Artur Mas ha pactado con los líderes de ERC, Oriol Junqueras, de ICV, Joan Herrera, EUiA y CUP que la pregunta de la eventual consulta soberanista en Cataluña, que celebrarán el 9 de noviembre de 2014, sea: "¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?".
Esta pregunta, en caso afirmativo, daría opción a una subpregunta que interrogaría a los ciudadanos sobre si quieren que este Estado sea independiente, según ha anunciado en una comparecencia ante los medios el presidente catalán.
Los partidos partidarios de la secesión celebraron esta mañana un encuentro en el Palacio de la Generalidad donde alcanzaron este "preacuerdo" que ahora, según ha dicho Mas, tendrá que ser ratificado.
Artur Mas había dado un margen hasta final de año para pactar la fecha y la pregunta sobre la consulta secesionista y la reunión de este jueves pretendía alcanzar un consenso entre los partidos partidarios de la consulta después de que los socialistas catalanes se descolgasen de este proceso al considerar que éste debe partir de un acuerdo previo entre el gobierno catalán y el Ejecutivo central.
"Hemos acordado todo"
En una multitudinaria comparecencia junto a la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, el portavoz, Francesc Homs; Jordi Turull (CDC), el consejero Ramon Espadaler (UDC), Oriol Junqueras, Marta Rovira (ERC), Joan Herrera (ICV), Joan Mena (EUiA), David Fernández y Quim Arrufat (CUP), Artur Mas se ha vanagloriado de que "hemos acordado todo, todo lo que se podía acordar". Así, además de la pregunta y la fecha, se ha pactado "el procedimiento que se va a desarrollar".
Mas ha explicado que se trata de "un principio de acuerdo" porque ahora debe ser acordado por todas las formaciones" que han participado en el pacto, cuya negociación ha calificado de "rápida y discreta". Además, Mas ha lamentado que el PSC "no esté aquí" pero aun así ha asegurado que los firmantes "seguimos siendo una mayoría muy amplia".
Pregunta "muy inclusiva"
La pregunta será, según Mas, "muy inclusiva y mayoritaria –ha asegurado- todo el que quiera un cambio del estatus actual de Cataluña lo podrá votar y todos los que quieran que ese cambio sea un estado independiente lo podrán votar".
La fecha, según el de CiU es "muy concreta" y se ha elegido el 9 de noviembre "porque hemos llegado a la conclusión de que es la mejor para el éxito del proceso, el éxito democrático del proceso", ha matizado.
Además, según el presidente de la Generalidad con esa fecha "hay tiempo para negociar la forma de hacer esta consulta de acuerdo con los marcos legales, que son muchos", ha dicho reclamando "un Estado [en referencia al español] que esté atento a un pueblo que quiere decidir su futuro y que quiere votar de forma pacífica y democrática".
ERC: Gana quien tiene más votos
Tras la comparecencia de Mas, ha hablado Oriol Junqueras ante los medios, jactándose del acuerdo. Ha precisado que la pregunta "tenía que ser tan inclusiva como fuera posible" y que esta "fórmula de pregunta encadenada" permite, a su juicio, "movilizar a la amplísima mayoría de la sociedad catalana" y que "la mayoría independentista se movilice". "No es la pregunta que habríamos querido", ha añadido, en alusión de que querían una pregunta directa sobre la independencia, pero se ha mostrado satisfecho.
Sobre el resultado, Junquera ha dicho que si gana el "no" en la segunda pregunta, aceptarán "el resultado democrático". "En cualquier caso, ha dicho, "no renunciaremos a explicar que la independencia seguirá siendo la mejor opción".
Preguntado por uno de los periodistas presentes si habría un porcentaje mínimo de votos positivos para establecer el resultado de la consulta como favorable a la independencia, Oriol Junqueras ha asegurado que simplemente "gana quién tiene más votos" y que se considerarán vencedores "cuando haya una mayoría que esperemos que sea lo más amplia posible" pero que ha rehusado limitar en un porcentaje mínimo.
Discrepancias sobre la pregunta
El siguiente en hablar ha sido Joan Herrera, líder de ICV, que ha dicho que, tras el acuerdo, "la pelota está en el tejado del Estado". Se ha mostrado convencido de que "diremos de forma inapelable que queremos ser un Estado", que actúe "de igual a igual con España". También ha dicho que se pedirá al Congreso que "autorice la consulta con una proposición de ley".
Por último, el diputado de la CUP en el Parlamento catalán Quim Arrufat ha celebrado este jueves que se abra la cuenta atrás hacia la consulta, pero ha abierto la puerta a la posibilidad de que la pregunta pactada pueda modificarse antes de su celebración, prevista para el 9 de noviembre de 2014.
Para su formación, la mejor pregunta que se puede hacer es la que plantee independencia 'sí' o 'no'.
Quieren que el Congreso vote en marzo
Los partidos promotores de la consulta soberanista catalana confían en que el Congreso vote a principios de la próxima primavera, presumiblemente en marzo, la proposición de ley para que el Gobierno delegue en la Generalidad la competencia de convocatoria de referendos. Según indicaron a Europa Press fuentes de CiU, ERC e ICV, el Parlamento catalán aprobará una proposición de ley para, acogiéndose al artículo 150.2 de la Constitución que permite al Estado delegar competencias a las comunidades autónomas, permitir que la Generalidad de Cataluña haga uso del artículo 92 de la Carta Magna que recoge el procedimiento para organizar referendos.
Presentada en Madrid por el Parlamento catalán, esa proposición de ley tardaría en debatirse en el Congreso porque las iniciativas autonómicas se discuten por orden de presentación y el Pleno de la Cámara Baja sólo analiza una cada mes. Sólo tienen prioridad las reformas estatutarias.
Por eso, y para 'no esperar cola', CiU, ERC e ICV planean copiar la proposición de ley que apruebe el Parlamento catalán y presentarla ellos en el Congreso como iniciativa de grupo parlamentario, lo que permitiría adelantar varios meses su entrada en el orden del día de la sesión plenaria. Eso sí, su debate no sería inmediato. Tras el registro formal, el texto debe obtener el aval de la Mesa de Congreso. De lograrlo, la proposición de ley sería remitida al Gobierno que contaría con un plazo de 30 días para pronunciarse sobre la misma. El Ejecutivo puede vetar las proposiciones de ley si implican un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios.
Transcurridos los 30 días preceptivos sin que el Ejecutivo pusiera pegas a su tramitación, la proposición de ley quedaría lista para su inclusión en el orden del día de una sesión plenaria para su toma en consideración, lo que podría ocurrir, según los cálculos de estas formaciones, en torno al mes de marzo. En el hipotético caso de que se aceptase, se tramitaría por el mismo procedimiento que se aplica para los proyectos de ley y habría tiempo para su aprobación definitiva antes de la convocatoria formal de la consulta prometida para el 9 de noviembre.