El presidente acotó aún más las razones de la concentración de víctimas del terrorismo, a la que se ha sumado formalmente su partido, y al máximo nivel. Es una protesta "en solidaridad y apoyo" al colectivo y para defender la doctrina Parot. "El partido en el Gobierno no se manifiesta contra ningún tribunal", llegó a afirmar en respuesta a los periodistas. Tras verle en Moncloa, Ángeles Pedraza dio una versión distinta: "Es contra la injusticia que estamos padeciendo las víctimas, y en esa injusticia entran jueces y políticos".
Desde Bruselas, Mariano Rajoy continuó en la estrategia de evitar un choque con las víctimas. Y para ello, una vez más, trató de alejar fantasmas sobre la lucha contra ETA: "La política antiterrorista es la misma que hemos mantenido desde siempre", aseguró. Al presidente le preguntaron por las dudas de algunos afectados, pero el presidente rechazó tejemanejes y puso como ejemplo "la doctrina Parot, que la hemos defendido y hemos dicho que nos parecía bien".
El presidente sacó a relucir "la prisión permanente revisable" como "instrumento" para evitar imágenes de etarras en la calle. Al tiempo, el Consejo de Ministros aprobaba el estatuto de las víctimas. En línea con Rajoy, tanto Soraya Sáenz de Santamaría como Alberto Ruiz Gallardón mostraron su cara más próxima a las víctimas. Tienen "todo nuestro apoyo y comprensión", destacó la vicepresidenta, que añadió: "A veces hay decisiones de la Justicia que son difícilmente comprensibles".
En cuanto al posicionamiento del Ejecutivo contra el fallo, Sáenz de Santamaría dijo que la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Constitucional "avalaron una doctrina con la que el Gobierno estaba de acuerdo" y que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, "compareció ante la Gran Sala del tribunal para argumentar contra la sentencia". "El Gobierno ha sido parte en ese proceso y hemos defendido una postura que entendíamos que era la justa. Defendíamos desde un punto de vista de la justicia más básica que no es lo mismo que un asesinato que veinte. Y defendíamos que en ese proceso no se hablaba de penas, sino de su cumplimiento, su ejecución", añadió la vicepresidenta.
López Guerra, en contra de la Audiencia
"En ese proceso somos parte y ahora no podemos defender cosa distinta de la que dijimos", insistió. En la misma línea, Ruiz Gallardón defendió la labor de la Abogacía del Estado: "No hay reproches, sino agradecimiento. Ha habido felicitación expresa y explícita", dijo el ministro, que también se ha referido, a preguntas de la prensa, a la postura del magistrado español, Luis López Guerra, que votó a favor de la condena a España. "No hago valoraciones sobre las actitudes individuales de los magistrados pero sí le digo que lo que ha quedado claro es que el magistrado español se opuso a la tesis de la Audiencia Nacional, del Supremo y del Constitucional del que formó parte. Constato el hecho", se limitó a decir.
Gallardón insistió en la tesis del Ejecutivo de que no hay otra opción que acatar la sentencia y que la pelota está ahora en los tribunales. "España sabía cuando se firmó el Convenio que se sometía a la jurisdicción del Tribunal Europeo. Sabe que esas decisiones son de obligado cumplimiento para los países miembros", dijo el ministro, que afirmó como el lunes que el fallo "no ha supuesto una doctrina automática de aplicación" a los delincuentes a los que se aplicó la doctrina Parot. "Lo que da es la ocasión de abrir expedientes individuales, y en cada caso concreto se estudiará, y lo hará el Ministerio Fiscal y la Audiencia Nacional, y resolverán en derecho, pero estudiando cada caso individualmente", recalcó.