El Gobierno asegura que su reforma de la administración local está "madura", y espera alcanzar un "gran acuerdo nacional" para poner coto a los excesos cometidos durante años en el tercer sector del poder público.
El ajuste que prevé el Ministerio de Hacienda no se limitará a las mancomunidades -se salvan, en todo caso, las diputaciones-. En su propuesta se incluye un tope para sueldos y número de ediles, asesores y liberados sindicales, avanzó María Dolores de Cospedal, muy implicada en los trabajos de reforma. En el caso de los concejales, también serán cientos los que perderán el puesto.
Según fuentes gubernamentales, los ayuntamientos -cuyas cuentas controla el Ejecutivo, gracias a la Ley de Estabilidad Presupuestaria- están cumpliendo el objetivo de déficit, por lo que "no son el problema esencial". Sin embargo, lo que se busca con la reforma es evitar que "actúen sin tutela evitando los enormes abusos del pasado".