"¿Cómo cree que debería ser la enseñanza obligatoria en Cataluña?". Ésta fue una de las preguntas que a principios de 2017 realizó GESOP en una encuesta para Sociedad Civil Catalana. El 75,6% de los encuestados –es decir, tres de cada cuatro catalanes– contestaron que trilingüe (en catalán, castellano e inglés) y un 14%, bilingüe (en catalán y castellano). Tan sólo el 8,8% afirmó que quería una enseñanza sólo en catalán.
Unos meses antes el Tribunal Supremo dictó una sentencia por la cual fijaba el porcentaje mínimo de español que los centros escolares de Cataluña debían impartir a los estudiantes: el 25% de las horas lectivas, es decir tan sólo una de cada cuatro asignaturas.
Y es que, según señaló entonces el Alto Tribunal, el objetivo de normalización lingüística aún no se había alcanzado en esta comunidad autónoma. Así, el porcentaje del 25% es "ajustado y razonable" y permite "el efectivo carácter vehicular del castellano, máxime si se exige también que dicha lengua cooficial se imparta al alumno, al menos, en otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análoga y, además, se haga con el resto de sus compañeros de clase, excluyendo, por discriminatorio, el sistema de atención individualizada". Recordó también el Supremo que el límite del 25% no es el máximo sino el mínimo que los centros deben cumplir.
Entonces estaba al frente del Gobierno de la Generalidad Artur Mas y, una vez más, el Ejecutivo catalán desoyó a la Justicia e incumplió dicha sentencia más que benévola con el sistema de inmersión.
Ahora el asunto vuelve a estar sobre la mesa y centra la actualidad política. "Cataluña no se puede paralizar por el hecho de que –sus políticos– no sean capaces de nombrar un presidente que pueda cumplir con la ley", dijo la vicepresidenta del Gobierno la semana pasada. Y un día después el ministro de Educación –y consejero del ramo en aplicación del artículo 155– habló notablemente incómodo de garantizar la libertad de los padres para elegir el castellano como lengua vehicular para sus hijos.
La disposición 38 de la Lomce
La disposición 38 de la Lomce –por la cual aquellos padres que quieran ver reconocido su derecho a que sus hijos estudien castellano puedan acudir a un centro privado y los costes corran a cargo de la Administración: la central en un primer momento y la autonómica finalmente– se ha revelado absolutamente ineficaz: el precio elevado que deben asumir en un primer momento las familias y las trabas administrativas, actúan de desincentivo. Y ahora también incostitucional.
Así las cosas, desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy apuntaron en un primer momento a la posibilidad de incluir la casilla del castellano en la preinscripción escolar. Pero luego no. Íñigo Méndez de Vigo descartó que se haya tomado una decisión al respecto. No obstante, la ministra de Sanidad, Dolors Monserrat habló este lunes claramente de la casilla del castellano. Y desde el PP catalán introdujeron una nueva posibilidad: que en cada municipio o zona de escolarización, al menos un centro de Primaria y un centro de Secundaria sostenidos con fondos públicos ofrezcan vehicularidad de las dos lenguas oficiales, catalán y castellano, además del aranés para los municipios de la Vall d'Aran.
En el Ministerio guardan silencio. "El Gobierno sigue trabajando en la fórmula" para hacer efectivo este derecho, señalan fuentes educativas. Los plazos que se marcan para tenerla lista no son inminentes: finales de marzo o principios de abril, bordeando el límite de la preinscripción escolar.
"Un brindis al sol"
"Seguimos instalados en la tomadura de pelo", señala a Libertad Digital Francisco Caja presidente de Convivencia Cívica Catalana, entidad que ha dado cobijo legal a numerosas familias en Cataluña que se han visto obligadas a acudir a los tribunales para que se respetara su derecho a una educación bilingüe para sus hijos. Según Caja, el Gobierno del PP no tiene "ningún interés en acabar con la inmersión", podía haberlo intentado cuando contaba con mayoría absoluta en el Parlamento y no lo hizo. Y ahora, con Ciudadanos pisándole los talones, reactiva esta batalla. "A buenas horas mangas verdes".
Lo ideal e idóneo sería posibilitar un "bilingüismo integral", explica Caja. "Nuestra pretensión, por lo que llevamos luchando desde el 98, es que todos los niños puedan recibir una educación bilingüe. Y es que la inmersión "es un procedimiento de adoctrinamiento político". Y con ello "no se acaba con una casilla". Así, este (medio) anuncio del Gobierno es para el presidente de Convivencia "un brindis al sol".
Para Francisco Caja es "escandalosa" también la postura del PSC pues es contraria a la igualdad y ataca fundamentalmente a las clases más desfavorecidas. "Es escandaloso que un Partido Socialista diga que está a favor del actual sistema de inmersión pues así no se divide a la sociedad… ¡Si lo que ha conseguido precisamente es dividirla!".
"La única manera de acabar con la inmersión es una ley emanada del Congreso donde se imponga una enseñanza bilingüe en aquellas comunidades autónomas donde haya dos lenguas oficiales", donde "no se perjudica absolutamente" nada ni a nadie, "al revés, es enriquecedor", como así queda reconocido en la Constitución: "La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección".
"Todos los gobiernos de España, cómplices"
"Todos los gobiernos de España han sido cómplices de lo que ha ocurrido aquí con la educación. Son responsables todos. Ahora tienen las manos muy atadas, pero ha habido oportunidades", también de "hacer pedagogía", sostiene por su parte Marita Hernández, de Asociación por la Tolerancia. "A corto plazo (lo que tiene que hacer el Gobierno) es cumplir la ley, pero no en aplicación del artículo 155, que también, sino en cumplimiento de las sentencias. Méndez de Vigo es ahora consejero de Educación y tiene que aplicar la ley".
"Claro que tienen que poner la casilla, aunque sea a efectos estadísticos" y "reforzar la Alta Inspección del Estado", considera Marita Herández. "Que van a recibir coces, por supuesto", pero no por ello el Ejecutivo tiene que dejar de cumplir con su obligación, apunta. "Por algún sitio tiene que empezar". "Esa casilla existía antes, pero la eliminaron. Todo es kafkiano… "Si quieres que tu hijo sepa algo de español tienes que pedirlo. ¿Por qué se obliga a los padres a pedirlo expresamente violentándolos de esta manera?".
Hernández recuerda que en Cataluña existe la cooficialidad de las dos lenguas por lo que "la administración tiene la obligación de ofrecer el servicio". Luego serán las personas las que "escojan". Así de sencillo. Para la Asociación por la Tolerancia lo ideal sería el modelo que ha existido en el País Vasco, "ya devaluado", donde se ofertaban las tres vías. Así, unida junto a otras asociaciones en torno a Hablamos español, recoge firmas para lograr la libertad de lenguas en aquellas autonomías donde existe la cooficialidad. "Es que en este país se ha hurtado hasta el debate" sobre esta cuestión, lamenta Hernández.
"Despolitizar la lengua"
Desde Sociedad Civil Catalana su presidente José Rosiñol comenta a este periódico, días después de su reunión con el presidente del Gobierno en Moncloa, que es necesario "aprovechar" el golpe que ha tenido lugar en Cataluña para "volver a la legalidad". "Estamos ante una nueva oportunidad para que se cumpla la ley".
Según Rosiñol es necesario que se dé un primer paso: "Despolitizar la lengua". Y es que, subraya, la lengua catalana pertenece a todos los españoles, "es un bien cultural" y sería positivo "reivindicarla como algo de todos". Para Sociedad Civil Catalana habría que empezar por realizar un "debate abierto, plural, sereno" para abordar esta cuestión.