Cristóbal Cantos, el ex directivo de Invercaria que denunció a la presidenta Laura Gómiz por obligarle a confeccionar informes falsos sobre las empresas a las que se concedía dinero de la Junta sin justificación, dijo la verdad.
Parece confirmado que la sociedad de la Junta "fabricó" papeles, datos y argumentos para sortear la auditoría que realizaba la Cámara de Cuentas andaluza en 2011. Pero la falsificación fue descubierta, al menos en parte, y se detectaron numerosas irregularidades que fueron plasmadas en el ya famoso informe que dio paso al escándalo Invercaria cuyo recorrido judicial cobra este lunes una especial importancia con la declaración de Tomás Pérez Sauquillo, ex presidente de la entidad, a la que seguirán otras seis en el mes de mayo.
En la documentación judicial se han hallado indicios de manipulación grosera en los informes de Invercaria. Por ejemplo, aparecen como nombrados en fechas imposibles miembros del consejo de Administración, esto es, se les relaciona con hechos que tuvieron lugar cuando aún no habían sido designados. Dicho de otro modo: los documentos fueron fechados con posterioridad y según conveniencia.
Si a ello se le une que hay bastantes cifras que no cuadran, el montaje dirigido por la máxima autoridad de Invercaria para maquillar la realidad de la empresa pública se reduce a una burda adulteración de los datos, realizada con escaso cuidado y construida sin respeto hacia los hechos.
Se negaban a participar en el fraude
Las prisas, probablemente el asqueo de muchos de los trabajadores y la negativa de sus máximos expertos, como Cantos, a participar en el fraude, propiciaron que la chapuza no saliera airosa de la fiscalización de la Cámara de Cuentas. Por ello, en el atestado policial del que informa ABC puede leerse que la sociedad de capital riesgo de la Junta de Andalucía, Invercaria, benefició "conscientemente a determinadas sociedades, muchas de las cuales presentaban signos manifiestos de crisis económica de difícil o imposible recuperación, con lo que la asignación de fondos carecía de toda lógica comercial".
La Cámara de Cuentas halló en sus pesquisas "concesión discrecional de préstamos, gastos injustificados con la Visa del expresidente y posible cesión ilegal de trabajadores", hechos que desencadenaron un escandaloso proceso político-penal que se une al de los ERE por método, procedimientos utilizados y responsabilidad de la máxima instancia de la Junta.
Ferias virtuales sin web
El caso Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA). A pesar de su "virtualidad" y de habérsele concedido 1,69 millones de euros, el proyecto FIVA no tenía ni página web. Pero el informe que presentó Invercaria a la Cámara de Cuentas sobre el caso falsificó la fecha porque aunque decía haber sido elaborado en 2009, lo que es imposible porque en él hay datos que no podían conocerse en esa fecha.
El documento interno entregado a la Cámara de Cuentas por la empresa pública, entonces presidida por Laura Gómiz, aparece firmado por Francisco Javier Puech Suanzes y Jesús Bores Lazo como miembros del consejo de administración de FIVA a fecha de septiembre de 2009. Pero Puech y Bores fueron nombrados miembros del consejo, como secretario y vicesecretario, respectivamente, el 26 de noviembre de 2009, dos meses después.
Además, Invercaria expresó a la Cámara en un informe de seguimiento "a medida", fechado en septiembre de 2009, que las pérdidas de FIVA ascendían a más de 800.000 euros, cantidad que recogió la auditoría de la Cámara. Pero los falsificadores no tuvieron en cuenta que la propia Invercaria envió en 2011 un informe técnico con una cantidad distinta 716.000 euros. Nada más y nada menos que 119.750 euros de diferencia.
La chapuza fue tan obscena que incluso olvidaron borrar los indicios de la auténtica fecha en que se redactó el informe por orden de Invercaria. Junto a un título "Informe Progreso de la Operación FIVA sep 2009", aparece la fecha real de confección del papel, 07022011.
La crucifixión del directivo que denunció
Invercaria y su entonces presidenta Laura Gomis incluso denunciaron al directivo Cristóbal Cantos por haber denunciado los hechos. Lo despidieron y desde entonces, vaga sin trabajo y sin ayuda de nadie hasta el momento. Un momento glorioso de su conversación con la presidenta Gomis quedó recogido en una de las grabaciones que entregó en el juzgado:
Cristóbal Cantos: "No puedo hacer un Plan de Negocios diciendo que esto sale un 15% de rentabilidad. No puedo. Eso saldrá lo que salga, Laura. Y si sale negativo, sale negativo. Y te lo tengo que decir. Pero además siéndote leal a ti. Decirte: ‘Laura, es que, si esto, que no lo sé, no te estoy hablando de nada en concreto. Si esto huele mal…".
Laura Gómiz: "De verdad, vamos a cortar la conversación antes. Para que tú sepas: TODOS los que están por encima mío saben qué es lo que hay en Invercaria. Eso para empezar. Eso no quita [que sepan lo que hay en Invercaria] que ellos ya me hayan dicho ¿vale? Y que yo sea la primera que lo ha recomendado que montemos los expedientes de todas las empresas en las que hemos entrado".
La semana en el juzgado
Tras el ex presidente Sauquillo comparecerán ante el juez Gutiérrez Casillas del juzgado 16 de Sevilla, seis directivos más por este orden:
- El exdirector financiero de Invercaria Antonio Nieto, el próximo miércoles.
- El jueves 16 el presidente de Novasoft y Medalla de Oro de Andalucía, Francisco Barrionuevo.
- El viernes Juan Antonio Bardón, representante de Innovaes Formas de Comunicación.
- El lunes 21 el responsable del Grupo Imagen, Francisco Gallardo Hill.
- El 22, José Luis Hidalgo, gerente de FIVA.
- El 23, el analista de Invercaria Gonzalo Alba Beteré.
En su conjunto, Invercaria empleó irregularmente 61 millones de euros. Creada en 2005 dijo haber apoyado 294 proyectos empresariales pero de los 61 millones, 35,5 se utilizaron bajo la categoría de "fondos propios", no ligados a ninguno de los cinco programas de inversión que desarrollaba la empresa, gran indicio de opacidad.
El único informe de fiscalización realizado por la Cámara de Cuentas andaluza sobre esta empresa en el ejercicio 2009 detectó gravísimas irregularidades que han hecho que la sospecha se extienda sobre la generalidad de la actividad de la sociedad de la Junta.