La Abogacía del Estado ya estudia el polémico decreto-ley de expropiaciones de la Junta de Andalucía para actuar en caso de que se encontraran los argumentos suficientes. Aunque ya en una primera lectura, desde el Gobierno ven "más que probable" que el Ejecutivo andaluz se haya "extralimitado" en sus funciones y, en consecuencia, se pueda interponer un recurso de inconstitucionalidad.
De hecho, en el Gobierno se decantan, a la espera del susodicho informe, por dar este paso y poner freno a una "medida populista" que sólo crea "inseguridad jurídica", en voz de varios miembros del gabinete. "Es de una grave irresponsabilidad", resumió en conversación informal un ministro clave en el caso. Desde Moncloa ven en el hecho de que el PSOE a nivel nacional se sume a la iniciativa parte de su "deriva".
El ministerio de Justicia y el de Fomento son los que trabajan intensamente en este asunto. "Hay muchas y serias dudas de constitucionalidad", reconoció Soraya Sáenz de Santamaría, al término del Consejo de Ministros. De ahí que se está "analizando exhaustivamente la medida", remató, sin querer dar más detalles hasta que la Abogacía se pronuncie.
Los argumentos del Gobierno
La vicepresidenta fue mucho más dura que en otras ocasiones, y llegó cargada de argumentos para poner en duda la "efectividad" del plan de la Junta y dejar en evidencia que se trata de una medida para "el titular", y no propia de gobiernos "serios". Para empezar, dijo, el decreto andaluz está destinado a las personas de riesgo probado de exclusión social, si bien éstas ya están protegidas por la norma "con rango de ley nacional" anti-desahucios, que les permite estar en el hogar hasta dos años más.
Esto es, aquellos que se iban a beneficiar de la expropiación en la práctica ya no pueden ser desahuciadas, se encargó de enfatizar. Es más, según recordó, los criterios que utiliza la Junta de Andalucía para considerar a una familia en riesgo de exclusión social son los mismos que los del Estado, que los ingresos de esas personas o unidades familiares no superen 3 veces el IPREM, es decir, 1.597,53 euros mensuales, lo que equivale a 19.170 euros anuales.
La Junta tendrá que explicar "qué añade eso a una norma que ya impide el lanzamiento y que lo paraliza inmediatamente, sin necesidad de un complejo procedimiento de expropiación forzosa en que hay que pagar un justiprecio de uso".
Sáenz de Santamaría todavía metió el dedo un poco más en la llaga, al sacar el tema del dinero. La Junta, recordó, somete esta medida a "disponibilidades presupuestarias", estando las arcas como están, y con la obligación de cumplir con los compromisos de ajuste. Mientras que la norma estatal se hace vía ley, "sin procedimiento administrativo y sin justiprecio".
Por último, el Ejecutivo criticó que, antes de montar este "lío", la Junta podría haber utilizado las viviendas de protección oficial "que tienen vacías", y cuyo número se resisten a dar. Sería un mecanismo, adujo la portavoz, "más ágil y más rápido", por lo que "lo tendrán que explicar".