La Audiencia Nacional no está por la labor de que Francisco Granados convierta la Operación Púnica en una causa contra todos. El juez Manuel García-Castellón ha rechazado por segunda vez la petición del supuesto cabecilla de la trama. No citará, por el momento, en calidad de imputados a la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, ni a sus predecesores en el cargo Esperanza Aguirre e Ignacio González y tampoco a la exalcaldesa de la capital Ana Botella.
El titular Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional entiende en un auto fechado a 12 de febrero de 2018 que las diligencias propuestas por Granados son "inútiles y perjudiciales". Ratifica su primera resolución en este sentido, porque cuenta con el visto bueno de la Fiscalía, y recuerda que "no es una cuestión baladí".
Valorada "de forma suficiente y razonada" la reclamación, el magistrado "trata de evitar que se practiquen diligencias que respondan a intereses espurios". Será el resultado de las diligencias que se siguen practicando las que determinen el devenir de sus actuaciones. En cuanto al careo que había solicitado con el presunto cerebro de la trama Púnica, el empresario David Marjaliza, "deberá quedarse a la espera de la nueva ronda de declaraciones".
La versión de Granados
Granados situó a González en la cúspide de la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid. Según su versión ante García-Castellón, la formación recibió inyecciones de dinero negro mediante entidades privadas y públicas como la fundación Fundescam y Arpegio. Extendió la acusación con argumentos menos sólidos en relación a Cifuentes, según fuentes presentes en el interrogatorio, porque "tenía entonces una relación sentimental con González" y a Aguirre porque "controlaba absolutamente todos los nombramientos en las administraciones de la Comunidad de Madrid".
Quien fuera secretario general del PP de Madrid y consejero regional basa su estrategia en la inculpación del resto de los mandatarios políticos en busca de la benevolencia de la Fiscalía. Granados dijo que el conjunto de las decisiones correspondía a Aguirre y González y "no necesariamente en ese orden" aunque no ha aportado una sola prueba que respalde su reconstrucción de los hechos.
Atribuyó a González todos los consorcios urbanísticos que firmaba a Arpegio con empresarios que habrían pagado comisiones como Marjaliza. Granados desvinculó su patrimonio oculto Suiza –que los investigadores no cuantifican hasta el momento– de la trama de corrupción.