El apartado sobre la lengua contemplado en el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) marca un "hito", ya que es la "primera vez" que una ley orgánica de Educación contempla la regulación de las lenguas cooficiales.
Pero es claramente insuficiente en opinión de las entidades por la libertad lingüística, que este miércoles han acudido al Ministerio de Educación para presentar sus alegaciones al borrador. Los representantes de la Fundación Círculo Balear (FNCB), de Galicia, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares se han entrevistado con el director general de Evaluación y Cooperación Territorial, Alfonso González, con quien han tenido una primera toma de contacto, en un encuentro "enmarcado en la cortesía", y en donde han solicitado una reunión con el ministro, José Ignacio Wert.
"Los borradores han ido empeorando porque los nacionalistas presionan". El actual "es más laxo y cede más a las presiones nacionalistas", resaltaron los representantes de dichas fundaciones en un encuentro con la prensa.
Desde las entidades a favor del bilingüismo real no entienden cómo es posible que desde "el Ministerio se vulnere la propia Constitución". Y es que, resaltan que este anteproyecto de ley "es incompatible con la doctrina del Tribunal Constitucional" porque "no garantiza los derechos lingüísticos de todos los alumnos al dar preferencia de trato a la educación en las lenguas cooficiales distintas al castellano y relegar a una situación secundaria" a los castellanohablantes.
Recuerdan que la propuesta del Gobierno es "elegir entre estudiar todo o casi todo en lengua autonómica" y que el reparto, de cualquier manera, quedará supeditado al criterio de lo que elija cada comunidad autónoma. Y, por tanto, "no se garantiza la posibilidad de que los alumnos sean educados en español".
La propuesta de las entidades por la libertad de la lengua es clara: proponen un sistema de tres vías –parecido al que existe en País Vasco y Comunidad Valenciana, pero con cumplimiento real y efectivo–, donde el gobierno central se reserve la capacidad de determinar qué porcentaje de asignaturas se imparte en castellano y en lengua cooficial. Hasta ahora ha habido una "dejación de funciones del Estado. Siempre han cedido" a las pretensiones nacionalistas "por temas exclusivamente políticos".
"Da igual quién gobierne"
Además, añaden, "da igual quién gobierne" en cada comunidad. Como ejemplo sitúan a Baleares o Galicia, donde el PP gobierna con mayoría absoluta y los derechos de los castellanoparlantes se conculcan. "En la práctica, siguen en la imposición de la lengua vehicular". Así lo dejó claro, poco antes, Jorge Campos, en Es la mañana de Federico.
Para hacer efectivo el cumplimiento de un bilingüismo real proponen un "reforzamiento de la Alta Inspección del Estado". No están de acuerdo con la propuesta del Ministerio relativa a que sea la Administración autonómica la que deba sufragar los gastos de educación de los alumnos que quieran ser escolarizados en castellano y no se oferte esa posibilidad "en su municipio o zona limítrofe" ni en la escuela pública ni en la concertada. En su opinión, sería mucho más efectista que los padres fueran indemnizados por cualquiera de las dos administraciones, la central o la autonómica. "El Estado también es corresponsable".
"El tiempo de la normalización lingüística pasó"
Asimismo, abogan porque "los centros educativos no sean instrumento para el adoctrinamiento que a menudo se produce con el pretexto de normalizar el uso de las lenguas diferentes del castellano".
"El tiempo de la normalización lingüística ya ha pasado, ahora es el tiempo de la normalización de los derechos de los ciudadanos", sentenciaron. Estas propuestas serán remitidas a los grupos parlamentarios y al Consejo Escolar del Estado y cualquiera que lo desee puede sumarse a ellas.