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Anteproyecto de Ley de Acción Exterior

Hacienda podrá prohibir a las CCAA con déficit excesivo que abran nuevas 'embajadas'

García-Margallo también quiere fijar el derecho del Gobierno a reembolsarse el rescate pagado con dinero público de españoles secuestrados.

LD / Agencias
Hacienda podrá prohibir a las comunidades que incumplan con su objetivo de déficit que abran oficinas comerciales (las polémicas embajadas autonómicas) en el extranjero. El Ministerio de Asuntos Exteriores se reserva la posibilidad de exigir el reembolso de aquellos rescates que haya pagado para liberar a españoles secuestrados. Y los funcionarios españoles en países donde no haya embajada se podrán integrar en las delegaciones diplomáticas de la UE. Éstas tres son las principales novedades del anteproyecto de Ley de Acción Exterior que prepara José Manuel García-Margallo y que espera aprobar a lo largo de los primeros meses de 2013.
 
De hecho, en un comienzo, la idea del ministro era llevar el anteproyecto al Consejo de Ministros antes del verano, pero las negociaciones en torno al borrador con los diferentes departamentos se están alargando, especialmente por la intención de Exteriores de que todos los funcionarios españoles en el extranjero se integren dentro de la estructura organizativa de las embajadas, incluso aunque mantengan su autonomía operativa y reciban órdenes de sus ministerios. Parece ser que esta pretensión se ha encontrado con más obstáculos de lo esperado.
 

Rescates

En lo que hace referencia a los españoles que puedan estar en una situación que haga temer por su vida o su integridad física, el Ministerio quiere fijar por ley la posibilidad de que el Gobierno pueda "exigir el reembolso" del dinero público desembolsado tanto para el rescate como para la asistencia de estos ciudadanos, siempre y cuando éstos se hayan expuesto "voluntariamente" a una situación de riesgo. Así consta en el borrador del anteproyecto al que ha tenido acceso Europa Press.

Artículo 24: "Cuando el Gobierno, en una situación de emergencia consular, decida intervenir en operaciones de asistencia o rescate en el extranjero que comporten pagos a terceros con cargo a los recursos presupuestarios del Estado podrá exigir el reembolso de la totalidad o parte de los mismos a quienes se hayan expuesto voluntariamente a riesgos sobre los que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación informa en sus recomendaciones de viaje (...) o de los que hubiera podido tener conocimiento por cualquier otro medio".

En la actualidad, dos cooperantes españolas de Médicos sin Fronteras permanecen secuestradas en Somalia, después de que otros dos cooperantes raptados en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia) fueran liberados en julio pasado. Pocos días después de esa liberación, el Ejecutivo repatrió a una docena de cooperantes de los campamentos de Tinduf tras recibir una alerta de los servicios secretos sobre un plan concreto para secuestrar de nuevo a ciudadanos españoles. El único español que decidió quedarse tuvo que firmar un documento por el que eximía al Gobierno español de toda responsabilidad sobre su persona mientras se mantuviera la recomendación de evacuación.

Las embajadas autonómicas

En aras de la coherencia interna, la propuesta de ley permite a las Comunidades Autónomas abrir oficinas en el extranjero para promocionarse, pero informando previamente al Gobierno. El Ministerio de Hacienda deberá hacer un informe sobre si la propuesta autonómica responde al principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos. El anteproyecto introduce aquí un aspecto muy novedoso, pues establece que ese informe de Hacienda "tendrá carácter vinculante cuando se trate de Comunidades Autónomas que hayan incumplido su objetivo de estabilidad presupuestaria".

La norma recoge la oferta que García-Margallo ha hecho a las Comunidades Autónomas, y que ya se está aplicando, para que instalen sus oficinas en el exterior dentro de las Embajadas con el fin de ahorrar costes cuando así lo permita la disponibilidad de espacio en la legación. De hecho, hace unas semanas, el Ministerio de Economía, a través del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, presentó en sociedad lo que ha denominado como el Súper-Icex. Con este nombre pretende poner en marcha una "ventanilla única de internacionalización" que integre a todos los organismos del Gobierno central y también de las autonomías. Todos los gobiernos regionales se han mostrado conformes a la iniciativa, excepto los de Andalucía, País Vasco y Cataluña.

Unidad de acción

El principio que impregna todo el anteproyecto de la ley es el de la unidad de la acción exterior, que hoy ejercen desde el Gobierno, la Corona, las Cortes, hasta las Fuerzas Armadas, pasando por las Comunidades Autónomas y los entes locales, entre otros. El problema es que el ministro, cuya intención inicial era haber presentado el anteproyecto al Consejo de Ministros para su aprobación antes del verano, reconoció el miércoles pasado que las negociaciones en torno al borrador de la norma que su departamento tiene preparado desde hace "cinco meses" no están siendo "en absoluto sencillas".

En este sentido, García-Margallo admite que su propuesta no contaba aún ni con el consenso dentro de la Carrera Diplomática ni con el resto de otros Ministerios a los que afectaría la ley. En un desayuno informativo, revelaba que "casi todas" las observaciones que otros departamentos han presentado al borrador "tienen carácter corporativo". Las pegas que otros Ministerios ponen a la propuesta de García-Margallo tienen que ver fundamentalmente con la intención del ministro de convertir a las Embajadas en los verdaderos coordinadores de la acción exterior del Estado.

Inspirándose en el modelo del servicio exterior europeo, Exteriores ha propuesto que, de forma paulatina, todas las oficinas de la Administración se vayan integrando en la Embajada y que los diferentes agregados y consejeros dependan orgánicamente del embajador, aunque pueda seguir recibiendo órdenes de los Ministerios de los que procedan. En aquellas misiones donde se proceda a esta integración, la norma establece que todos los funcionarios tendrán las mismas condiciones de trabajo, en función de su categoría profesional y el puesto que ocupen, en lo relativo a retribuciones, vacaciones y permisos, cobertura sanitaria y asistencia a la escolarización de los hijos, con independencia del departamento del que procedan.

Los técnicos comerciales

Además, estas nuevas misiones integradas dispondrán de una Sección de Servicios Comunes que integrará al personal de gestión, administrativo y auxiliar, del que ahora se dotan de manera separada los Ministerios, con el fin de reducir costes y disminuir la necesidad de contratar personal con esta gestión compartida, que incluye también los recursos materiales, como los coches oficiales. Aquí es donde el anteproyecto de ley se ha topado con las principales reticencias, sobre todo por parte del cuerpo de técnicos comerciales, dependientes del Ministerio de Economía, que temen perder capacidad adquisitiva e independencia. Hay que tener en cuenta que en la actualidad, algunos jefes de Oficinas Comerciales cobran más que el propio embajador.

También los propios miembros de la Carrera Diplomática han puesto pegas a la propuesta. No convence la redacción de la norma que abre la puerta a que el Gobierno nombre embajadores a profesionales no diplomáticos. La Asociación de Diplomáticos Españoles, mayoritaria en el sector, ha hecho llegar al ministro que la ley debería establecer de una forma más clara la reserva del puesto de embajador para los miembros de la Carrera. En los pasillos del Ministerio también se escuchan quejas por el "hermetismo" con que el equipo del ministro ha elaborado el texto y la falta de un debate interno en la casa sobre la futura ley.

Lo cierto es que antes de García-Margallo, prácticamente todos sus antecesores intentaron sacar adelante una ley para reformar el servicio exterior, pero fracasaron en el intento, encallados en las peleas de competencias entre los distintos Ministerios.

Integración y UE

La propuesta de Exteriores incorpora la posibilidad de integrar a funcionarios españoles en las delegaciones de la UE en el extranjero en los que España no tenga Embajada. Esta fórmula se pondrá en práctica desde primeros de 2013 en Yemen, donde España cerrará su Embajada y pasará a operar desde la delegación europea desde primeros de 2013. También habla de la posibilidad de crear Misiones Diplomáticas Conjuntas u oficinas consulares con otros socios de la UE en terceros estados, especialmente en aquellos donde no haya delegación europea.

Por otra parte, el texto concede a la Comisión de Exteriores del Congreso la potestad de solicitar la comparecencia, a puerta cerrada, de los embajadores nombrados por el Gobierno para que informen sobre los objetivos de su misión. El Congreso no tendrá capacidad, como ocurre en EEUU, de vetar el nombramiento del embajador.

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