Los partidos políticos no podrán recibir un trato de favor por parte de las entidades de crédito. Según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno este viernes, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto del plan de regeneración democrática y contra la corrupción, que incluye numerosas disposiciones dirigidas a controlar las cuentas de las formaciones, en el punto de mira de la opinión pública en los últimos meses. En este sentido, se ha dado el visto bueno al anteproyecto la Ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos y el de la Ley reguladora del ejercicio de alto cargo en la Administración del Estado.
De esta manera, Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado que se prohibirá la "condonación de la deuda de los partidos por parte de las entidades de crédito". Tampoco podrán beneficiarse de tipos de interés "por debajo del precio de mercado", una práctica habitual en los últimos años y que servía de financiación encubierta de las formaciones.
Estas medidas supondrán la modificación de tres leyes orgánicas: la de financiación de partidos, la de partidos políticos y la ley del Tribunal de Cuentas, para reforzar la agilidad y organización de órgano fiscalizador, que tendrá oportunidad de emitir un informe sobre el proyecto con sus recomendaciones.
Las novedades en lo que hace referencia a las cuentas de los partidos también llegan a las donaciones. Si se aprueba esta ley, las empresas y demás personas jurídicas no podrán donar dinero a las formaciones españolas. Hasta ahora, se permitían con un límite de 100.000 euros Eso sí, Sáenz de Santamaría ha explicado que las personas físicas sí podrán mantener su apoyo al partido que mejor represente sus ideas.
Además, la vicepresidenta ha anunciado que las donaciones recibidas de forma incorrecta tendrán que devolverse. Los partidos deberán presentar sus libros ante el Tribunal de Cuentas (los que no lo hagan tendrán prohibido recibir donaciones). Y será obligatorio publicar en la web todas las donaciones recibidas a partir de una determinada cantidad.
En cuanto a la Ley reguladora del ejercicio del cargo público, la vicepresidenta ha subrayado que esta norma establece el conjunto de "obligaciones" de altos cargos. Entre las novedades destaca el hecho de que las personas condenadas, incluidos los delitos de terrorismo, "no podrán ser nombrados altos cargos mientras no se le cancelen los antecedentes penales", según ha dicho la vicepresidenta.
Además, habrá un reglamento de derechos y obligaciones del cargo público, que tendrán que publicar una declaración de bienes y derechos patrimoniales. Con esta medida, se intentan evitar los enriquecimientos injustificados. Del mismo modo, se equiparará el régimen de los cargos públicos con el de los funcionarios y se limitarán los gastos de representación.