La pregunta a estas alturas de negociación soterrada es cuánto está dispuesto a ceder Mariano Rajoy para evitar la consulta secesionista. Según un interlocutor directo del presidente, a Artur Mas le advirtió de que no puede permitir "un referéndum" porque va en contra de la Constitución y su obligación es impedirlo. Si aparca esta pretensión, se declaró dispuesto a revisarlo prácticamente todo, aunque el meollo de la cuestión es económica.
"Quieren más dinero y en esas estamos", asegura un ministro. El presidente le ha sido franco al líder catalán: este curso político tiene que abrir el melón del sistema fiscal y podría otorgarle beneficios. Las conversaciones están siendo positivas, a ojos gubernamentales, y de ahí que el clima haya cambiado. Aunque existen no pocos cargos con dudas de que Mas pueda "controlar a los suyos" y resolver la papeleta con prestaciones económicas, la orden cursada por Rajoy es clara: bajar el tono y enarbolar la bandera del diálogo sin reservas.
Fue José Manuel García Margallo el más claro de sus colegas de Gobierno. "Una vez que se cambie el sistema fiscal hay que encajar los sistemas de financiación de todos los actores de la vida pública: la administración central, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y la Seguridad Social", dijo, abriendo todas las posibilidades. En su opinión, la fórmula actual está "anclada" en el año 1977 y sus principios "se han quedado viejos".
Si bien, el ministro de Exteriores, al que se le presupone una fluida comunicación con Rajoy, ofreció un elemento más a sumar a la mesa negociadora: el modelo territorial. Sus palabras exactas fueron: "probablemente haya que revisar a la luz de las circunstancias cambiantes cuál es la organización territorial respetando siempre el artículo 2 de la Constitución". Esto es, sin que afecte "la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles", tal y como recoge el texto. Ya por la tarde, quiso desvincular a Moncloa: "Es una opinión personal", aunque se reafirmó en ella.
Temor al enfado de los votantes del PP
Si Margallo fue demasiado lejos, desde luego nadie del Gobierno le desautorizó. "¿Más competencias? No lo creo, las tienen prácticamente todas. Aquí hablamos de dinero", contrarrestó un colega del Consejo de Ministros, en conversación informal con este diario. Pero el titular de Exteriores fue claro: para "cerrar" el camino del referéndum defendió una "fórmula" que permita a Cataluña "encajar" en España.
El presidente anda con pies de plomo y busca evitar al máximo la luz y taquígrafos. Los contactos con la Generalidad son muchos y apenas se sabe de ellos. Es difícil mantener el equilibrio, argumentan: por un lado, Cataluña siempre pidiendo más y, por otro, los españoles –principalmente los votantes del PP- que no permitirían beneficios a esta región en contra del resto.
Para suplir este mensaje, Moncloa asegura que el sistema fiscal no se negociará de manera bilateral si no en la mesa de la Conferencia de Presidentes. Dicho de otra manera, que será pactado por todos. Pero, en privado, ministros y altos cargos reconocen que se habla de "pasta" y la clave para desatascar el problema, a su juicio, pasa por dar "más dinero" a Cataluña a fin de calmar sus pretensiones rupturistas.
Montoro: "Déjeme ser positivo"
Para mantener este nuevo clima, Congreso y Senado se convirtieron en escenario de palabras buenistas. "No se puede entender a Cataluña sin España y a España sin Cataluña", proclamó Cristóbal Montoro, que hasta no hace tanto apretaba las tuercas para cumplir con el objetivo de déficit. "Déjeme ser positivo. Vamos a llegar a soluciones y lo haremos de la mano de Cataluña", aseveró contestando a Marcelino Iglesias, del PSOE.
"Diálogo y Constitución", resumió Soraya Sáenz de Santamaría, sin querer dar más detalles. Todo se está fraguando y nadie quiere que una declaración fuera de tono rompa la nueva fase negociadora. Incluso desde el PP, que normalmente se permite más licencias, se alejó de toda firmeza para insistir por varias veces en el "diálogo", en voz de Alfonso Alonso, portavoz del Grupo Popular. Sólo Alicia Sánchez Camacho, desde la Cámara Alta, denunció la "ruptura" de Mas al anunciar que el PPC no participará en los actos institucionales de la Diada, previos a la denominada cadena humana.
Un complejo juego político en el que, lo único evidente, es que el Gobierno ha cambiado de tercio y evita las palabras gruesas, cosa que hasta la fecha solo hacía el presidente. Ningún miembro del gabinete habla ya de intervenir Cataluña, por ejemplo, ni se recuerdan los instrumentos que otorga la Carta Magna en caso de que una comunidad se desvíe del camino. A pesar de las veces que Mas se la ha jugado, Rajoy vuelve a apostar fuerte por la negociación y cree que puede evitar la consulta, aunque esto le cueste ceder en el plano económico.