El presidente del Gobierno anunció medidas concretas contra la corrupción, que verán la luz en septiembre, una vez se reanude la actividad parlamentaria. Lo denominó un "auténtico plan nacional de regeneración democrática", que espera cuente con "el mayor nivel de consenso" del Congreso de los Diputados. Este plan incluirá:
-
Una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, que contendrá el procedimiento obligatorio de aprobación de cuentas en los estatutos de todos los partidos; cuentas que deberán ser depositadas en un registro público. Se regulará la figura del responsable de la gestión económica-financiera de los partidos y su comparecencia anual en el Congreso, así como los procedimientos de contratación, la retención de los pagos de subvenciones, la publicidad de las subvenciones, la mejora del régimen sancionador en materia de financiación y el aumento de los plazos de prescripción.
-
Una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, que busca una más amplia fiscalización de las donaciones, los ingresos y los gastos, tanto de los partidos políticos, como de las fundaciones vinculadas a los mismos.
-
Una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público. Se fortalecerá el régimen de prohibiciones de contratación con el sector público a todas las personas tanto físicas como jurídicas condenadas por delitos relacionados con la corrupción.
-
Una Ley Reguladora de las Fundaciones Políticas, que establecerá las retribuciones de los cargos públicos de la Administración General del Estado, regulará la publicación de las declaraciones tributarias de bienes y de actividades de los mismos y la realización de auditorías de su situación patrimonial al final de su mandato.
-
Una reforma del Código Penal, cuyo objeto es el endurecimiento de las penas asociadas a los delitos relacionados con la corrupción, incluyendo nuevas figuras como la financiación ilegal y mejorando el control de la falsedad deliberada de sus cuentas por parte de los partidos políticos, o el enriquecimiento injustificado de los cargos públicos electos.
-
Una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para la agilización de los procedimientos judiciales.