Aunque el Gobierno no se sitúa en otro escenario que no sea el mantenimiento de la doctrina Parot y se dice cargado de argumentos en este sentido, la consigna pasa por el perfil bajo y la cautela, a pesar del enfado de la asociación mayoritaria de víctimas. "Ahora sólo queda esperar", arguyen desde el ministerio de Justicia, que incluyen en su recurso hasta nueves fallos de Estrasburgo a favor de sus tesis. En la Abogacía del Estado, aseguran, han trabajado "duro" para que "no se lo echen por tierra".
Ahora bien, pese a todo, la intención del Ejecutivo no es otra que evitar al máximo una imagen de presión al tribunal comunitario. "Somos un Gobierno que acata las sentencias y cumple las reglas de juego. Ahora, con el recurso, estamos precisamente cumpliendo esas reglas", expone un portavoz. "Confiamos en que sea atendido el recurso porque es una cuestión de justicia, de justicia penitenciaria", afirmó Soraya Sáenz de Santamaría el viernes, dejando clara la postura oficial.
De igual forma, en Justicia reclaman no perder los nervios ante una deliberación que podría ir para largo. De hecho, "lo más probable" es que este miércoles no haya veredicto. Más aún, Estrasburgo puede tardar hasta tres meses en dictar sentencia y, durante el trámite, no son nada habituales las filtraciones sobre cómo van las deliberaciones.
Así, lo importante -inciden- es que el recurso del Reino de España está bien armado. "La admisión a trámite de este tipo de recursos es absolutamente excepcional", aduce Alberto Ruiz Gallardón para insistir en un mensaje de tranquilidad. Y es cierto: no supera el cinco por ciento y el porcentaje de asuntos admitidos a trámite y que después son estimados es alto.
Mayor: "La Justicia debe estar con las víctimas"
Mientras desde Moncloa se inclinan por esperar en silencio al veredicto, en el Partido Popular se permiten mayores licencias. La doctrina Parot "fue la confirmación de que la sociedad estuvo a la altura de las circunstancias, apoyando a las víctimas, y perdió los complejos", puso como base Jaime Mayor Oreja, que no pudo ser más claro: "La Justicia no puede estar alienada con asesinos, debe estar con las víctimas", enfatizó en esRadio.
Desde el Congreso, Alfonso Alonso coincidió con Mayor -y no es precisamente habitual que lo hagan- para enfatizar que acabar con esta doctrina sería como "establecer una tarifa plana para el asesinato", de forma que tuviera el "mismo precio" matar a una persona que a diez. Por ello, enfatizó, el Ejecutivo "pelea" en la sombra para evitar la ignominia: la excacerlación de 60 terroristas de ETA -los más sanguinarios- así como otros tantos violadores y asesinos en serie.