La Abogacía del Estado recibió el viernes pasado el encargo de “urgencia” del Gobierno para que investigue cualquier resquicio legal que permita recurrir al Tribunal Constitucional la declaración independentista del Parlamento catalán. Y, en caso contrario, para zanjar que la Moncloa ha agotado esta vía e, informe preceptivo en mano, articular una respuesta política, aún por concretar.
Sea como fuere, el Ejecutivo tendrá la respuesta de Marta Silva la Puerta, abogado del Estado, este mismo jueves. Primero pasará por el despacho del ministro del ramo, Alberto Ruiz Gallardón. Y el viernes será analizado por Mariano Rajoy, en el marco del Consejo de Ministros, avanzó La Razón y confirmó este diario. Esto es, por primera vez desde que Artur Mas, presidente catalán, planteara su reto separatista, el Gobierno podría anunciar una medida concreta más allá de la advertencia de que hará cumplir la ley.
Hasta que Silva de la Puerta no entregue el papel al ministro de Justicia, el Gobierno mantendrá la cautela. Lo hará, inciden, porque no pueden cometer tropiezo o paso en falso, que entienden sería utilizado por la Generalidad. Si bien, y en contra de la primera lectura que hizo el propio gabinete -José Manuel García Margallo tachó de “muy difícil” la acción judicial-, ahora se ven matices importantes con respecto al caso del Plan Ibarretxe en la época de Aznar, y cuyo recurso fue rechazado por el Alto Tribunal.
La diferencia podría parecer nimia, pero supone un cambio sustancial para los entendidos. El órdago del entonces presidente vasco era un “trámite”, mientras que la declaración auspiciada por Mas “es un fin”, y en él se recoge un referéndum ilegal. Amén de que se denomina sujeto “político y soberano”. Esto en el fondo, porque en la forma también hay una diferencia clave: ahora la aritmética en el TC le es favorable al Ejecutivo del PP.
La vicepresidenta, tras dar orden a la Abogado del Estado, en absoluto rechazó la posibilidad del recurso. Más bien al contrario, cuidó mucho de situarse entre aquellos que habían descartado esta posibilidad. “Es indudable”, fueron las palabras de Soraya Sáenz de Santamaría, que determinados artículos supondrán “un mayor análisis”.
Así pues, todas las miradas viran al viernes. El Gobierno asegura, por varios cauces, que no se quedará quieto. Si no es judicial, la contestación será política. E, incluso, ambas. Se barajan muchas opciones, ninguna concretada. Todo bajo una idea primordial: el referéndum no tiene cabida en la Constitución, y por ello no podrá celebrarse.
Rajoy apela a la "voluntad de convivencia"
Este mismo martes, Mariano Rajoy volvió a pronunciarse sobre el caso, pero con el tiento que le caracteriza: “Ningún pueblo tiene más posibilidad” que aquél con una herencia conjunta, dijo en referencia a España. El presidente utilizó una visita al museo del Prado para tirar de Historia, y cargar su discurso de indirectas a Mas, que el jueves vuelve a Madrid para un despacho ordinario con el Rey, que en el tiempo coincidirá con la decisión que adopte Silva la Puerta. Así, llamó a una “voluntad de convivencia” y a observar “sin complejos nuestro pasado común”.
Durante el acto, Helena Cambó, hija del histórico Francesc Cambó, le entregó un libro cargado de simbología, titulado Por la Concordia. “Esto es una joya en estos momentos”, le contestó el presidente, de la idea de que su papel no es el de caldear más el ambiente. De hecho, aunque durante su viaje a América Latina reconoció tanto su preocupación como la del jefe del Estado, mantiene abierta su disponibilidad al diálogo en el despacho, cuya fecha sigue sin concretarse, con Mas en la Moncloa.