Tras una semana de intensas deliberaciones, los letrados del Parlamento de Cataluña han entregado al presidente de la cámara y los miembros de la Mesa el informe sobre los plazos de investidura. El documento lleva la firma del secretario general Xavier Muro, no del letrado mayor, Antoni Bayona, y ha suscitado la división en los servicios jurídicos de la institución.
En síntesis, se entiende que todavía no ha comenzado la cuenta atrás para la repetición de las elecciones porque el presidente de la cámara, el republicano Roger Torrent, decidió aplazar la sesión a la vista de las dudas jurídicas que plantea la candidatura que él mismo había propuesto de Carles Puigdemont.
El texto anticipa que "la decisión del Tribunal Constitucional puede afectar la viabilidad de la candidatura desde el punto de vista jurídico y eso hace necesario esperar a ver su contenido y los efectos concretos que tiene sobre el procedimiento". También descarga responsabilidades sobre Torrent porque "hay suficientes elementos objetivos para considerar que el aplazamiento de la sesión plenaria no se ha producido por una decisión arbitraria del presidente de la cámara o con voluntad dilatoria sino como consecuencia de una decisión ajena, en este caso del Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno del Estado, por lo que tampoco se puede equiparar a una investidura fallida o a una primera votación sobre el candidato".
Según algunos de los juristas del Parlament, "el inicio del cómputo de dos meses requiere de un acto equivalente a la primera votación de investidura y que puede ser la comunicación a la cámara de la constatación del bloqueo político que impide que prospere un candidato".
Escenarios de futuro
En cuanto a los escenarios de futuro, el documento concluye que "si se prolonga la situación de interinidad o bloqueo institucional con posterioridad a la decisión del Tribunal Constitucional sobre la admisión a trámite de la impugnación, se podría considerar que el presidente de la cámara, en ejercicio de la función institucional que tiene atribuida, está facultado para activar el inicio del plazo para la convocatoria automática de elecciones mediante una comunicación a la cámara que constatase la imposibilidad de la investidura, sin perjuicio de su capacidad para iniciar una nueva ronda de consultas con los grupos políticos al efecto de formular nuevas propuestas".
Sin embargo, se le comunica a Torrent que "en el caso de que no impulsara el acto equivalente a una votación fallida, sin justificación objetiva y transcurrido un plazo razonable, se podría estudiar la posibilidad de que los grupos parlamentarios impulsaran ese acto equivalente por medio de los instrumentos correspondientes".
De esta manera, Torrent ha conseguido un dictamen favorable a la tesis del "tiempo muerto" de ERC a costa de dividir al equipo jurídico del Parlament. El documento no tiene valor vinculante y los informes de los letrados fueron durante la pasada legislatura papel mojado, pero en esta ocasión se le otorga un gran valor, toda vez que ampara que las negociaciones entre el grupo de ERC y el de Puigdemont se prolongue al menos hasta que haya una resolución del Tribunal Constitucional.
Las presiones de ERC a los servicios jurídicos frustraron un primer informe del letrado mayor menos condescendiente con el papel de Torrent.