Dos días después de su discurso en Almería, que hasta en el PP supo insuficiente, Mariano Rajoy reformuló su respuesta ante la opinión pública pasando del "no me temblará la mano" a una batería de acciones internas de las que todavía falta por saber su diseño real. Aunque, en las formas, volvió a hacer gala de su particular manejo de los tiempos, y no dudó en retrasar su análisis sobre el escándalo Bárcenas hasta el final de su intervención. Y eso que, en la víspera, los barones autonómicos habían redoblado su presión haciendo pública su honda preocupación.
Primero se centró de forma minuciosa en la situación económica, avanzando una "segunda oleada" de reformas económicas ante un panorama que seguirá trayendo "malas noticias". Después, se refirió a la deriva independentista, para gran sorpresa de algunos, mostrándose a favor del diálogo hasta las últimas consecuencias, pero siempre dentro de los márgenes que marca la Constitución. Y ya en los últimos minutos de su alocución abordó -sin citar en ningún momento el nombre del que hasta 2009 había sido su hombre de confianza- el espinoso asunto.
"Quiero referirme a las noticias que hemos conocido estos días a través de los medios de comunicación", fue su introducción ante el Comité Ejecutivo popular, repleto de presidentes regionales. Enseguida entró en la cuestión de los 22 millones que su extesorero tuvo en una cuenta de Suiza: "El PP ni tiene, ni ha tenido nunca cuentas fuera de España", afirmó. Más aún, tampoco "la ha encargado a persona alguna", enfatizó.
Así, y como se estableció como consigna desde el primer momento, Rajoy aseguró que el partido no se puede responsabilizar de quien sí las haya tenido. Su número dos, encargada de dar conocimiento de su discurso -lo llevaba impreso entre sus papeles para no olvidar ningún punto- en rueda de prensa, aportó un detalle clave: "Los partidos no tienen una fiscalidad normal sino una auditoría anual a cargo del Tribunal de Cuentas. Es pública y está en el Parlamento".
Carmen Navarro, la nueva tesorera
El presidente prosiguió, en una reunión a puerta cerrada de la que muchos integrantes dieron fe a través de mensajes de texto: "Quiero referirme también a otro tema que ha parecido estos días", dijo, en relación a los supuestos pagos en negro a altos cargos del PP. "He dado instrucciones para que se desarrolle una profunda y exhaustiva investigación", notificó. Ésta consistirá en una primera auditoría interna a cargo de la actual tesorera, de la íntima confianza de María Dolores de Cospedal, que sustituyó a Romay Beccaría cuando Rajoy le nombró presidente del Consejo de Estado: Carmen Navarro.
Pero Navarro tendrá que hacer aún más. Además de revisar las cuentas desde la constitución de la formación, en tiempos de Manuel Fraga, se le ha encargado tomar declaración a cuántos dirigentes sean sospechosos de haber recibido dinero en sobres sin haber sidos declarados a Hacienda. "El partido tiene la obligación de colaborar", zanjó la secretaria general de los populares.
En caso de que se demuestre que hubo cargos que recibieron prebendas económicas de la caja B de Bárcenas, Rajoy procederá "de inmediato" a expulsarles de la formación, según las fuentes consultadas. "Por supuesto", aseguró Cospedal públicamente. Si bien, en la práctica, varios cargos ven lagunas en el procedimiento: "Si todo va a consistir en que Navarro va a preguntar uno por uno si hemos recibido dinero negro, me gustaría saber quién va a ser el valiente de admitirlo", reflexionó un miembro del aparato.
Una vez Navarro haya hecho su trabajo, que en teoría supondrá despachar con todos los que han sido miembros de la cúpula desde tiempos de Fraga, se encargará una auditoría externa a una empresa independiente. Se barajan varios nombres, pero no se concretaron. "Vamos a ser transparentes", proclamó Cospedal, si bien recalcó: "Sobre el dinero negro no he visto ninguna prueba, ni yo ni nadie. Hay que demostrar la verdad como también la comisión de delitos". Sea como fuere, auguró un trabajo rápido tanto documental como declarativo que no debería de llevar más de un mes.
El "disparate" de Rubalcaba
Rajoy todavía lanzó dos anuncios más. Primero, que el PP va a dejar de recibir golpes y se pone a la defensiva. Y por ello ya ha solicitado a la asesoría jurídica que estudie las "acciones legales pertinentes" para defender la "honorabilidad" del partido y sus integrantes. Pero, además, calificó de "disparate" las acusaciones del PSOE de que la amnistía fiscal se aprobara para legalizar los dineros de Bárcenas: "Es simple y llanamente falso y sorprende que realice estas afirmaciones quién antes ha estado en el Gobierno", fueron sus palabras, en relación a Alfredo Pérez Rubalcaba. Para poner negro sobre blanco, el propio Cristóbal Montoro comparecerá en el Congreso a petición propia.
El auditorio de inmediato aplaudió las palabras del líder. Aunque quienes tomaron la palabras, prácticamente todos los barones, también dieron su diagnóstico. Muy aplaudida fue la intervención de Luisa Fernanda Rudi: "Luz y taquígrafos, y que nadie juegue en solitario", reclamó la presidenta de Aragón, que -muy emotiva- recordó la historia del PP y a quienes ya no están porque por defender sus ideales fueron asesinados por ETA. "Se está mancillando el nombre de este gran partido", se lamentó la catalana Alicia Sánchez Camacho.
En plata habló José Antonio Monago: como la situación siga así, expuso, "vamos a tener más crisis de vocación que la Iglesia", comentó, ante la única carcajada de la reunión. Esperanza Aguirre aseguró ante Rajoy que las "crisis son oportunidades", si bien también le mandó un recado a Alberto Ruiz Gallardón alertando de la lentitud de la Justicia y de cómo esto provoca indefensión para el PP.
Varios, como el andaluz Juan Ignacio Zoido, le pidieron a Rajoy una reacción contundente ante el PSOE y su ofensiva. "Me duele que sean los socialistas quienes intenten darnos lecciones", le acompañó el murciano Ramón Luis Valcárcel, también con un discurso muy sentido. El sentir general lo resumió, en una frase, Alberto Núñez Feijóo: "En el PP no caben pillos".
Escuchados todos, Rajoy dio por finalizada una reunión, admiten, muy complicada. "Estaba serio porque la situación es muy delicada", reconoce un interlocutor directo con el presidente. ¿Está el caso cerrado? Los populares son mayoritariamente escépticos, incluso a la hora de valorar las medidas, que tachan de difícil ejecución. De lo poco claro es que los puentes están completamente rotos con Bárcenas y su entorno -si bien, y se acentuó, el PP está personado en el proceso judicial del caso Gürtel-, y también con Francisco Álvarez Cascos, secretario general hasta 1999. "Vamos a hacer todo lo posible para conocer hasta el más último detalle, pero no somos ni la Policía ni los tribunales", concluyó Cospedal.