Ayer se produjo el segundo incidente relevante en lo que llevamos de juicio por la pieza política de los ERE que comenzó el pasado 13 de diciembre. Si hace unos días, el secretario judicial Rafael Castro se negaba a seguir leyendo una declaración porque contenía preguntas no respondidas por el acusado y, a su juicio, era inútil leerla contra el criterio del tribunal, este lunes fue la defensa del procesado y exconsejero Francisco Vallejo la que logró suspender el juicio, contra el criterio inicial del Tribunal, aduciendo la convalecencia de una operación por laparoscopia.
Recuérdese que, durante la sesión del pasado martes, Vallejo se ausentó del juicio por encontrarse indispuesto, siendo trasladado en ambulancia al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde fue intervenido quirúrgicamente por laparoscopia el pasado miércoles aconsejándosele pro su cirujano evitar situaciones de esfuerzo físico y estrés psíquico.
La suspensión final se alcanzó tras un importante desencuentro entre el tribunal y la defensa del ex consejero.El nivel del conflicto llegó a tal que el tribunal tuvo que recordar la autoridad que tiene conferida y la autoridad del médico forense a la hora de dictaminar qué debe hacerse.
A las once y media de ayer, tras la petición de la defensa, parecía que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla suspendía el juicio del "procedimiento específico" de los ERE por la enfermedad del mencionado ex consejero. Pero el tribunal suspendió provisionalmente el juicio a la espera de que el médico forense de guardia emitiera un informe, a petición de la Fiscalía y la acusación del PP, sobre el estado de salud del ex consejero. Manos Limpias y las defensas de los procesados abogaban por la suspensión de las sesiones.
Tras disponer del informe del médico forense, el presidente del tribunal comunicaba a la defensa de Vallejo que debía comparecer para continuar el juicio o dar su consentimiento para que la misma continuara en su ausencia o visionar el juicio desde su domicilio. La sesión se suspendió de nuevo porque la defensa de Vallejo, la abogada Encarnación Molino, quería comunicar la decisión a su cliente.
La tensión fue subiendo cuando la abogada de Vallejo insistía en que su cliente no podía asistir porque está enfermo y el presidente del Tribunal respondió que al tribunal lo que le vale es el informe del forense. A partir de ahí, se generalizó una trifulca hasta el punto de que el presidente Juan Antonio Calle tuvo que imponerse en alta voz diciendo que no admitía más discusiones.
Manos Limpias pedía un nuevo informe forense y algunas defensas advirtieron del riesgo de nulidad apoyando la realización de un segundo informe forense para sumar al informe del cirujano aportado por la defensa del ex consejero según el cual Vallejo "está débil, dolorido y no puede visualizar desde su casa las cintas".
A continuación, se suspendió de nuevo la sesión para que el forense girase visita al domicilio de Vallejo para realizar un análisis presencial del exconsejero. Su informe inicial determinaba que la técnica usada para su intervención quirúrgica no impedía que el acusado pudiera estar en el juicio como mero espectador, así como que podría declarar pasados unos diez días de la operación.
Tras la visita al domicilio, la médico forense certificó que la evolución de Vallejo es "adecuada". Aunque el proceso de recuperación no le impide acudir al juicio, presenta dolores abdominales, por lo que consideró conveniente posponer su declaración a partir del día 26 si bien insistió en que el exconsejero estaba apto para seguir el juicio desde su casa con el visionado de las grabaciones de las sesiones.
Sin embargo, tras reanudarse la sesión, la defensa de Vallejo volvió a pedir la suspensión del juicio hasta el día 26. A esta petición se adhirieron la acusación de Manos Limpias y la mayoría de las defensas, como ya habían hecho antes.
Por su parte, la Fiscalía, aunque no se opuso a esta nueva petición de suspensión del juicio, quiso que constara una advertencia a los acusados para que, en caso de ausencia, acreditasen el motivo cierto. Es más, recordó la posibilidad de dictar una orden de detención si no comparecían sin razones fundadas. La acusación ejercida por el PP-A se sumó a lo manifestado por la Fiscalía.
Finalmente, el tribunal, sobre las tres de la tarde, decretaba la suspensión del juicio hasta el próximo lunes, señalando en su lugar sesiones para las tardes del 26 y 27 de febrero (lunes y martes) y el día 5 de marzo (lunes), para recuperar el tiempo perdido. Recuérdese que el tiempo es decisivo si no se quiere que las sesiones o la sentencia coincidan con la precampaña o campaña electoral andaluza de 2019.
De este modo, el juicio continuará el próximo lunes día 26, con sesiones de mañana y tarde, con la declaración de la exconsejera de Hacienda de la Junta Magdalena Álvarez, prevista inicialmente para ayer y para quien la Fiscalía solicita diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.