El presidente lo tiene claro: si hay solución a la deriva separatista, ésta acabará llegando gracias a un diálogo discreto, al margen de la vorágine mediática. De ahí que el Ejecutivo optara, una vez más, por el perfil plano ante la fotografía de la cadena humana para, de inmediato, recuperar la negociación. "Mañana, seguiremos en nuestro intento", aseguraba gráficamente un alto cargo gubernamental en el Congreso.
"Nada ha cambiado" en la política de Moncloa, se encargó de remachar un portavoz autorizado con la nueva demostración de fuerza independentista ya en las portadas digitales. El Gobierno cree que, tras la soflama en los discursos de este día, Artur Mas irá replegándose poco a poco. "Quieren más dinero y en eso estamos", coinciden las fuentes consultadas. Y Mariano Rajoy le ha dado una alternativa al líder catalán: un sistema de financiación ventajoso con el que pueda ver calmadas sus pretensiones sin llegar al referéndum.
Las negociaciones, en todo caso, son inestables. No pocas veces el Ejecutivo ha creído que las relaciones con Mas estaban encauzadas y todo saltaba por los aires. Y, por ello, todo miembro del Gobierno ha seguido la directriz de evitar la confrontación. "Este Gobierno es también Gobierno para Cataluña y Gobierno para sus ciudadanos, y nosotros estaremos en lo mismo: en el diálogo dentro de la Constitución, que es un marco de convivencia que nos ha servido a todos los españoles para consolidar una democracia para alcanzar niveles de bienestar que ahora se trata de recuperar, y me gustaría que todos fuéramos conscientes de eso", escenificó Soraya Sáenz de Santamaría.
El propio Rajoy aportaba otra fotografía de concordia. A su llegada al Congreso para participar en la sesión de control, se dejaba ver con Josep Sánchez Llibre, portavoz económico de CiU que ha decidido no participar en la convocatoria secesionista. Lo hacían con naturalidad, sin aparente tensión. A mitad del pleno, contestadas sus preguntas, el presidente salía rápidamente del Hemiciclo y sin hacer declaraciones sobre la espinosa cuestión.
Los grandes acuerdos, insisten en Moncloa, suelen arrancar en despachos alejados de miradas discretas. Y el Gobierno quiere mantener esto hasta el final para evitar que todo se vaya al traste. Esto no quiere significar que no preocupe lo que está ocurriendo en Cataluña y se reconozca en privado la necesidad de hacer mucha más pedagogía. Alicia Sánchez Camacho, líder del PPC, se lo advierte a Rajoy en prácticamente cada una de sus conversaciones: en Cataluña la división va a más.
Montoro: sin "atisbo de recentralización"
Pero Rajoy, de momento, apuesta por la baza económica, en el marco del sistema de financiación autonómica que ha de ser revisado en este curso político. "El estado de las autonomías es gobernable", aseguró este mismo miércoles Cristóbal Montoro, en contra de las voces dentro del PP que claman por ponerle el cascabel al gato. "No hay el más mínimo atisbo de recentralización en nuestras normas", enfatizó ante una pregunta del PNV, pero con todo el mundo hablando de Cataluña. El ministro de Hacienda también negó que el independentismo se financie con transferencias estatales, tal y como sugería Unión Progreso y Democracia.
Lo que espera ahora el Ejecutivo es que no ocurra como el año pasado, cuando la Diada sirvió de caldo para la radicalización de las posturas. Las negociaciones no van en ese sentido, argumentan. "Estoy convencido de que en esta crisis España entera necesita a Cataluña para superar y como finalmente se superará, Cataluña entera también sabrá valorar lo que significa su permanencia a España", dijo también Montoro. "Somos la misma identidad", llegó a asegurar.
En Moncloa, "con la cabeza fría", se dejaron de amenazas o de líneas rojas. A su juicio, "todo el mundo sabe" que el Gobierno no permitirá la celebración de la consulta porque va en contra de la Constitución. De celebrarse un referéndum, explican, sería en toda España y no en una única comunidad. Rajoy cree que esta idea ha calado en Mas y que ahora éste busca el mecanismo para que ERC no se le revuelva en casa. Según un ministro implicado: "El presidente Mas sabe cuáles son los límites y, por lo que yo sé, están hablando dentro de esos límites. Él ahora tiene un problema en Cataluña y lo tiene que resolver". De lo que nadie quiere hablar en el Gobierno es de la posibilidad de que las negociaciones fracasen: "Sería gravísimo", admiten, y nadie augura a día de hoy cuál sería el plan de acción más allá de mentar la Carta Magna.