda claro en los movimientos bancarios analizados, en el que se visualiza como se traspasan fondos de unas cuentas a otras, tituladas por distintas empresas, en función de las necesidades de liquidez de cada una de ellas".
Los agentes de la UDEF aseguran en el atestado que "se vuelve a confirmar la práctica de irregularidades --como firmar sin asistir o cambio de facturas-- para conseguir el cien por cien de la justificación económica, así como el cambio en el sistema de contratación, a través de Serpro".
Complicidad Junta-empresas de Ojeda
"Se vuelve a observar el aprovechamiento de algunos de los técnicos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) del buen ambiente con las empresas afines a Prescal para, entre otras cosas, colocar a amigos", concluyen las conclusiones de la UDEF.
Se apunta que dos empleadas de Ojeda que, a pesar de ser conscientes de cometer irregularidades, las hacían con especial dedicación. La UDEF señala que existen indicios de su participación en los delitos de organización criminal, fraude en subvenciones y falsedad documental.
Las irregularidades detectadas en las prácticas del grupo de Ojeda son:
- Solicitar a diferentes empleados del grupo que consiguieran documentos (presupuestos y ofertas docentes) para justificar los cursos y cobrar el cien por cien de las subvenciones.
- Falsificar o consentir que se alteraran los partes de asistencia a los cursos, con la finalidad de evitar las 'caídas de alumnos'.
-Solicitar a proveedores de que modificaran las facturas, así como la generación de presupuestos "a medida por parte de proveedores y docentes".
-Cambiar los conceptos de las facturas "para ir cuadrando las cuentas, imputando facturas a cargo de unos u otros cursos en función de la cantidad pendiente de justificar en cada uno, atendiendo también, en algunos casos, a la fecha de finalización del curso".
-Introducir el término "material en alquiler, facturando siempre servicios y no bienes tangibles, o material consumible".
- Solicitar a diversos docentes y proveedores que facilitaran presupuestos, aunque la acción formativa ya hubiera finalizado, detallando el concepto y el precio a reflejar en cada uno de ellos, cumpliéndose así con el requisito de presentar diferentes ofertas cuando el importe excedía de determinadas cantidades". Para esta técnica, se ha llegado, incluso, "a falsificar documentación", añade la UDEF.