"Todavía no han condenado a ETA, no han pedido perdón a las víctimas y no han pedido la disolución incondicional de la banda terrorista". Así, el presidente radiografió con claridad los dos años de Amaiur, la marca de Batasuna, en el Congreso de los Diputados. Un periodo en el que su portavoz, cada vez que tiene oportunidad de preguntar a Mariano Rajoy en la sesión de control, lo hace para denunciar presuntos maltratos a los etarras en prisión.
rnrnRajoy no entró al trapo. Nunca lo hace. Mientras Xavier Errekondo se anotaba un nuevo numerito en la Cámara –la cárcel Sevilla II, espetó, es el "Guantánamo, el Abu Ghraib español-, el jefe del Ejecutivo le aclaró que “no le debemos nada a ETA y a sus apoyos" sino que, al contrario, es la banda y su entorno la que debe arrepentirse.
rnrn"No se negocia para que se deje de matar ni se paga por dejar de hacerlo. Un Gobierno no puede negociar ni va a hacerlo. La obligación del Gobierno es cumplir la ley y hacerla cumplir y eso es lo que voy a hacer", argumentó, recibiendo la ovación de la bancada popular.
rnrnErrekondo, como es habitual, abogó por una negociación entre el Gobierno y ETA. "No existen obstáculos insalvables", dijo, apoyándose en el respaldo de algunos actores internacionales. Habló de las personas que "han padecido la violencia" en el País Vasco, pero no se refería a las víctimas del terrorismo. Y, por supuesto, sacó a colación otra supuesta huelga de hambre de presos etarras en la prisión de la capital hispalense, cuya situación tachó de “insostenible”. "Libérese de sus mandantes", exclamó.
rnrnEn su respuesta, el presidente no pronunció una palabra altisonante, pero fue contundente. El resumen de su actuación durante los dos años de legislatura es el siguiente: "Hice lo que se debe esperar. Cumplir y hacer cumplir la ley, acatar las resoluciones judiciales y apoyar a las víctimas del terrorismo". La política antiterrorista regresó a la Cámara Baja un día después de que, tras la sentencia de Estrasburgo, volvieran a salir etarras a la calle sin cumplir sus penas -entre ellos, Javier Martínez Izaguirre, asesino de un niño de dos años condenado a 744 años-.
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