El ministro de Justicia ha afirmado que va a ser "la ley más avanzada que ha tenido España" y atenderá tanto a razones éticas como constitucionales. Estará basada en la de 1985 pero se regularán "algunas malas aplicaciones de aquella Ley", según ha dicho Gallardón. Uno de los defectos que se pretende corregir frente a la Ley de 1985 concierne a la malformación fetal. Alberto Ruíz Gallardón ha afirmado que incorporarán el mandato de la ONU, que España suscribió en 2008, para la no discriminación de las personas con discapacidad. "La discapacidad no puede significar un trato desigual y una merma de derechos. Y esa no discriminación debe aplicarse también a los no nacidos", decía.
El ministro de Justicia ha explicado que esta Ley reconocerá tanto la protección de los derechos de la mujer como del no nacido, y que "cuando el conflicto entre ambos surge, se resuelve en los casos que determine el legislador". Para ello, se tendrán en cuenta tanto los aspectos clínicos como la indicación ética. Lo que sí se mantendrá será el aborto en la cartera de prestaciones de la sanidad pública.
Gallardón también ha hecho referencia a las palabras de la Generalidad, que ha dicho que va a convocar una consulta soberanista inconstitucional. El ministro de Justicia confía en que "el seny de la sociedad catalana traslade al Gobierno de Artur Mas la conveniencia de dirigir todos los pasos dentro del marco constitucional". Tampoco ha querido dejar de lado a ETA, y ha explicado que "no habrá medida de gracia para los condenados de ETA en ningún caso", idea que ha reiterado en varias ocasiones.
El político del Partido Popular ha mostrado su desacuerdo con los escraches, porque "el respeto al ámbito privado es lo que diferencia a las democracias liberales de los regímenes totalitarios". Gallardón considera que lo que se está haciendo en los escraches es presión y no protesta. "Señalar y humillar al discrepante no es propio de regímenes democráticos, y es lo que están haciendo estos movimientos", decía. Para el ministro de Justicia la intimidación no ayuda a solucionar el tema de los desahucios y le preocupa que "haya una generación de españoles que por haber nacido en un régimen de libertad piense que esto siempre ha sido así".
En referencia al caso Bárcenas, ha dicho que no sabe si el PP se financió ilegalmente, "lo que los órganos internos del PP nos han trasladado es que no hay financiación ilegal". Lo que le parece inconcebible es que "un tesorero de un partido de Gobierno tenga una cuenta fuera de España con esas cantidades". Por otra parte, Gallardón ha afirmado que no le parece mal que exista un gasto de representación, además del suelo y los gastos por viajes o comidas, aunque él no lo ha tenido nunca. Y ha terminado diciendo: "Todo lo que signifique vulneración de la legalidad me produce repulsa, y en los casos que afectan a compañeros de mi partido, además de repulsa, dolor".