El Gobierno no permitirá una consulta secesionista. Ya sea una o varias las preguntas que se quieran plantear a los catalanes, Moncloa pondrá a trabajar a sus servicios jurídicos para, a renglón seguido, presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. En este extremo, Mariano Rajoy "ha sido un muro", en palabras del propio Artur Mas según un interlocutor directo. Lo que quiere evitar el presidente es llegar a ese momento dramático, y de ahí que siga apostando por una negociación soterrada y hasta el final.
Si bien, un día después de la demostración de fuerza independentista y de que sectores próximos al Gobierno -el periódico ABC, por ejemplo- hayan dado la voz de alarma, en el Ejecutivo reconocen la dificultad de reconducir la situación. Cargos próximos a Rajoy temen que el líder catalán, presionado por ERC, siga con la idea de celebrar el referéndum y obligue al Gobierno a actuar.
Escenario de elecciones plebiscitarias
El presidente ha transmitido a su gabinete que, llegado el caso, no consentirá que se violen las normas de juego. Espera que el Tribunal Constitucional sea un muro lo suficientemente alto para hacer retroceder a Mas. Si se llega a esta circunstancia, el Gobierno prevé que el líder regional anunciará unas elecciones plebiscitarias que no tendrían que celebrarse en 2014 de forma obligatoria. Unos comicios en los que, según la lectura gubernamental, el bloque independentista podría unirse para tratar de demostrar que una inmensa mayoría ciudadanos abogan por la ruptura de España.
Pero, ¿qué pasaría si Mas, en contra del dictamen del Alto Tribunal -algo que se da por descontado- sigue adelante? El Ejecutivo, al más alto nivel, ni se lo plantea. No existe, o no se aporta ni tan siquiera en privado, una hoja de ruta para esa circunstancia, por lo que se desliza que Rajoy tendría ese compromiso soterrado de Mas, aunque ésta sea una especulación más que una certeza. Sería, según un ministro, simplemente "gravísimo".
Para intentar evitar esa fotografía es por lo que Rajoy sigue defendiendo el diálogo. Aunque, con independencia de ello, en la carta que enviará al presidente catalán -y que ya está prácticamente ultimada- se le argumentará por qué la consulta no tiene cabida en el ordenamiento jurídico y, en consecuencia, por qué tendrá que ser paralizada por Moncloa. Los juristas gubernamentales son claros en este sentido: un referéndum sólo podrá celebrarse en toda España, pero no en una parte de ella.
El Gobierno admite su "preocupación"
En los últimos días, el Ejecutivo optó por el perfil plano. Pero este jueves, ya se reconoció públicamente la "preocupación" ante el "éxito" de la convocatoria, en voz de José Manuel García Margallo. A primera hora de la mañana, la vicepresidenta ya explicó que es obligación del Gobierno escuchar a todos: "A la gente que sale" pero también "a las mayorías silenciosas que se quedan en casa", cuyas "libertades y opiniones" serán protegidas.
Soraya Sáenz de Santamaría, que este viernes oficializará la postura del gabinete al término del Consejo de Ministros, no cerró la puerta al "diálogo" pero siempre "dentro de la Constitución". "El Gobierno habla con todas las comunidades autónomas porque somos Gobierno en toda España", argumentó.
Rajoy intentará hasta el último momento reconducir las relaciones con la baza de la financiación autonómica. "Quieren más dinero y en esas estamos", dijo esta misma semana un ministro próximo al presidente. Pero, vistas las imágenes de la Cataluña encadenada, el pesimismo ante la posibilidad de llegar a un pacto aumenta. Y, llegado el momento, el presidente les ha dicho a los suyos que no cederá: la consulta, le escribirá por carta a Mas solemnemente, no puede celebrarse.