Termina una campaña electoral que, según el PP, nunca debió celebrarse. Artur Mas ni tan siquiera llegó al ecuador de la legislatura, y el Parlamento autonómico que salga del 25-N no mostrará a priori cambios significativos. Los populares, con los últimos sondeos internos en la mano, se muestran convencidos de que CiU no logrará la mayoría absoluta y, ateniendo a lo ocurrido en el pasado, auguran más desencuentros que otra cosa con ERC.
Quince días en los que se ha puesto en marcha el tren “con destino hacia ninguna parte”, y que Alicia Sánchez Camacho tratará de parar con el voto útil de aquellos que se sienten “catalanes y españoles por igual”, y que consideran que “la prioridad es la búsqueda de empleo”. Una idea que ha llevado al presidente del Gobierno a las cuatro provincias catalanas, en las que ha recuperado un discurso perdido en el que la unidad de España ha vuelto a ser su bandera para captar aliados.
La corrupción irrumpió con fuerza en la recta final. Rajoy no ha querido entrar en el meollo para evitar el fantasma de una movilización nacionalista fruto del victimismo: “No voy a contribuir más a este espectáculo”, dijo este mismo viernes desde Bruselas. Pero, en un claro reparto de papeles, Gobierno y PP insistieron en que hay mucha manta de la que tirar: “Cuando surgen asuntos de esta naturaleza y se pone encima de la mesa un informe como éste, corresponde investigar, y hay que investigar dos circunstancias: la filtración de ese informe y, del otro lado, las acusaciones que de ahí surgen”, afirmó Soraya Sáenz de Santamaría.
En el PP aseguran que las tramas de corrupción han sido una constante alrededor de CiU, pero que “siempre ha estado protegido” ya sea por la Justicia o por la Policía autonómica. Y, en el cierre celebrado en Cerdanyola del Valles, María Dolores de Cospedal entró a la yugular contra Artur Mas: “No es normal tener cuentas en Suiza” ni tampoco “saquear el Palau de los catalanes”, dijo con contundencia.