Los compromisos adquiridos por ERC con Carles Puigdemont dificultan sobremanera que el fugado vaya a aceptar sin más una presidencia "simbólica" como ruega Junqueras desde la cárcel de Estremera. Las fuerzas vivas del separatismo arrastran al partido republicano en la estrategia de la confrontación total con el Estado.
En ese contexto, el presidente de la cámara catalana, Roger Torrent, ha dado un nuevo paso en favor de la causa del fugado al anunciar que impulsará una solicitud de medidas cautelares al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para que el Parlament pueda investir a Puigdemont a su gusto y a distancia, una petición abocada al fracaso.
Pretendía disimular que ha bloqueado la tramitación de los cambios de la ley de presidencia de la Generalidad que registró el pasado viernes Elsa Artadi. La reacción del grupo parlamentario de Junts per Catalunya ha sido muy crítica. El portavoz adjunto, Eduard Pujol, ha denunciado que ERC se resista a tramitar la nueva ley de presidencia y ha calificado la medida de Torrent ante Estrasburgo de "unilateral", "sorprendente" y "contraproducente" para la estrategia jurídica de Puigdemont.
Esa clase de demandas no pueden ser presentadas a título institucional, por lo que Torrent llevará a cabo una recogida de adhesiones en la bancada separatista si insiste en su idea. Se podría dar la situación de que sólo contara con el aval de ERC, el tercer grupo de la cámara con 32 diputados.
El desencuentro entre republicanos y junteros es cada vez más vivo, con actuaciones y declaraciones en público más propias de rivales que de teóricos aliados tras una convulsa reunión de la Mesa del Parlament.
Alegaciones al TC
Por otra parte, ha tenido que ser el letrado de la cámara Joan Riado, exdiputado de ERC, quien firme el escrito de alegaciones ante el Tribunal Constitucional contra la impugnación por parte del Gobierno de la candidatura de Carles Puigdemont. Ridao se basa en que la impugnación gubernamental tiene un carácter "preventivo" e "hipotético". También sostiene Ridao que el "voluntarista" abogado del Estado lleva a cabo una "desaforada inferencia en el sentido de presumir ya en el momento de la impugnación que el candidato a la investidura no haría acto de presencia en la cámara en el día y hora señalados para el debate".