La Abogacía del Estado ya ha recibido las instrucciones. En caso de que se convoque la consulta ilegal, el paso siguiente será recurrir ante el Tribunal Constitucional, que de manera inmediata paralizará el proceso. Las tres vías a seguir por el Ejecutivo están concadenadas, aunque Mariano Rajoy espera que -en todo caso- sólo tenga que utilizar la primera. Esto es, acudir al Alto Tribunal y que éste suponga un muro lo suficientemente alto.
Alberto Ruiz Gallardón confirmó este extremo: "No se puede hacer un referéndum por parte de un presidente de una comunidad. Si tal acto se produjese, sería recurrido por el Constitucional y lo suspendería", afirmó en declaraciones a Libertad Digital y esRadio. El titular de Justicia fue tajante: "No es una decisión discrecional de carácter político", sino más aún "una obligación del Gobierno" que "hará guardar la Constitución".
"Quiero dejar muy claro que el Gobierno no va a permanecer de ninguna de las formas indiferente ante la vulneración de la legalidad", se reafirmó, al tiempo que criticó que "muy especialmente" un responsable público esté pensando en "actuar fuera de la ley".
La línea económica y política
Al mecanismo legal, que los servicios jurídicos del Gobierno ya tienen engrasado, se unen otras dos patas de la estrategia. Por un lado, la política, endureciendo el discurso para evidenciar que "en esto vamos en serio", pero en el que quedaría en principio excluido el presidente -su teoría es que él no puede alimentar más el incendio, sino tender puentes, como dejó de manifiesto en el Senado-. Y, por otro, la económica, habida cuenta de que el Estado permite hoy a la Generalidad el pago a proveedores y que las facturas salgan pagadas del cajón -a través, por ejemplo, del Fondo de Liquidez Autonómico- pero, a cambio, exige a Cataluña que haga sus deberes, y según los informes de Hacienda podría duplicar a día de hoy el 1,5% de déficit público permitido.
Una línea de acción muy clara en el papel, si bien en privado miembros del gabinete admiten que ya antes se han equivocado con Artur Mas, hasta el punto de considerar -y hacerlo público- que el fiasco electoral iba a suponer una reducción paulatina de la soflama secesionista. De momento, eso sí, son todavía mayoría en el Consejo de Ministros quienes creen que la presión del TC será suficiente para que el líder catalán retroceda el camino iniciado.
Las otras opciones de Moncloa
En caso de que no sea así, y tal y como avanzó este diario, la segunda opción de La Moncloa es recurrir a la vía penal. Mas podría incurrir, según las fuentes, en un delito de desobediencia o prevaricación, motivos que le podrían llevar a la inhabilitación para ejercer sus funciones. En ningún caso este delito podría llevarle a prisión.
Si la insumisión siguiera, Rajoy se guarda una última y tercera vía, y que recoge la misma Constitución que dice que un referéndum sólo puede ser convocado por el Gobierno de la nación. Y ésta es la que articula el artículo 155 del texto, que permite suspender una autonomía "si no cumple las obligaciones de la Carta Magna y otras leyes" o "atenta gravemente contra el interés nacional de España". Este paso llevaría aparejado la destitución del presidente de la Generalidad.
Las intenciones del presidente
El jefe del Ejecutivo sopesa todas las posibilidades, si bien apuesta por no tener que ir un paso más allá en la vía jurídica marcada por sus asesores y, en todo caso, quedarse en el Constitucional. Vaya por delante que es "el presidente de todos los españoles" y, por ende, "un hombre de estado", pero también que no es amigo de los choques de trenes.
Rajoy no romperá su propuesta de "diálogo". "Nosotros hemos dicho muy claro cuales son nuestros límites", y partiendo de esa base el presidente busca llegar a buen puerto encontrando puntos de negociación, como la ley de financiación autonómica. "Estoy dispuesto a hablar", dice en constantes ocasiones. Apartar de sus cargos a Mas y/o la suspensión autonómica son "casos extremos, la última opción" y "hoy" no están encima de la mesa, según las fuentes consultadas.
Sobre la posibilidad de adelantarse a los acontecimientos, tal y como reclamó José María Aznar -"No hace falta llegar a la convocatoria ilegal para actuar", fueron sus palabras-, el Ejecutivo lo descarta: "Primero se tiene que producir un hecho fuera de la ley para que el Gobierno reaccione", según Gallardón. Aunque son mayoría quienes piensan que Mas va "de error en error", Rajoy no quiere dar un paso en falso. Y menos aún pasarse de frenada.
Las repercusiones de una Cataluña intervenida políticamente serían muchas, también "desestabilizadoras", a juicio del Gobierno. "Sólo imagínate las portadas de los medios de comunicación internacionales. El sistema parece tambalearse y tenemos que tener la cabeza fría y mucho cuidado en nuestros pasos", sostiene un ministro. Rajoy coincide, y aunque "preocupado" guarda la esperanza de que, en el caso de tener que mover la ficha del TC, la Generalidad dé un paso atrás en la escalada de tensión.