Alberto Ruiz Gallardón siempre saca pecho de que es un hombre de partido. Al cumplir los 18 años se afilió a Alianza Popular y a los 25 ya era concejal del Ayuntamiento de Madrid. Unas siglas que, en parte, hoy se revuelven contra él y su gestión al frente del Ministerio de Justicia. "Es un auténtico desastre. Nos iba mejor con el PSOE", se queja un miembro de la dirección.
Luis Bárcenas lo ha desestabilizado prácticamente todo. Existen dos sectores en los círculos de poder del PP. Los que defendieron desde el primer momento que había que romper con el extesorero y sintieron alivio cuando conocieron su ingreso en prisión y quienes mantuvieron con él un mayor contacto durante sus 20 años de gestión y sienten ahora cierta angustia, incluso terror, porque pudiera tirar de la manta. Desde ambos extremos se cruzan, en todo caso, mensajes de crítica hacia el ministro.
A ellos, fuentes del Ejecutivo recuerdan que Gallardón tiene el respaldo de la única persona que puede mover a un ministro: el presidente. Y no se cansan de repetir que cada paso que da no es por decisión propia sino que es compartida con Mariano Rajoy. Entrando en harina, afirman que la mayoría de quienes hoy protestan y lanzan consignas contra él lo hacen porque reclaman que interfiera en la Fiscalía, que según el ministro actúa sin ataduras. "Criticaban que Conde Pumpido obedecía a Rubalcaba y ahora se quejan de que no controlamos a Torres Dulce", argumentan en la defensa del titular de Justicia, también cargos populares.
En la sede nacional del PP es extendida la teoría de que algunos cargos han llamado al ministro para implorar ayuda. Hasta no hace mucho, Bárcenas era "don Luis" para el PP y Génova era prácticamente su casa. No es que tuviera un coche de alta gama o el mejor despacho, sino que mantenía contactos de tú a tú con la cúpula y amigos poderosos. Miembros del Gobierno y de la dirección consultados por este diario admiten que "existe quienes tienen miedo" y han buscado amparo. Pero inciden oficialmente que no se ha sucumbido a las presiones. Tenga lo que tenga a su disposición Bárcenas, dos altas fuentes coinciden en que "es seguro" que no desestabilizará al jefe del Ejecutivo.
"No ha sido capaz de poner orden"
Cerrado ese capítulo, las quejas se amontonan en lo relativo a los tiempos y las filtraciones. "Parece como si estuviera todo controlado por nuestros peores enemigos y Gallardón no ha sido capaz de poner orden", afirman. Algunos cargos muestran su exasperación por la lentitud de los casos, y culpan al ministro: "La primera reforma o una de las más urgentes es la de la Justicia para que los casos de corrupción se abra el juicio rápidamente", le emplazó recientemente Esperanza Aguirre.
Para fuentes de la dirección nacional, es evidente que "Gallardón podría hacer más". "No estamos hablando de inferencias judiciales, estamos hablando de un estado de indefensión al que no pone remedio y él es el ministro y quien tiene que actuar", inciden. En rueda de prensa, Carlos Floriano declaró sobre el juez Pablo Ruz, que instruye el caso Bárcenas: "No sabemos si incumple su deber de custodia" ya que papel entregado "aparece publicado en un medio de comunicación". Y dudó de si la filtración "se hace antes o después del traslado" a las partes.
La gestión política del caso Bárcenas
En opinión de cargos populares, "algo tendrá que decir" el ministro, si bien desde algunos círculos del Ejecutivo y la Moncloa creen que se está desviando el tiro para no poner el foco de atención a la gestión inadecuada que desde Génova se ha hecho del escándalo. A juicio de estas fuentes, el problema es de respuesta política y nada tiene que ver con la Fiscalía o los tribunales, en un claro toque de atención a María Dolores de Cospedal y su equipo.
Aunque no acaparó titulares, llamó extraordinariamente la atención internamente la protesta de José María Aznar en el club siglo XXI. Emplazó, sin citar a Gallardón, a reformar "a fondo la administración y el funcionamiento de nuestra justicia". Muchos dirigentes de distintas estructuras coinciden en este sentido: "Nos vendió la reforma más ambiciosa y nada". La familia católica del PP recuerda los cambios en la ley del aborto guardados en un cajón. El ministro contesta que poco a poco aplica el programa comprometido: en el inicio del próximo curso estará listo el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal que acabará, en la teoría, con la filtración de los sumarios.